Tribunales. Advierten "grave situación" del Poder Judicial en Río Cuarto: de 12 mil causas penales por año, se resuelven menos de mil

El Consejo Económico y Social de Río Cuarto (Ceys), espacio que nuclea a 40 instituciones y organizaciones de la ciudad, denunció una "grave situación" en la administración de justicia en esta ciudad, sede de la Segunda Circunscripción Judicial de Córdoba, por falta de recursos humanos.

El cuerpo colegiado, integrado entre otros por la Universidad Nacional de Río Cuarto, colegios profesionales, cámaras empresariales, gremios, centros vecinales y organizaciones no gubernamentales, reclamó a los tres poderes del Estado provincial “normalizar” el servicio de justicia en Río Cuarto y en el sur provincial, un área con más de 310 mil habitantes.

El presidente del Ceys, Sergio Saleme, consideró que el Poder Judicial en Río Cuarto “está desbordado”. Y apuntó: “Tenemos una infraestructura similar a los '90, pese al aumento de población y de litigiosidad”.

Junto con las autoridades del Colegio de Abogados, el Centro Empresario y la Sociedad Rural, Saleme hizo un llamado para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo “aseguren la asignación presupuestaria necesaria para revertir el desfinanciamiento estructural del Poder Judicial” en la región.

Según explicaron, a los problemas y falencias reconocidos desde hace años se les suma la reciente destitución de dos fiscales por mal desempeño por el caso Nora Dalmasso.

Alberto Fernández, presidente del Colegio de Abogados, precisó: “En Río Cuarto, de las siete fiscalías que deberíamos tener, dos fiscales fueron destituidos y un tercero está de licencia prolongada por enfermedad. Es una situación muy grave, los fiscales no dan abasto para llevar a cabo su tarea”, explicó.

El punto más crítico expuesto radica en el desbalance entre la demanda y la capacidad de resolución del sistema. Desde el Ceys señalaron que las fiscalías penales enfrentan un promedio de mil causas mensuales, con una estructura que prácticamente no varió en cuatro décadas, y una resolución de unas 75 por mes.

“Según la página oficial del Poder Judicial, en 2025 ingresaron 12 mil causas a las fiscalías de Río Cuarto y sólo se resolvieron 860. Las autoridades tienen que tomar nota de esto”, dijo Fernández.

Desde Tribunales precisaron que el flujo real es aún mayor y alcanzó las 16 mil causas en 2025. La diferencia radica en que numerosas denuncias todavía se receptan de forma manual en las 22 comisarías y subcomisarías de la ciudad y de la región, las cuales carecen de acceso directo al sistema administrativo de causas (SAC).

Las entidades contrastaron esta realidad con la de Córdoba capital, donde existen unidades judiciales especializadas por delitos (como integridad sexual, accidentología vial u homicidios).

En la "capital alterna" del sur, en cambio, las tres unidades existentes operan como boca de ingreso para todo lo que se denuncia.

A esto se suma la complejidad de las fiscalías multifuero, que, además de la materia penal y penal juvenil, deben intervenir en asuntos tales como defensa al consumidor, declaraciones de herederos y derechos personalísimos. Si bien una ley de 2021 asignó de forma exclusiva los casos de violencia de género a la Fiscalía del Tercer Turno, la medida nunca pudo implementarse en la práctica.

También se admite un grave déficit de equipos técnicos. Según señalan, de las 16 mil causas penales que ingresan por año, 1.800 tienen personas privadas de su libertad y 4.100 son por violencia de género. Habría una sola psiquiatra y tres psicólogos para atender todos esos casos.

El Consejo Económico y Social también planteó que en la ciudad no hay morgue judicial y que los tres médicos forenses no alcanzan para la cantidad de autopsias requeridas, para los peritajes civiles y para los juicios por limitación de capacidad o lesiones.

“Falta personal y hay una sola unidad mortuoria que cubre, desde Vicuña Mackenna hasta Berrotarán y desde el límite de San Luis hasta General Deheza, los 18.400 kilómetros cuadrados de la circunscripción. Si hay dos hechos distantes, las esperas son considerables”, se refirió.

Se remarcó también la mora registrada en designaciones aprobadas. Recordaron que en 2011 la Legislatura había autorizado al Ejecutivo a armar una quinta fiscalía “que quedó en la nada”. Mencionaron que, en el fuero laboral fue creada por ley, en 2017, la segunda Cámara del Trabajo y no fue puesta en funciones. “Estamos hablando de fueros sumamente sensibles”, apuntó Fernández.

Letrados resaltaron que en Río Cuarto hay un único juez de Control que tiene que intervenir en todas las audiencias orales para decidir sobre todas las prisiones preventivas y juicios abreviados iniciales de la circunscripción.

“La falta de infraestructura nos preocupa mucho y no hemos tenido una respuesta. He presentado una nota ante el gobernador y el fiscal General con respecto a las fiscalías. Queremos que aclaren si van a designar a los dos reemplazantes de los fiscales destituidos. Cuándo y con qué modalidad. Y, si no lo hacen, que nos den los fundamentos para ver las vías de acción por seguir”, señaló el presidente del Colegio de Abogados.

Fernández valoró que en el fuero civil hubo mejoras, porque el trámite oral agilizó los tiempos y los juicios complejos que demoraban cinco años ahora se resuelven en un año.

Otros funcionarios destacaron que hubo reuniones con la Fiscalía General para tratar de darle una solución a la situación de Río Cuarto. Pero por ahora no hay novedades.

El Consejo Económico y Social consideró que la cantidad de causas que quedan sin resolver y terminan en prescripción “generan impunidad, descreimiento y agravan la sensación de inseguridad”.

“Esta realidad golpea directamente al ciudadano o ciudadana que asiste a los tribunales buscando respuestas oportunas. No se trata de una disputa sectorial, sino de un piso mínimo de calidad institucional que hoy no se está garantizando. Reclamamos que los tres poderes tomen cartas en el asunto”, concluyó Saleme.