A 50 años del Golpe. La dictadura también entró al aula: censura y control en la educación argentina

Cuando se recuerda la última dictadura, la imagen más inmediata suele ser la del terrorismo de Estado: secuestros, desapariciones, centros clandestinos. Pero ese horror no se entiende del todo si se mira solo la cara clandestina.

Hubo otra, visible y más cotidiana, que también buscó reorganizar la sociedad: leyes, reglamentos, censura, vigilancia y disciplinamiento. Y uno de los territorios claves de esa ofensiva fue la educación.

“Dentro de esas tareas de reorganización, la educación era clave”, resumió la historiadora Marta Philp en diálogo con La Voz.

La dictadura, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, se proponía volver a un supuesto orden perdido. Para eso, debía intervenir desde la escuela primaria hasta la universidad.

La idea no era solo reprimir. También –dice la historiadora Carol Solís– fue “crear un orden de reemplazo”. Es decir: desarticular lo anterior y producir otra escuela, otra universidad y otra forma de ciudadanía.

En esa lógica, todo lo que oliera a participación, pensamiento crítico, organización colectiva o debate político podía ser señalado como “subversivo”.

En las aulas, eso tuvo traducciones concretas. Se prohibieron libros infantiles de autoras como Laura Devetach y Elsa Bornemann; se censuraron manuales y contenidos; se vigiló qué se enseñaba y cómo.

Según recuerda Philp, en Córdoba incluso se llegó a cuestionar la teoría de conjuntos en matemática por su supuesta asociación con ideas de lo “colectivo”. También se miraba con sospecha a autores como Paulo Freire, cuya pedagogía era considerada "subversiva".

No eran decisiones aisladas. “Los gobiernos militares consideraban a la escuela y a todo el ámbito educativo como un foco de infiltración subversiva”, explicó Gabriela Lamelas, profesora titular de Historia de la Educación Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo, agregó, fue “redirigir la escuela a un patrón de orden, nacionalismo y moral cristiana”.

Esa intervención también se veía en los cuerpos. La dictadura quiso regular conductas, apariencias y formas de estar en la escuela. “Rígidos reglamentos regulaban cómo había que vestirse, el largo del pelo, el largo de las polleras. Se prohibieron los centros de estudiantes y toda actividad gremial o política. El aula debía ser un espacio de ‘respeto, orden y silencio’”, señaló Lamelas.

El miedo era parte del método. No solo por las desapariciones o las detenciones, sino por una disciplina cotidiana que marcaba límites en la vida escolar.

Emiliano Fessia, militante cordobés de derechos humanos, recordó que en talleres sobre memoria suelen trabajar una idea: la dictadura no buscó únicamente exterminar opositores, sino “disciplinar a toda la sociedad argentina”.

En las escuelas eso se expresó en mensajes oficiales que pedían detectar actividades “subversivas”, en la desconfianza hacia cualquier reunión o participación colectiva y en una pedagogía del silencio.

Pone un ejemplo: en 1977, la dictadura publicó el documento "Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo)" y lo distribuyó en los colegios del país al inicio del ciclo lectivo de 1978, siendo de lectura obligatoria para los docentes.

En otros documentos similares, emitidos por el propio Ministerio de Educación del momento, se especificaba por ejemplo que una reunión de más de tres jóvenes en un recreo era una actitud subversiva y qué frases dichas por los alumnos o por docentes podrían ser "sospechosas".

Entre ellas se mencionaba toda alusión al arancelamiento en la universidad, a la situación del comedor universitario, o a la idea de asambleas, entre otras.

En las universidades el impacto fue más profundo. Solís, que investigó especialmente el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó a La Voz que hubo “un gran proceso de depuración interna”.

Primero con cesantías y fin de contratos docentes; luego, con expulsiones de estudiantes, espionaje y control cotidiano. “Esa universidad que en la década anterior se caracterizaba por una gran participación y movilización, pasó a convertirse en un claustro sumamente disciplinado”, explicó.

La represión universitaria no fue solo ideológica: también fue material. Hubo estudiantes asesinados, desaparecidos o forzados al exilio, al incilio o a la autocensura. Muchos dejaron de estudiar porque sentían que su vida corría peligro.

Sobre el final de la dictadura, en 1980, se profundizó otro giro: una nueva ley universitaria habilitó aranceles, cupos y exámenes de ingreso más restrictivos.

“No solamente había una universidad con cupos, con examen, con un fuerte disciplinamiento interno y una reconfiguración conservadora en cuanto a los contenidos, sino que además se habilitó la posibilidad del cobro de aranceles”, señaló Solís.

Para Lamelas, la dictadura no tuvo un gran plan educativo integral, pero sí una orientación muy clara: desmantelar el papel central del Estado como garante de la educación y reforzar una lógica subsidiaria.

Uno de los hitos fue la transferencia de escuelas nacionales a las provincias sin financiamiento suficiente, un proceso que dejó marcas duraderas.

“Se generó así una fragmentación del sistema educativo según la riqueza de cada jurisdicción”, advirtió. Y agregó que allí empezaron a consolidarse desigualdades que después se profundizarían en los años ’90.

La escuela también fue un campo de disputa simbólica. La dictadura exaltó ciertos próceres y ciertas lecturas de la historia nacional. Se recuperaba a un San Martín militar, ligado al orden, y se reforzaba una idea de argentinidad asociada a la familia tradicional y a la religión católica, recordó Philp.

En paralelo, se borraban otras memorias: la participación popular, la conflictividad social, los derechos de los trabajadores, la historia latinoamericana.

Philp recordó que incluso se cambiaron nombres de escuelas y se promovieron homenajes ligados a figuras o campañas militares.

En Córdoba, además, hubo exhibiciones públicas de armamento y muestras para niños sobre la “lucha contra la subversión”, pensadas para mostrar que el Ejército había traído “orden y paz”.

Por eso, para Fessia, no alcanza con recordar solo los centros clandestinos. “No se puede comprender el horror sin la cara pública de la dictadura”, insiste. Esa cara pública fue también la de las leyes y las políticas que moldearon la vida cotidiana, instalaron el miedo y buscaron dejar una huella duradera en la forma de enseñar, aprender y convivir.

La democracia –coinciden los cuatro especialistas– no desarmó todo eso de un día para otro. Hubo que reabrir carreras, quitar exámenes restrictivos, reconstruir centros de estudiantes, volver a discutir contenidos, recuperar voces y presencias ausentes. Pero quedaron cicatrices.

“La herencia más pesada no fue solo el autoritarismo”, dice Lamelas, “sino la destrucción del concepto de educación pública como derecho social universal”.

Ese es, quizá, uno de los legados más persistentes de aquellos años. Y también una de las razones por las que, a 50 años del golpe, la dictadura sigue siendo una discusión del presente.