A 13 años del “narcoescándalo” en el seno de la Policía de Córdoba, la Corte Suprema de Justicia escribió el último capítulo de la causa al confirmar las condenas al exjefe de la banda delictiva, el exlíder de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico Gustavo Rafael Sosa, y otros tres exefectivos por asociación ilícita.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles las quejas interpuestas por la denegación del recurso extraordinario contra el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal del año pasado, dejando así firmes las condenas.
Casación había ratificado las condenas, impuestas por el mismo tribunal, por asociación ilícita y violación de deberes de funcionario contra Sosa (nueve años), Franco Sebastián Argüello (ocho años, incluyendo extorsión), y Alfredo Damián Seine y Fabián Peralta Dáttoli (tres años y medio) al rechazar los planteos defensivos. También había reducido la pena de González (hoy, Lourdes Milagros González) de cuatro años a tres años en suspenso.
Al respecto, el abogado de Sosa, Gustavo Franco, explicó que el Tribunal Oral Federal N° 2, que juzgó el caso y es el órgano de ejecución de penas, deberá efectuar los cómputos. Aunque hay planteos sobre prescripción de algunas penas, deberá definirse lo que corresponda.
La Corte fundó su inadmisibilidad de la queja en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que estipula: “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
En los cuatro fallos, el ministro Lorenzetti aclaró que “cabe poner de relieve –a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte– que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión”.
El origen del “narcoescándalo” en la Policía de Córdoba
El caso del “narcoescándalo” estalló en 2013, cuando Juan “el Francés” Viarnes, el famoso “agente encubierto” ilegal, terminó con la existencia de la División de Drogas y puso al descubierto la corrupción institucional.
El por entonces jefe de la Drogas Peligrosas, Sosa, había dispuesto la actuación de Viarnés como “agente encubierto” o “provocador” en una investigación contra Gabriel Osvaldo “Gordo Gaby” Ludueña, presunto líder de una banda narco al que le secuestraron 15 kilos de cocaína (causa que posteriormente fue anulada por el rol ilegal de Viarnes).
Por el “narcoescándalo”, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba absolvió en 2016 a Sosa, González, Seine, Peralta Dáttoli y Argüello por asociación ilícita, pero los condenó por violación de los deberes de funcionario público (a Argüello, además, por extorsión).
El Ministerio Público Fiscal apeló las absoluciones y Casación condenó en 2019 a todos por asociación ilícita, un serio revés para la organización criminal. Tras las apelaciones de los expolicías, nuevamente Casación rechazó –en 2025– los planteos, con lo que confirmó las penas (con excepción de una morigeración en la condena a González), como se dijo.
Casación reafirmó que se probó que Sosa, como líder de Lucha contra el Narcotráfico y paralelo jefe de la banda, y González (responsable de Inteligencia), Seine (jefe de Investigaciones), Peralta Dáttoli (sargento) y Argüello (oficial inspector), como miembros, consumaron múltiples hechos delictivos entre 2010 y 2013 valiéndose de sus investiduras policiales.
Se determinó que hubo utilización ilegal de civiles (Viarnes) en investigaciones de narcotráfico (se encontró en Inteligencia de la Jefatura de Policía, a cargo de González, una nómina de procedimientos ilícitos en los que Viarnes habría participado); elaboración de informes falsos (mediante la transcripción de escuchas con omisión de información de relevancia); sustracción de drogas de los allanamientos para “plantarlas” a sospechosos; hurtos; omisión de información a la Justicia sobre la droga incautada; extorsión a investigados a cambio de dinero para favorecerlos; tenencia de droga injustificada, y una filmación incriminatoria contra González y Seine.
“Se valieron de la estructura altamente organizada y jerarquizada de Lucha contra el Narcotráfico en la que cada uno tuvo un rol bien definido, para concretar sus propósitos criminales, evitar sospechas y procurar su impunidad”, indicó Casación, confirmando así lo probado por el mismo tribunal en 2019.
Los camaristas señalaron que la banda utilizó al “Francés” no solo como “agente provocador” en la causa seguida a “Gordo” Ludueña, a espaldas del fiscal federal Enrique Senestrari y del entonces juez Ricardo Bustos Fierro (la causa fue anulada por el rol de Viarnes), sino también en la del dealer Carlos Dante “el Colorado” Leal.
Incluso, la banda utilizó a Viarnes como “agente provocador” ilegal en el caso de Fernando Oscar Pino y Carlos Ramón Sánchez, luego absueltos por el rol del “Francés”.
Polifacético delincuente “de los mil rostros”, Viarnes recibió varias condenas, entre ellas, una por el “narcoescándalo” tras ser extraditado desde Paraguay, donde había permanecido prófugo. Finalmente, fue asesinado a balazos en Buenos Aires a principios de este año.
