La fiscal general adjunta Bettina Croppi llevará adelante la acusación a los fiscales riocuartenses Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, en las audiencias del jury que se les abrió por presunto mal desempeño en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso.
Croppi reemplazará al actual fiscal general Juan Manuel Delgado, quien ya no estará en funciones el 21 de abril, día que probablemente sea el de inicio del juicio en la Legislatura provincial. Como se anunció tiempo atrás, el miércoles 1 de abril a las 12.15 asumirá sus funciones el nuevo titular del Ministerio Público Fiscal provincial, Carlos Lezcano.
Al momento de presentar formalmente la acusación en febrero pasado, Delgado entregó el escrito junto con Croppi, previendo que ocurriría lo que ocurrió: que no alcanzaría el tiempo de su gestión para que se den todos los pasos previos al inicio del debate oral.
El principal trámite a cumplir era, tras correrles vista de 10 días a los tres acusados, que estos presenten sus descargos y ofrezcan prueba para ser ventilada en las audiencias.
Eso ya ocurrió, y el tribunal ordenó que se diligencie esa prueba, entre oficios y pedidos de informes.
Por eso, es casi una certeza que los tiempos llevarán el inicio de la vista para el martes 21 de abril, jornada que nadie quiere afirmar oficialmente, pero que se menciona como la más probable.
El cambio de gestión en el Ministerio Público justo en el inicio de este jury hizo que Delgado quedara fuera del mismo debate, como así también que su sucesor –Lezcano– no esté al tanto del expediente para asumir la acusación.
Por otra parte, no sería político que el flamante fiscal general debutara con la probable destitución de tres de sus subordinados.
Otro elemento a tener en cuenta es que Croppi, con su desempeño en este juicio, demorará su salida del Ministerio Público y su asunción en su nuevo cargo de procuradora penitenciaria general. Lo que para ella podría haber sido en abril, sería a partir de junio.
La acusación
La acusación a cargo de Delgado-Croppi señala como fundamento principal en contra de los tres fiscales que no tuvieron en cuenta la prueba que sí existía en el expediente en contra de quien hoy es considerado el autor del crimen, el parquetero Roberto Bárzola. Sobre él, hay prueba genética contundente.
Las causales de destitución, por lo tanto, son las de "mal desempeño" y "negligencia grave". Y se señala la omisión de Bárzola como el reproche mayor que se les hace a los tres fiscales que investigaron infructuosamente el caso: Javier Di Santo (2006-2015), Daniel Miralles (2015) y Luis Pizarro (2016-2018).
Se indica en la acusación que existieron elementos suficientes en la misma causa judicial para investigar a Bárzola, pero ninguno de los tres fiscales puso el ojo en la evidencia que tenían frente a ellos.
Primero Di Santo, luego Miralles y finalmente Pizarro, parece que desestimaron los elementos que estaban en el expediente.
En lugar de ver lo que estaba incorporado a la causa y que involucra a una persona con ADN positivo, se reprocha a los fiscales que se la tomaron con gente inocente, como un pintor de obra, el viudo Marcelo Macarrón y el hijo de la víctima, Facundo.
El trámite del jury
Como ya se viene informando, el tribunal de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia estará integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima (ambos de Hacemos Unidos por Córdoba), Walter Gispert (Frente Cívico) y Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical), junto con Aída Tarditti, vocal representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Ellos deben analizar si Di Santo, Miralles y Pizarro reúnen (cada uno) los causales de destitución: “Mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica”, según lo que indica la Constitución provincial.
Se prevé que las audiencias serán numerosas y podrían hacer que el juicio tenga una duración aproximada a un mes (o cuatro semanas). Hay que tener en cuenta que hay 33 cuerpos de expediente, 20 de ellos de prueba. Además, hay entre 40 y 45 testigos y se prevén audiencias destinadas casi integralmente a un trámite: lectura de la acusación, declaración de cada uno de los acusados, alegatos finales y deliberación para dictar sentencia.
Este no será un jury cualquiera: no hay antecedentes –al menos en el país– de que se haya juzgado a tres funcionarios judiciales a la vez, cualquiera sea su función.
Para los próximos días, se espera que se emita un decreto en el cual los integrantes del tribunal fijen la fecha para el comienzo del juicio.
Si la primera audiencia se celebra el 21 de abril, habrá plazo suficiente para cumplir con un requisito ineludible: dictar sentencia antes del 27 de mayo. Esa es la fecha límite que tiene el proceso para que no "se caiga" el jury.
