Jury. Las claves del fallo que terminó con los tres fiscales expulsados de la Justicia de Córdoba
En los fundamentos del Jurado de Enjuiciamiento se destaca que Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro no investigaron a fondo la pista de los trabajadores con Roberto Bárzola a la cabeza y no valoraron los informes del Ceprocor y del FBI. El papel de Nora como víctima de violencia de género. Se vienen apelaciones.
Abandono prematuro por parte de cada fiscal de la pista de “los trabajadores”. No haber investigado de manera exhaustiva y completa al principal sospechoso (Roberto Bárzola), pese a existir pruebas y datos relevantes desde el comienzo.
No haber atendido y valorado los informes del Ceprocor (Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba) y del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos) que daban cuenta sobre la existencia de un ADN de un sospechoso claro desde el primer momento en la bata de la víctima.
No haber investigado a Bárzola, siendo que contaban con las mismas pruebas que tuvo el fiscal Pablo Jávega años después.
No haber concebido a Nora Raquel Dalmasso como una víctima de violencia de género como marcan los protocolos de actuación. Por el contrario, haberse centrado en cuestiones sin trascendencia de la vida de la víctima y de otras personas.
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En términos generales, esos son los puntos centrales que surgen del fallo del Jurado de Enjuiciamiento que hace dos semanas dispuso las destituciones de los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Roberto Pizarro por sus malos desempeños en las investigaciones por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto en 2006.
Fue un fallo histórico y, a la vez, inédito para la Justicia de Córdoba: nunca antes se había expulsado a tres funcionarios de manera simultánea.
Hay un punto central: no fueron expulsados por haber cometido delitos, como sucedió con otros destituidos. Fueron destituidos por haber cometido mal desempeño y haber incurrido en graves negligencias.
No se trata de imputaciones.
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En sus 220 páginas, el Jurado expone y desmenuza todas las pruebas y testimonios contundentes que surgieron en las audiencias y que terminaron con las expulsiones.
El cuerpo estuvo presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (quien lleva la voz central en la resolución) y estuvo integrado a la vez por los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert; y la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti.
El fallo ratificó lo que había reclamado en un todo la fiscal General Adjunta, Bettina Croppi.
Las defensas de los ahora exfiscales ya anticiparon que leerán en profundidad los fundamentos de la sentencia para presentar apelaciones.
Hasta último momento, Di Santo, Miralles y Pizarro dijeron que trabajaron bien y que investigaron a Bárzola.
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Esas manifestaciones fueron absolutamente contrarrestadas por el Jury.
Sobre Di Santo, el jury resaltó que durante años mantuvo simultáneamente como sospechosos a Facundo Macarrón y a Gastón Zárate con hipótesis disímiles.
Sobre Miralles, quien llegó a acusar al viudo Marcelo Macarrón como presunto autor material del crimen, el jury puntualizó que utilizó prueba descartada, omitió pruebas relevantes y no tuvo ninguna evidencia sobre la que asentar la posibilidad de que haya viajado desde Uruguay a Río Cuarto para luego regresar. Se le endilga haber realizado una acusación especulativa.
Sobre Pizarro, quien había acusado a Macarrón de haber contratado sicarios, se le señala que se basó en una hipótesis conspirativa de sicariato e instigación intelectual por parte de Macarrón sin haber identificado nunca a los ejecutores materiales ni probar la existencia de un pago o pacto criminal.
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La pista del “trabajador”
Se atribuyó a los tres fiscales, que se sucedieron en la dirección de la investigación entre 2006 y 2019, haber desatendido y relegado de modo sistemático una línea investigativa razonable que apuntaba a la posible participación de un trabajador. Se trataba de Roberto Bárzola, quien fue enviado a juicio por el fiscal Pablo Jávega.
“Dicha persona se había desempeñado laboralmente en la vivienda de la víctima, admitió haber estado en el lugar y el día del hecho, en horario compatible con la muerte. A su vez, sus explicaciones presentaban contradicciones e inconsistencias no despejadas”, se señala desde el Jury.
“En lugar de profundizar esa hipótesis, la pesquisa se orientó sucesivamente hacia integrantes del entorno familiar de la víctima, sobre la base de imputaciones que la acusación calificó como construidas ad hoc, sin sustento probatorio objetivo previo, y mantenidas durante años pese a la incorporación de evidencias genéticas y cooperaciones técnicas nacionales e internacionales que las desmentían”, se indicó.
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No oír al Ceprocor ni al FBI
Se indicó que el Jurado tuvo por acreditado, sobre la base de la prueba producida –que incluyó las declaraciones de los fiscales intervinientes con posterioridad, peritos oficiales y de parte, agentes del Ministerio Público que participaron de la investigación, y familiares de la víctima–, que las medidas inicialmente dispuestas sobre la línea de los trabajadores “fueron insuficientes y se abandonaron de modo prematuro”.
“Existieron alertas tempranas y reiteradas que sugerían profundizar esa pista, entre ellas informes del Ceprocor sobre perfiles genéticos minoritarios no atribuibles a las personas hasta entonces cotejadas, informes del laboratorio del doctor Ballantyne y del FBI que excluyeron a los sospechosos investigados, y una recomendación expresa del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI, incorporada al expediente en 2011, orientada a investigar a los trabajadores”, se indicó.
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Las medidas necesarias para concretar esa profundización eran las mismas cooperaciones técnicas que los enjuiciados ya tenían activas.
“Las imputaciones formuladas a lo largo de la actuación de los distintos fiscales de instrucción se sostuvieron, en cambio, en hipótesis preconcebidas, con omisión o lectura sesgada de pruebas relevantes, y carecían de correlato objetivo en el material probatorio reunido”, se sostuvo.
En los fundamentos del Jurado se afirmó que “no constituye instancia revisora del acierto o desacierto de las decisiones jurisdiccionales y que las divergencias técnicas dentro del margen de razonabilidad funcional no integran las causales constitucionales de destitución”.
“El reproche se intensifica cuando la investigación frustrada involucra a una víctima de violencia de género, supuesto en el cual rige un deber reforzado de diligencia derivado de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, se destacó.
Consideraciones del Jury
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En este aspecto, y sin entrar en consideraciones sobre el acusado, señalaron que los exfiscales no valoraron la prueba de ADN y desoyeron las recomendaciones del Ceprocor y del FBI. En este punto, señalaron que el fiscal Jávega se basó en las mismas pruebas y cooperaciones de las que los ahora exfiscales enjuiciados disponían.
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En paralelo, descartaron las versiones de Di Santo, de Miralles y de Pizarro respecto de que la investigación sobre Bárzola había sido “exhaustiva y completa”.
También se señala que la gravedad de las actuaciones de los fiscales estuvo “dada también por el riesgo de impunidad”, aunque se resaltó que no correspondía al Jurado entender si el delito había prescripto o no, ya que está bajo estudio del TSJ.
En este punto a nadie le pasaba inadvertido que el TSJ aún debe resolver si el crimen de Nora prescribió o no. Tarditti integra el cuerpo.
Desde el Jury se remarcó que las imputaciones que realizaron los exfiscales a los integrantes de la familia de la víctima fueron de una máxima arbitrariedad y sin base empírica para sustentar una imputación o sospecha. Fueron acusaciones subjetivas y desvinculadas de evidencia concretas.
En la resolución, se señala que el proceso tuvo una particular notoriedad pública “derivada de las características del hecho subyacente, del tiempo transcurrido sin esclarecimiento y de la cobertura mediática que el caso recibió en su momento y a lo largo de los años”.
“Tal circunstancia, lejos de constituir un factor que deba pesar en la decisión del cuerpo, exige por el contrario un esfuerzo adicional para que el pronunciamiento se apoye exclusivamente en las constancias probatorias del expediente y en la doctrina institucional aplicable”, se indicó.
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Se remarcó que el Jurado no decide a “impulsos del clamor público, ni se pliega a expectativas sociales que pudieran orientar el resultado en uno u otro sentido”.
En este sentido, se expuso que el fallo fue sobre la base del derecho y con prudencia.
Tras el fallo, apelaciones
Las defensas de los ahora exfiscales ya dijeron que esperan leer los fundamentos en profundidad para apelar las destituciones.
En principio lo harán ante el TSJ, aunque no se descarta llegar ante la Corte Suprema. Desde la defensa de Javier Di Santo se indicó que ya oportunamente se había presentado un recurso ante el TSJ.
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Por su parte, el abogado de Miralles, Daniel Fernández, ya había adelantado que iba a apelar. “El jury es para destituir a incapaces y a delincuentes, no para destituir a buenas personas y buenos funcionarios”, había dicho al terminar el jury.
El abogado Emilio Andruet expresó: “Esto (la destitución) va a generar una explosión institucional. Acá se reunió a tres fiscales por una supuesta imputación contra un sujeto que supuestamente cometió un homicidio… ¿Qué va a pasar si eventualmente Bárzola es absuelto? ¿Qué va a pasar con el jury? Esto no fue jurídico, esto fue político”, expresó.
No pierden los aportes
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro no pierden los aportes jubilatorios realizados. De ahora en más pueden ejercer como abogados y hacer los aportes que restan hasta la edad jubilatoria. Luego, se sacará promedio.
