
El crimen de Nora Dalmasso: citan a 37 testigos para el jury contra los tres fiscales
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Redacción La Voz
Tras años de carrera diplomática en el exterior, Facundo Macarrón regresó al país hace 10 meses para desempeñarse en la Cancillería. Este martes, el hijo de Nora Dalmasso (51) declarará en el juicio político contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales que pasaron por la investigación del homicidio de su madre sin lograr resultados.
El cuerpo de Nora Dalmasso fue hallado el 26 de noviembre de 2006, desnudo y estrangulado, sobre la cama de su hija Valentina. A lo largo de casi dos décadas, la causa tuvo cinco imputados: el propio Facundo fue investigado durante cinco años, y posteriormente su padre, Marcelo Macarrón, fue perseguido judicialmente desde el 2019 al 2022, año en que resultó absuelto de la acusación de crimen por encargo.

Hoy, Facundo Macarrón evita visitar Río Cuarto porque en la ciudad “está suelto" el principal sospechoso de la violación seguida de muerte de su madre: Roberto Marcos Bárzola, quien se desempeñaba como carpintero y parquetista de la familia.
En 2024, el fiscal Pablo Jávega determinó que un ADN completo y un vello púbico en el cuerpo de la víctima se corresponden con el perfil genético de Bárzola. No obstante, por el tiempo transcurrido, la causa enfrenta una posible prescripción, asunto que está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia.
Los Macarrón reprochan a los fiscales que los presuntos rastros de Bárzola estaban en el expediente desde el inicio y que, pese a las recomendaciones, incluso del FBI, nunca fue investigado.
Como denunciantes, reclaman la destitución de Di Santo, Miralles y Pizarro, porque “en lugar de investigar al sospechoso, se encarnizaron contra la familia”. Facundo Macarrón habló en exclusiva con La Voz.

–¿Por qué denunciaron a los fiscales y piden su destitución?
–Porque no estaríamos acá si no fuera por el mal desempeño de ellos. Hicieron todo mal. Una causa que tenía una prueba objetiva, incluso un indicio de presencia, debería haber terminado con una persona presa en dos meses. Sin embargo, estamos a 20 años con un sospechoso suelto y después de haber afectado y destruido personas por un mal accionar. Los tres fiscales son los grandes responsables de la impunidad. Todos tuvieron la oportunidad de aplicar un método como hizo Jávega. Pero creo que los tres fueron muy cobardes frente al poder, sea mediático, político o una mezcla de los dos. Ninguno tuvo independencia y objetividad. Debían ser independientes de cualquier presión, de arriba, de lo que diga la tele. Se dejaron llevar por prejuicios o por un voluntarismo como fue el armado de la causa contra mi viejo.
–¿Hubo responsables más arriba de los fiscales o hacia abajo, en los peritos y auxiliares de la Justicia?
–El asesinato sucedió en un momento muy distinto al que estamos hoy en Argentina. Quizá desde el trabajo de campo operaron prejuicios. Los auxiliares pueden producir pruebas pero el fiscal es el que decide. Y para arriba, creo que la causa le quedó grande a todos. ¿Es que no se pueden abstraer de los medios? La causa estuvo paralizada mucho tiempo y hubo responsabilidad de la política porque todos los ciudadanos merecen saber qué pasó en un crimen. Me parece que hubo una vista gorda, un decir: esto es una papa caliente, dejémosla como está. El período clave fue cuando estuvimos imputados Gastón Zárate y yo. Ahí llegó el informe del FBI con el ADN que ahora se sabe era de Bárzola. Ahí se perdió mucho tiempo.

–¿Cuáles son las acusaciones concretas contra cada fiscal?
–Todos tuvieron responsabilidades. Pero las primeras horas después de un crimen son claves y Di Santo no supo actuar, por ineptitud. Nunca le voy a perdonar que el prejuicio lo haya llevado a imputarme. Presionando para que declaren mis amigos. Fuimos destruidos como familia.
Miralles más que inoperante, creo que habría incurrido en hechos compatibles con la corrupción, porque lo designan en enero, le dan la causa en febrero y en marzo lo imputan a mi viejo. Una causa de tantos cuerpos ni siquiera la alcanzó a leer. Es como si hubiera asumido con una idea de cómo resolverlo, como cuando se fuerza la prueba para justificar una imputación. Además, se fue a investigar a Uruguay, se hizo costear todos los viajes con fondos de la Provincia, una aberración ejercer sus poderes en otro país, actuó con soberbia y eso le costó salir de la causa, porque anticipó criterio.
A Pizarro me cuesta entenderlo, creo que por ser fiscal de narcotráfico ha tenido un pensamiento forzado y subjetivo. Morboso. Pensar que a mi mamá la mató una mafia está sólo en la cabeza de una persona que está en contacto con el crimen organizado. Es gravísimo que todavía estemos en manos de esta gente.
–¿En qué medida el jury incide en su reclamo para que no prescriba la causa?
–Son dos procesos distintos. El jury es un juicio político, un acto de responsabilidad institucional. Es muy válido y notorio que se esté haciendo. Estos fiscales no sólo son cómplices de la impunidad sino también del linchamiento que sufrió mi mamá. El jury es un paso necesario, como también lo es la imprescriptibilidad. Porque este es un caso inédito, de violencia de género y violencia institucional. Esperamos que el TSJ vea que los familiares no pudimos ejercer la acción penal, no tuvimos 15 años para pedir justicia, porque nos perseguían a nosotros, nos estábamos defendiendo. No podemos descansar hasta que haya justicia real.

–¿Cuál es la lección que deja para la Justicia, para la sociedad, para los medios, el caso de tu mamá?
–Si hay algo que aprender de todo esto es no perder de vista a la víctima, a la persona asesinada y a los familiares que tienen que lidiar con lo que pasó. Que las víctimas puedan tener más contención, empatía, acompañamiento, en lugar de atacarlos o dejarlos desamparados. En el caso de mi mamá hubo una revictimización constante y hasta tememos seguir escuchándola en el jury.
