Un empleado del Pami en Córdoba demandó por más de 55 millones de pesos al Banco Nación (BNA) y Naranja X por presuntos daños y perjuicios al no haber tomado medidas de seguridad informática para impedir que el millonario préstamo que sacó bajo engaño fuera transferido a una billetera virtual de su nombre y de allí retransferido a terceros.
La demanda por 55.375.000 de pesos quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba capital, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, tras haber agotado la vía administrativa (el banco rechazó el reclamo en la conciliación en Defensa del Consumidor de Córdoba).
El caso en Córdoba
El trabajador de 62 años, un excombatiente de la Guerra de Malvinas, relató que el 29 de enero pasado fue víctima de una maniobra de ingeniería social. Sostuvo que mediante la cual terceros, haciéndose pasar por representantes de Naranja X, lo indujeron a ingresar a su home banking BNA+ y gestionar un préstamo personal preaprobado de $ 10.250.000, a devolver en 72 meses.
Contó que bajo instrucciones de los estafadores, quienes se mantuvieron telefónicamente comunicados con él en todo momento, realizó 17 transferencias hacia su cuenta de Naranja X y desde allí a distintas cuentas bancarias y cuentas de Naranja X de terceros, bajo la “falsa creencia” de que se trataba de “pasos necesarios para validar o activar la operación crediticia”.
Presentó la denuncia penal al día siguiente ante la Fiscalía de Distrito 1, Turno 2, a cargo de Guillermo González, y concurrió al Nación para denunciar el hecho, solicitar el “cash in” (o ingreso de dinero a una cuenta) y cancelar el crédito.
El banco rechazó el reclamo al sostener que las transferencias habían sido realizadas "a cuenta propia en otra entidad financiera" (Naranja X), encuadrando el caso como un supuesto de "débito inmediato (debin), recurrente ingreso de fondos desde billetera virtual", y afirmando que debía desconocer el "cash in dentro de los 30 días o reclamar ante la entidad de destino”.
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"Los reclamos por préstamos preaprobados presuntamente fraudulentos (ingeniería social) gestionados por BNA+ serán cursados exclusivamente para todos aquellos casos recibidos por el desconocimiento en la obtención de un préstamo personal preaprobado por los canales digitales y donde el saldo de este (total o parcial) haya sido transferido a cuentas pertenecientes a un tercero (estafador), cuando la modalidad delictiva haya sido la utilización de ‘ingeniera social’", indicó la entidad.
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“Todas las transferencias realizadas con los fondos obtenidos con su préstamo personal (…) acreditado en su caja de ahorros fueron realizadas a cuenta propia en otra entidad financiera. Por lo tanto, su caso no encuadra en la normativa vigente”, le respondieron.
El demandante sostuvo que la respuesta del Nación era “manifiestamente arbitraria y contraria a la normativa protectoria del consumidor financiero”, ya que, según su versión, “el préstamo fue gestionado bajo engaño mediante ingeniería social, las transferencias fueron realizadas en un contexto de manipulación y coacción psicológica”.
El hombre indicó que la operatoria presentó “signos evidentes de anormalidad que debieron activar mecanismos de alerta, monitoreo y bloqueo preventivo”, teniendo en cuenta que el banco, como proveedor profesional de servicios financieros digitales, “asume el riesgo propio de la actividad”.
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En ese sentido, dijo que la circunstancia de que los fondos hubieran sido inicialmente transferidos a su cuenta de Naranja X no desvirtuaba el “fraude”, ya que esa operatoria fue impuesta por los estafadores como “paso intermedio necesario para dispersar inmediatamente los fondos hacia terceros”.
“El otorgamiento inmediato de un crédito millonario por canal digital, seguido de múltiples transferencias sucesivas a terceros en un lapso de pocas horas, constituye un patrón objetivo de alerta de fraude que debió ser detectado por los sistemas de prevención del Nación”, se quejó y reclamó un “incumplimiento regulatorio y contractual”.
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Al respecto, puntualizó que no podía “trasladarse al consumidor -parte débil de la relación- el riesgo tecnológico ni las falencias en los sistemas de control antifraude de la entidad bancaria”.
“He quedado obligado al pago de un crédito por $ 10.250.000, más intereses, sin haber incorporado suma alguna a mi patrimonio, configurándose un grave perjuicio patrimonial”, agregó.
Consideró que BNA era responsable como “proveedores financiero profesional” y Naranja X “solidariamente responsable” al ser cuentas receptoras e integrar el circuito financiero utilizado para la “consumación del fraude”.
En consecuencia, reclamó $ 40 millones por supuesto daño patrimonial, $ 5.125.000 por daño moral y $ 10.250.000 por daño punitivo.
El juez corrió vista de la demanda a Procuración del Tesoro de la Nación para su notificación y contestación.
