Ciudad de Córdoba. Aplicaciones de viajes: venció el plazo y la Municipalidad anuncia controles más duros

La Municipalidad de Córdoba resolvió no extender el plazo de 120 días que venció este viernes para que choferes y vehículos de aplicaciones de transporte completaran la documentación obligatoria. Según una alta fuente del Gobierno municipal, ahora comenzarán controles más exhaustivos sobre quienes sigan prestando servicio sin haber regularizado su situación.

La decisión marca el cierre de la etapa de transición que el municipio había abierto para facilitar la adecuación al nuevo esquema regulatorio. Desde ahora, la fiscalización se concentrará en tres aspectos centrales: la licencia de conducir profesional, los certificados de antecedentes y el estado y la antigüedad de los vehículos.

En el Palacio 6 de Julio sostienen que no habrá margen para nuevas tolerancias. La misma fuente señaló que los operativos se intensificarán durante la próxima semana, cuando la actividad administrativa recupere su ritmo habitual.

El foco oficial estará puesto sobre los conductores y las unidades que ya habían iniciado el trámite, pero no completaron la documentación exigida. En esos casos, la Municipalidad anticipó que será inflexible y que la continuidad de la prestación dependerá de que cada conductor y cada vehículo estén efectivamente en regla.

El proceso de regularización se puso en marcha en noviembre pasado tras la ordenanza 13.549, que creó el Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas. Esa norma fue la respuesta política a un conflicto que se arrastraba desde septiembre de 2019, cuando la Municipalidad presentó un amparo judicial para intentar frenar el funcionamiento de Uber en Córdoba.

Durante años, la discusión se movió entre los tribunales, el municipio y las empresas del sector. La reglamentación posterior abrió el Registro Digital Municipal y estableció un plazo excepcional de 120 días hábiles para que choferes y vehículos ya incorporados al sistema terminaran de reunir los requisitos.

Ese período concluyó este viernes sin prórroga. Según la información oficial recabada por este diario, el municipio había detectado que muchos conductores esperaron hasta el último momento para resolver la situación de sus licencias, sus antecedentes y las condiciones de sus autos.

En el Gobierno municipal interpretan que esa demora respondió, en parte, a la expectativa de que el sistema siguiera funcionando sin cambios. Por eso, la nueva etapa buscará dejar en claro que el esquema de control cambió y que la informalidad ya no tendrá el mismo margen que durante los primeros meses de implementación.

Los datos que maneja la administración local muestran, por ahora, un nivel de regularización bajo. De acuerdo con la alta fuente consultada, los conductores ya registrados y con toda la documentación en condiciones están cerca de los 1.000, con una estimación de alrededor de 980 casos.

Ese universo incluye a todas las plataformas habilitadas, aunque la mayoría corresponde a Uber. En paralelo, el municipio reconoce que hubo muchas consultas y movimientos dentro del sistema, pero advierte que una cosa fue ingresar, revisar los requisitos o cargar datos preliminares, y otra muy distinta completar el trámite de manera efectiva.

En otras palabras, el volumen de interesados resultó muy superior al de choferes que terminaron el proceso. Esa brecha explica, según la visión oficial, la decisión de avanzar ahora con controles más rigurosos en la vía pública y con una aplicación más estricta de la ordenanza.

La evaluación que hacen en el municipio también distingue el comportamiento de las distintas plataformas. Según la fuente consultada, Cabify mostró un mayor nivel de orden en el cumplimiento, mientras que Uber también avanzó en la relación institucional con el municipio, aunque con más dificultades para lograr que su propia base de conductores completara la regularización.

En el caso de Uber, las conversaciones incluyeron consultas y planteos de carácter tecnológico que se fueron resolviendo en las últimas semanas. Al mismo tiempo, el municipio esperaba que la empresa hiciera su parte para empujar a sus choferes a completar tres puntos decisivos: la licencia de conducir, los certificados de antecedentes y la adecuación de los vehículos.

La situación de Didi es distinta. Siempre según la alta fuente del Gobierno municipal, la empresa no apareció ni para inscribirse ni para formular consultas, por lo que en el Ejecutivo la consideran directamente fuera del proceso de regularización.

Ese dato implica que los conductores que operan sólo con esa aplicación siguen sin una vía concreta para incorporarse legalmente al sistema municipal. A diferencia de Uber y Cabify, que ya atravesaron el proceso de habilitación, Didi quedó al margen incluso de las conversaciones técnicas que preceden a la inscripción formal.

Las aplicaciones de origen cordobés presentan otro escenario. El municipio las considera encaminadas, aunque todavía intentan resolver una cuestión técnica vinculada con el denominado seguro global, un requisito clave para terminar de cerrar sus expedientes y obtener la habilitación definitiva.

Más allá de las diferencias entre empresas, la preocupación central del Ejecutivo está puesta en los antecedentes y en el perfil de quienes prestan el servicio. La fuente oficial vinculó la decisión de endurecer los controles con la necesidad de reforzar las exigencias en materia de seguridad, en un contexto que, según sostuvo, obliga a extremar recaudos sobre las personas habilitadas para transportar pasajeros.

La documentación exigida por el régimen incluye, entre otros puntos, la Licencia de Conducir clase D1, los certificados de antecedentes nacional y provincial, y la constancia de no figurar en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. También se exige que los vehículos no superen los 10 años de antigüedad y cumplan con las condiciones técnicas previstas en la normativa.

En este último punto, la antigüedad de los autos aparece como otro obstáculo concreto para muchos choferes. El municipio ya había advertido que el control no se limitaría a los papeles del conductor, sino que abarcaría también el estado de la unidad y su adecuación a los estándares fijados para prestar el servicio.

La nueva etapa, entonces, no sólo pondrá a prueba a los conductores que dejaron trámites a mitad de camino. También servirá para medir hasta dónde las empresas habilitadas están dispuestas a depurar su propia flota y a sostener un sistema que, a partir de este sábado, entra formalmente en una fase de fiscalización más severa.

Con el vencimiento del plazo y sin prórroga a la vista, el municipio busca enviar una señal política y operativa. Se terminó la instancia de espera y comienza otra en la que la regularización ya no dependerá sólo de la voluntad declarada de los choferes o de las consultas en el sistema, sino de controles concretos sobre quién maneja, con qué vehículo y bajo qué condiciones lo hace en la ciudad de Córdoba.