Un exgerente del Banco Nación de Marcos Juárez que fue despedido junto con otros empleados, por una serie de irregularidades que dispararon una alerta de lavado de dinero, sigue residiendo en la casa que la institución brinda a ciertos altos cargos.
Es que el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, prorrogó hasta mediados de año la medida cautelar ordenada por su par N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, a pedido del exgerente Raúl Amaya (60).
Despido y demanda
El sumario administrativo contra los empleados y Amaya, por entonces gerente de primera de la sucursal, comenzó en 2023, cuando la línea ética de la entidad recibió una denuncia sobre irregularidades con la apertura de una cuenta corriente a nombre de una empresa.
La denuncia planteó que los titulares de esa firma no habrían concurrido a la sucursal a firmar la documentación correspondiente, sino que los datos habrían sido aportados directamente por el responsable operativo.
Ese empleado le habría pedido entonces a la responsable comercial que abriera la cuenta sin ningún control. Pero tiempo después habría sido necesaria la intervención del área de Lavado de Dinero del banco, porque se habrían depositado en la cuenta fondos millonarios sospechosos.
La denuncia motivó una auditoría interna, a la que accedió La Voz, que arrojó una serie de irregularidades: “La responsable comercial de la sucursal al momento de la vinculación comercial de la firma no efectuó los controles dispuestos para la apertura de cuentas monetarias y omitió el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado”.
Respecto de Amaya, se indicó que, como gerente y supervisor de la sucursal, “procedió a la justificación de la alerta sin documentación que la respaldara. No consta que haya efectuado el control de razonabilidad de las transacciones y montos operados de acuerdo con el perfil del cliente”.
El sumario indicó que la operativa de las cuentas monetarias “no guarda relación con el perfil transaccional del cliente, no obrando en la sucursal documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria”. Finalmente, el banco dio de baja como clienta a la empresa sospechosa.
Durante el sumario, Amaya dijo que él no fue consultado sobre la apertura de la cuenta porque había intervenido la responsable comercial, pero que, al enterarse del tema, revisó la carpeta y llamó a todos los que intervinieron.
Manifestó que observó “irregularidades” y que pidió entonces a la responsable comercial que citara a los titulares de la compañía. Amaya también mencionó que le llamó la atención que un cliente radicado en Córdoba quisiera abrir una cuenta en Pergamino.
Cuando le consultaron sobre la justificación de la alerta sin contar con documentación respaldatoria, haciendo caso omiso a lo informado por el analista de la sucursal y sin controles, respondió que “no recordaba” el hecho, pero que sólo podía deberse a un “error”.
“Si más irregularidades y coincidentes errores podían darse en este sumario, esta no sería la excepción. No se entiende cómo, pese a la gran preocupación que expresó Amaya por la apertura de esta cuenta con grandes irregularidades, no lo tuvo presente al momento de justificar la alerta. Pero ocurrió y el único fundamento que pudo expresar es un error”, se indicó en el sumario.
“Un error que permitió el funcionamiento de la cuenta durante un plazo aproximado de un mes más, pese a estar altamente sospechada de realizar operaciones de lavado de dinero. Amaya no presentó descargo, por lo que se entiende que lo expresado en su declaración no jurada es la única línea de defensa esgrimida que resulta insuficiente respecto de las responsabilidades objetivas de su cargo y el mayor deber de cuidado, ya que resulta en la última vía de control y que había sido advertido por el analista de la sucursal”, se agregó.
El sumario concluyó que “hubo una cadena de irregularidades que sólo en su conjunto permitieron que se desencadenara desde la apertura de la cuenta hasta el pago a un extraño a esta”.
“Nunca se pudo hallar a los apoderados firmantes, que no viven en Pergamino, sino en José C. Paz, y que fueron citados a declarar y no pudieron ser localizados. Nunca se pudo hallar a la persona que supuestamente habría intervenido trayendo la cuenta”, la cual era amiga de uno de los exempleados echados.
“Llama poderosamente la atención que todos estos hechos pudieran ocurrir. Ocho personas en su conjunto, en diferentes etapas, cometiendo errores”, advirtió el banco. Sin embargo, durante el sumario no se pudo probar, “más allá de las 'dudas' que generaron algunos ahora exempleados", el accionar doloso de ellos.
“Pero la cantidad de ‘errores’ inconcebibles en el expediente dan cuenta de un accionar negligente colectivo, y tal vez sólo atribuible a un desmanejo general operativo en la sucursal que supo ser aprovechado por un cliente inescrupuloso”, indicó la investigación, lo que dio pie al despido de los involucrados.
El caso disparó una denuncia penal del banco contra uno de los apoderados de la firma por presunto lavado, causa que se investiga en Buenos Aires.
Demanda del exgerente
Tras 40 años de antigüedad en el Nación, Amaya fue despedido por “injuria grave y pérdida de confianza”. Presentó un amparo para lograr su restitución en el cargo y evitar ser desalojado de la casa que el banco concede para que vivan ciertos cargos.
Cuestionó que no le dieron la oportunidad de efectuar un descargo sobre los hechos y cargos, sino que sólo pudo participar en dos ocasiones durante el sumario. Para Amaya, se le vedó la “posibilidad básica” de realizar el descargo, con lo que consideró que fue víctima de “abuso de autoridad” y de violación del principio de defensa y derecho al trabajo.
Respecto de la causal de despido, Amaya sostuvo a través de su abogado que no existían elementos para atribuirle “ninguna de las irregularidades”, sino únicamente haberle achacado haber justificado la alerta, lo que consideró “un error de interpretación”.
“Lo que justificó no fue la operación bancaria, sino las acciones llevadas a cabo a partir de la alerta, en cuanto al pedido de documentación respaldatoria y el consecuente cierre de la cuenta ante la falta de respuesta”, indicó.
El banco lo intimó a desalojar la casa, por lo que Amaya presentó el amparo. El juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, hizo lugar a la medida y ordenó al Nación abstenerse de desocupar el inmueble por verse “comprometida la vida digna de una persona socialmente vulnerable”.
La medida fue apelada por el banco ante la Cámara Federal, que aún no se expidió. Luego Vaca Narvaja declinó su competencia para seguir entendiendo en el caso, en razón de la jurisdicción, por lo que intervino el juez Pinto, de Bell Ville.
Este magistrado rechazó el amparo respecto de la restitución al puesto de gerente por no considerar reunidos los requisitos para concederlo. “El proceso cautelar no puede convertirse en un medio para resolver cuestiones propias del debate de fondo, pues ello implicaría un indebido adelantamiento de jurisdicción, con el consiguiente riesgo de afectar las garantías” constitucionales, expresó también.
Pero sí ordenó la prórroga de la cautelar que impide al banco pedir a Amaya que desaloje la casa.
