El empresario Juan Carlos Barrera, sus hijos y otros imputados pagarán U$S 100 mil en seis cuotas como reparación integral en la causa Bacar por presunta asociación ilícita. El caso se cerrará una vez que cancelen los pagos, según lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba capital.
El juez José Quiroga Uriburu hizo lugar a la propuesta de reparación ofrecida por Juan Carlos Barrera, de la empresa Bacar y expresidente de Instituto Atlético Central Córdoba; sus hijos Pablo Adrián Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera; Carlos Orlando Reartes; Carlos Alejandro Reartes, y José Luis Cavazza.
Enviados a juicio por presunta asociación ilícita (Barrera como jefe y el resto como miembros), además de por retención indebida y desbaratamiento de derechos acordados (los Barrera y Reartes), deberán abonar en forma solidaria los U$S 100 mil en seis cuotas mensuales y consecutivas (las cinco primeras de U$S 17 mil y la sexta de U$S 15 mil) para alcanzar, a la postre, el sobreseimiento.
Barrera (p), Pablo e Iván y Reartes (p) ya habían sido sobreseídos en 2024, pero respecto de otro delito –intermediación financiera no autorizada– en el marco de la suspensión del juicio a prueba (probation) a la que habían llegado tras la anulación de la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2.
La causa Bacar
El fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari, sostuvo que Barrera (p), como presidente de Bacar Traca SRL, titular y socio de Blicen SA; Pablo Barrera (director de negocios de Bacar Traca, socio y vicepresidente de Compañía Barrera SA y socio de Blicen); Iván Barrera (accionista y director comercial de Bacar, presidente de Compañía Barrera, socio y director suplente de Blicen), y Mariano Barrera (director suplente de Bacar, socio y director suplente de Compañía Barrera y Blicen) habían montado una asociación ilícita en 2009.
También apuntó contra Cavazza (accionista de Bacar), Carlos Orlando Reartes (accionista, vicepresidente y director de servicios de Bacar) y su hijo, Carlos Alejandro (director suplente y director administrativo de Bacar), por su presunta vinculación con la organización.
La banda delictiva, según la acusación, habría tenido como objetivo consumar delitos financieros y patrimoniales, desde actividades de intermediación financiera ilegal (ofreciendo a clientes alquiler de cajas de seguridad, custodia de activos, préstamos, compra y venta de divisas, etcétera).
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Habrían captado ahorros del público de forma habitual y masiva mediante operaciones de depósito a plazo fijo simuladas bajo la figura de contrato de depósito. Pero lejos de limitarse a la actividad de custodia de valores, en la práctica la habrían usado para captar ahorros a fin de efectuar depósitos bancarios encubiertos y, de esa forma, hacerlos más atractivos por los rendimientos.
“En el marco de la supuesta asociación ilícita, los imputados realizaron la captación de ahorros habitual y masiva mediante depósito a plazo fijo simulado bajo contrato de depósito. No obstante, una vez cumplido el plazo pactado, los nombrados no habrían restituido estas sumas de dinero a sus propietarios”, señaló el juez N° 2 Alejandro Sánchez Freytes al enviarlos a juicio por supuesta asociación ilícita, retención indebida y desbaratamiento de derechos acordados.
Fallo del TOF3
El juez Quiroga Uriburu hizo lugar a la reparación integral de U$ 100 mil, a saldar de forma solidaria entre los imputados, luego de que sus defensores, el fiscal general Carlos Gonella y la querellante Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Arca (ex-Afip) arribaran a una solución alternativa al conflicto.
Las partes destacaron el tiempo transcurrido desde los hechos, el resarcimiento inmediato a las víctimas de defraudación y el resarcimiento del daño (probation por la intermediación ilegal) y la cancelación de pagos por evasión.
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“La propuesta no debe ser entendida como una mera recomposición patrimonial –ya satisfecha–, sino como un mecanismo composicional orientado a satisfacer el contenido de desvalor residual que justificó la continuidad de la acción penal, resultando el monto propuesto razonable y suficiente a tales fines”, remarcó el juez.
Sin embargo, discrepó con la propuesta del fiscal Gonella de destinar parte de los U$S 100 mil para solventar los costos de la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción Córdoba-La Rioja (inicialmente previsto para junio y luego postergado para marzo de 2027).
El instructor sugirió que el 70% de los U$S 100 mil (U$S 70 mil) fueran asignados al mejoramiento de la accesibilidad hacia la planta alta del hospital Rawson y el 30% restante (U$S 30 mil) fueran destinados al Ministerio Público Fiscal (MP) para la implementación (adecuación del espacio, etcétera).
El juez, no obstante, rechazó el planteo y ordenó que todo el dinero sea destinado al Rawson. “Si bien el MPF es un ente autárquico, que posee su propia ley orgánica y su propia asignación de fondos, no es ajeno al tribunal el actual recorte de gasto público común a todas las reparticiones. Sin embargo, tales circunstancias presupuestarias, aun cuando puedan ser notorias, no constituyen por sí mismas fundamento jurídico suficiente para justificar la afectación pretendida”, afirmó.
“A ello se debe adicionar que este tribunal no pone en duda ni cuestiona la transparencia, trazabilidad y gestión del MPF ni del distrito fiscal Córdoba, pero ello no se erige como fundamento autónomo suficiente que permita justificar la asignación pretendida”, agregó.
“Cabe aclarar, asimismo, que la improcedencia de asignar parte de los fondos al MPF no se vincula con la magnitud o proporción económica concretamente solicitada, sino con la posición institucional que dicho órgano ocupa dentro del acuerdo cuya homologación propicia”, amplió.
Y puntualizó que “la circunstancia de que el titular de la acción penal intervenga simultáneamente como parte requirente del instituto y potencial beneficiario directo de la prestación económica comprometida impone al tribunal adoptar un criterio de especial prudencia a fin de preservar la objetividad, transparencia y finalidad propia” de la reparación integral.
Los fondos serán aplicados a optimizar las salas de tratamiento de pacientes con tuberculosis en el Rawson, así como a la instalación de equipos de filtrado de aire.
