La espera terminó tras un largo proceso preparatorio de la causa que se conoció como el mayor escándalo financiero dentro de una fuerza de seguridad en la historia reciente de Córdoba.
Muy probablemente en la segunda mitad de este año, la Cámara 10ª del Crimen llevará al banquillo de los acusados a 10 de los 17 acusados originales de ser responsables de las estafas de "Zoe Azul", una organización que, según la investigación del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, montó una "cueva" financiera en el corazón de la Jefatura de Policía.
La causa llega a esta instancia de debate tras ser confirmada por la Cámara de Acusación en 2025 que validó el minucioso requerimiento de elevación a juicio.
Eran 17 los imputados: uno fue sobreseído, seis celebraron juicios abreviados reconociendo su responsabilidad de acuerdo a lo que dice la acusación y otros 10 van al juicio por celebrarse en la Cámara 10ª.
No obstante, desde la fiscalía de Gavier aclaran que aún está abierta la investigación para determinar posibles nuevos responsables en un entramado que no termina de desentrañarse en su totalidad.
La trama, que combinaba la jerarquía policial con la seducción de las inversiones en criptomonedas y moneda extranjera, dejó un tendal de ahorristas estafados, en su mayoría personal policial en actividad, retirados y sus familiares directos.
Engaño a camaradas
La maniobra no era sofisticada en su técnica, pero sí en su ejecución. Los captadores aprovechaban la confianza que generaba el uniforme para ofrecer retornos mensuales de entre el 7% y el 20% en dólares.
Según el fiscal Gavier, la financiera operaba como un esquema Ponzi tradicional: los intereses de los primeros inversores se pagaban con el capital de los nuevos ingresantes, sin que existiera una inversión real que sustentara tales dividendos.
De modo insólito, el centro de operaciones era el propio edificio central de la Policía. Allí se realizaban algunas reuniones, se entregaba dinero en efectivo y se firmaban contratos de inversión que luego resultaron ser papeles sin valor legal.
El nombre "Zoe Azul" fue el mote popular que recibió la banda por aquella época, haciendo alusión a la megaestafa nacional de Generación Zoe (con Leonardo Cositorto como supuesto responsable), pero con el componente distintivo de la fuerza de seguridad, el color azul.
En la prepandemia, fue la época en que coincidían estos dos modos de engañar a incautos ahorristas con la causa de la financiera Adhemar Capital, a cargo del catamarqueño Edgar Adhemar Bacchiani, ya condenado a 9 años de prisión sólo por uno de los expedientes que se le abrieron, en ese caso por las primeras defraudaciones.
Las “inversiones piramidales”, o el esquema Ponzi, son consideradas por la Justicia una maniobra de engaño para cometer estafas.
El mecanismo es simple: una persona figura como líder o jefe y convoca a otras dos para que depositen un dinero con la promesa de obtener una ganancia en un plazo determinado.
Todo se viene abajo cuando los depositantes, en cadena, comienzan a pedir la devolución del dinero al mismo tiempo. Como en los sistemas bancarios o financieros, las corridas y la pérdida de confianza fracturan el sistema, que colapsa de inmediato.
Hay un ardid que se repite casi siempre: la banda hace el primer pago a los depositantes. El segundo se vuelve una utopía.
Los 10 acusados que quedan
A la cabeza de la asociación ilícita aparece María Eugenia Zulberti (54), abogada y sargento jubilada de la fuerza, señalada como la organizadora y mente maestra detrás de los movimientos de fondos. Junto a ella, el juicio enfrentará a una estructura que incluía roles de captación y administración.
Un dato que conmocionó a la opinión pública fue la implicación de los hijos de una figura tristemente célebre del pasado oscuro de Córdoba: la represora Mirta "Cuca" Antón de Buceta, condenada en la Justicia federal por crímenes de lesa humanidad en la D2 (Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba) que tenía sede en dependencias del Cabildo de Córdoba.
También estuvieron imputados en esta causa otros civiles y policías que ya celebraron juicios abreviados ante el juez de control José Milton Peralta, admitiendo su responsabilidad y recibiendo penas de prisión: Gonzalo José Ruffino (38), Letizia Celeste Graciela Buceta (49), Mariano José Buceta Antón (37), Francisco José Stämpfli (25), Lucas Matías Torres (41) y José Héctor Di Lenardi (45).
Este juicio excluye definitivamente a Roberto Carlos Espinosa (56), funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Espinosa, tras pasar más de 11 meses detenido en el penal de Bouwer, fue sobreseído por la Cámara de Acusación al determinarse que no existían pruebas de su participación en los ilícitos, cerrando así un capítulo polémico de la instrucción que lo mantuvo privado de su libertad durante casi un año.
Según parece, habría sido perjudicado por ser el titular de la Fundación Mayéutica, una entidad a la que Zulberti se sumó y habría usado para "chapear" en el engaño a sus víctimas.
Además de la jefa de la asociación ilícita Zulberti, se juzgará como integrantes de la agrupación presuntamente delictiva –y por 21 estafas– a María de los Ángeles Argüello (37), Federico Alberto Barrionuevo (47), Guadalupe Rocío del Rosario Buceta (45), Jorge Luis Díaz (41), Aldo Daniel Moreno (70), Héctor Hugo Juncos (72) y a los tres hijos de este, Héctor Eduardo Juncos (47), Luciano Gabriel Franco Juncos (41) y Mario Fernando Juncos (51),
Con decenas de denunciantes y un fraude que supera un estimado superior al millón de dólares, el juicio de la Cámara 10ª promete ser uno de los procesos más importantes del año, exponiendo cómo el afán de lucro y la falta de controles internos permitieron que una financiera ilegal floreciera donde se combaten los delitos.
