Los investigadores no esperaban encontrar un búnker de drogas en aquella precaria casa al sudoeste de la ciudad de Córdoba. Y menos aún que fuera el “negocio” oculto de la "narcoabuela" de un joven al que buscaban por robo a mano armada.
En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba capital, a cargo del juez Facundo Zapiola, condenó a cuatro años de prisión a María Roxana Molina (55) y a su pareja Héctor Daniel Orso (49) por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El negocio de la "narcoabuela"
Munidos de la orden de allanamiento ordenada por el Juzgado de Control y Faltas N° 5 de Córdoba capital, el 20 de septiembre de 2024, los efectivos de Brigadas Civiles de la Policía provincial ingresaron a la humilde vivienda situada en Manuel Castro 3180, en barrio Quintas de San Jorge.
Buscaban por robo calificado por el uso de armas al nieto de Molina y a otro joven, pero terminaron hallando casi 10 kilos de marihuana. Por el volumen, intervino la División Antidrogas de la Policía Federal y el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba capital, a cargo por entonces del juez subrogante Alejandro Sánchez Freytes.
Los investigadores constataron que Molina y Orso habían montado un “clásico” búnker de marihuana con 13 “ladrillos” de cannabis, dos balanzas, cinta de embalar, dos cargadores de una pistola, $ 2,3 millones y 900 pesos pero de la moneda mejicana.
La pareja no fue hallada durante el operativo, por lo que el fiscal federal Maximiliano Hairabedian abrió una investigación para dar con su paradero y los alcances del “negocio”. Tras cinco meses prófugos, Molina y Orso (puestero en el Mercado de Abasto) se presentaron ante la Justicia y quedaron detenidos.
A través de las escuchas telefónicas, surgieron datos clave sobre la participación de la narcoabuela en la venta de drogas durante el tiempo en que evadieron a la Justicia. “Haceme un bagallito para la semana”, le pidió un comprador, en referencia a la marihuana. “Bueno”, le respondió Molina.
No fue el único elemento probatorio sobre la dinámica comercializadora. Además de otro diálogo en el que la mujer pactó la venta, su novio Orso fue visto mientras realizaba movimientos típicos de venta de estupefacientes en un Renault 12 rojo.
Los imputados reconocieron los hechos y su participación en ellos, en un juicio abreviado acordado entre los defensores Pablo Morelli y Diego Muscará y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo.
Fueron a controlar si cumplía la domiciliaria por narcotráfico y descubrieron que estaba detenido en Bouwer
El juez Zapiola descartó, por la cantidad de droga secuestrada, cualquier hipótesis de consumo personal por parte de la pareja. Las maniobras, según indicó en el fallo, “evidencian inequívocamente que la finalidad perseguida por los imputados consistía en la comercialización de las sustancias”.
“Ambos poseían disponibilidad conjunta sobre el inmueble allanado y sobre los elementos secuestrados en su interior, habiéndose acreditado una actuación coordinada y compartida respecto de la actividad ilícita desplegada”, agregó, y los condenó a cuatro años de prisión.
También estafadora
A Molina, además, le declaró la reincidencia por una condena anterior, de 2019, en la que recibió tres años y siete meses de cárcel por defraudaciones reiteradas y asociación ilícita. La mujer integró una banda de estafadores que operaban desde un call center tumbero con centro en la cárcel de Cruz del Eje.
Molina era una de las encargadas de ingresar en su ropa teléfonos celulares y chips para que otros cómplices, presos que simulaban ser empleados de Telefónica, Iptel Mobile o Luxes Mobile, hicieran creer a incautos que habían sido ganadores de suculentos sorteos de dinero y electrodomésticos.
Bajo engaño, los damnificados transferían diversas sumas para afrontar falsamente “gastos administrativos”, seguro, etcétera, y así poder cobrar los inexistentes premios. Incluso fue una de las destinatarias de las transferencias de dinero de las víctimas.
