La Justicia elevó a juicio una de las causas por estafas económicas más impactantes de los últimos años en el interior cordobés. La investigación acusa a tres jóvenes de la ciudad de Río Segundo de haber captado dinero bajo la promesa de invertirlo en criptomonedas y otros mercados financieros, ofreciendo intereses mensuales de entre el 5% y el 25%, muy superiores a las del sistema bancario.
Los acusados son Bruno Maximiliano Cortez, de 25 años; Myrko Alejo Peralta, de 24; y la abogada Sofía Ayelén Estaurino, de 29. Los tres están imputados por presuntas estafas reiteradas en 58 hechos.
Según la acusación de la fiscal Patricia Baulies, el grupo montó desde 2022 una academia de trading que fue cambiando de nombre: primero “Global Trader”, luego “Global Academy” y finalmente “Go Academy”. Desde allí ofrecían cursos y también supuestas inversiones financieras con promesas de retornos extraordinarios, según la acusación.
Para la Fiscalía, el esquema funcionaba con dinero aportado por nuevos clientes, mientras que a los primeros inversores sí les pagaban intereses para generar confianza y atraer más personas, según la acusación. La sospecha judicial es que se habría tratado de otro modo de presunta estafa piramidal.
Según un cálculo realizado sobre los 58 hechos descriptos en la elevación a juicio, el perjuicio económico atribuido a la presunta maniobra ascendería al menos a U$S 281 mil dólares y $ 98 millones, entre efectivo, vehículos y bienes valuados en el expediente. La cifra no incluye eventuales intereses prometidos ni posibles damnificados que no denunciaron.
El expediente muestra un mecanismo repetido: reuniones en domicilios, bares, estaciones de servicio o en la "academia"; contratos de mutuo; promesas de retiro inmediato del capital; y luego una fuerte insistencia para reinvertir las ganancias y dejar el dinero “trabajando”.
Muchos clientes llegaron por recomendación de familiares, amigos o compañeros de trabajo.
Los acusados niegan los hechos por los que se los acusa.
Los chicos de las criptos
La acusación asegura que los imputados decían operar en mercados de criptomonedas, brokers y bolsas de valores. Incluso varios damnificados declararon que confiaron porque los primeros pagos efectivamente se realizaban. Algunos retiraron intereses durante meses antes de volver a invertir sumas aún mayores.
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La causa revela casos de personas que entregaron desde pequeños ahorros hasta vehículos y cifras millonarias. Entre los supuestos damnificados aparecen uno que asegura haber perdido 20 mil dólares, otro que afirma haber aportado 23 mil dólares, uno que reclama 10 millones de pesos. En paralelo, hay quienes hablan de autos valuados en millones y hasta documentación vinculada a inmuebles.
Más allá de los 58 hechos incluidos en la elevación a juicio, en tribunales creen que podría haber muchas más personas afectadas que nunca denunciaron.
El rol de cada acusado
Para la fiscal Baulies, Cortez y Peralta habrían sido las caras visibles del negocio. Ambos daban cursos de tradingg y captaban inversores. El expediente señala que habían comenzado estudiando trading con un hombre mejicano y luego lanzaron la academia en Río Segundo.
Estaurino, en tanto, habría cumplido un papel clave desde comienzos de 2023. Según la acusación, confeccionaba contratos, verificaba documentación de bienes ofrecidos como garantía y utilizaba su condición de empleada judicial para transmitir confianza y legalidad
La investigación sostiene que la abogada empezó vinculándose como clienta antes de presuntamente integrarse al esquema. Varios testimonios indican que ella supuestamente promocionaba las inversiones en redes sociales y explicaba que todo era “muy prolijo y legal”.
En su defensa, Estaurino negó haber participado de una maniobra fraudulenta y sostuvo que su función se limitaba a tareas legales vinculadas a contratos y documentación. También aseguró que ella misma tenía dinero invertido dentro del sistema y que creía que las operaciones financieras realmente existían.
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Rifas, donaciones y un merendero
Un aspecto llamativo de las declaraciones de los imputados es que aseguraron haber realizado acciones solidarias con parte de las ganancias. Según consta en el expediente, mencionaron rifas benéficas, donaciones y hasta la apertura de un merendero al que asistían unas 50 personas.
Cortez afirmó que parte del dinero se utilizaba para sostener la academia y realizar donaciones. También aseguró que el negocio comenzó a desmoronarse por “mala administración”, gastos personales, operaciones fallidas y el alto costo de desarrollar un software automatizado.
Uno de los episodios más insólitos es el relato sobre una presunta estafa sufrida por el propio grupo acusado. Cortez declaró que buscó financiamiento de supuestos inversores vinculados a una firma que prometía aportar un millón de dólares para un proyecto tecnológico.
Según dijo, terminó entregando una fuerte suma como “seguro de caución” y recibió una caja fuerte que nunca pudo abrir porque quienes debían completar la operación desaparecieron.
El acusado sostuvo que pasó dos noches custodiando la caja junto a Peralta y familiares, esperando a personas que nunca regresaron. Según dijo, cuando la abrió se encontró con dinero falso.
Amenazas y desesperación
La investigación también incluye referencias a presuntas amenazas de muerte y situaciones de extrema tensión cuando los clientes comenzaron a reclamar sus ahorros.
Uno de los imputados declaró que sus padres incluso pusieron la casa en venta para intentar cubrir parte de las deudas generadas con los inversores.
Mientras, varios damnificados relataron haber vendido vehículos, retirado ahorros de años o invertido indemnizaciones laborales creyendo que se trataba de operaciones seguras.
Hay testimonios de personas que confiaron después de ver que conocidos cobraban intereses puntualmente. Algunos incluso reinvirtieron el capital varias veces antes de perderlo todo.
La elevación a juicio menciona una importante cantidad de supuestas pruebas recolectadas: testimonios de damnificados, contratos de mutuo, capturas de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, documentación secuestrada en allanamientos y análisis de celulares y computadoras.
Los imputados por ahora se encuentran en libertad.
