Legislatura de Córdoba. La Unicameral empieza a debatir los proyectos antibúnkeres contra el narcomenudeo
La Comisión de Seguridad tratará desde este miércoles tres iniciativas que buscan identificar, intervenir y recuperar inmuebles vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas. Hay propuestas del Ejecutivo, de la UCR y del legislador Oscar Agost Carreño.
La Legislatura de Córdoba comenzará este miércoles a debatir en la Comisión de Seguridad los tres proyectos que plantean una ley antibúnkeres con el objetivo de identificar, intervenir y recuperar inmuebles vinculados al narcomenudeo y otras actividades delictivas.
La discusión se dará en la comisión que preside el oficialista Juan Manuel Llamosas y girará en torno de las iniciativas del Poder Ejecutivo; de los legisladores de la UCR, encabezados por Oscar Saliba; y del parlamentario Oscar Agost Carreño, del PRO. Aunque tienen enfoques distintos, las tres propuestas apuntan a dar herramientas al Estado para actuar sobre lugares utilizados como puntos de venta de drogas, guaridas, aguantaderos o espacios asociados a organizaciones criminales.
La iniciativa del Gobierno
El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial propone crear la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos. La iniciativa establece un régimen de intervención sobre bienes muebles e inmuebles que estén abandonados, fuera de uso o en estado de desuso y que representen un riesgo para la seguridad pública, o que estén vinculados de manera actual o reiterada con actividades delictivas.
Como ejemplo, algunos legisladores oficialistas tomaron en cuenta el trabajo realizado en una obra en construcción judicializada, ubicada en bulevar San Juan y José de Calasannz, que estuvo durante años ocupada y que este año fue intervenida para despejar y construir un muro que impida el ingreso de terceros.
La propuesta oficial contempla, por un lado, medidas administrativas como intimaciones, aseguramiento preventivo, cerramiento,clausura provisoria, control perimetral o restricción de accesos. También prevé que, cuando la situación exceda la vía administrativa, el caso sea remitido a la Justicia.
Uno de los puntos centrales es justamente la incorporación de una herramienta judicial para casos de narcomenudeo. En esos supuestos, el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico podrá pedir al juez de Control medidas urgentes, como la demolición o la inutilización de estructuras utilizadas para el tráfico de estupefacientes, el desalojo de inmuebles usurpados o la restitución a sus propietarios.
La iniciativa también crea una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, con participación del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, municipios y comunas.
Además, se modifica la ley 10.067 de lucha contra el narcotráfico para establecer un destino específico de los recursos obtenidos por multas. El 60% iría al fortalecimiento operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante sería destinado a programas contra el narcotráfico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Trabajo.
La propuesta de la UCR
La primera propuesta que ingresó sobre el tema había sido presentada por el legislador radical Oscar Saliba, junto con otros pares de bancada. Ese proyecto propone crear el Registro Provincial de Espacios Destinados a la Comercialización de Estupefacientes, bajo la órbita del Fiscal General de la Provincia.
El objetivo de esa iniciativa es conformar una base georreferenciada de puntos utilizados para la venta de drogas, sistematizar información sobre personas vinculadas a esos espacios y coordinar una política criminal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El proyecto radical también autoriza la instalación de domos de videovigilancia en zonas estratégicas próximas a esos puntos, con el fin de controlar, prevenir e investigar delitos. Además, faculta al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico a instruir a la Fuerza Policial Antinarcotráfico para identificar inmuebles con rótulos, fajas o carteles, disponer el derribo de instalaciones destinadas exclusivamente a la venta de estupefacientes cuando sea posible y ordenar desalojos o restituciones.
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La propuesta del Pro
La tercera iniciativa fue presentada por el legislador Oscar Agost Carreño y plantea una ley de Recuperación Territorial frente al Narcotráfico y el Crimen Organizado. A diferencia de los otros textos, amplía el enfoque más allá del narcomenudeo y contempla inmuebles vinculados a actividades como comercialización de drogas, almacenamiento ilegal de armas, trata de personas, reducción de bienes robados, asociación ilícita u otras formas de criminalidad organizada.
La propuesta de Agost Carreño crea un Sistema Provincial de Recuperación de Inmuebles Criminales, destinado a coordinar acciones de relevamiento y recuperación de esos espacios. También establece un Registro Provincial de Inmuebles Vinculados a Actividades Criminales Organizadas y habilita la participación de municipios, comunas, organismos nacionales, organizaciones vecinales y comunitarias.
Ese proyecto incorpora además una dimensión de recuperación urbana y social: una vez neutralizada la actividad ilícita y si la situación jurídica lo permite, los inmuebles podrían destinarse a espacios recreativos o centros vecinales.
Se suman proyectos para avanzar contra búnkeres narco en Córdoba
Con el inicio del debate en comisión, la Legislatura abrirá una discusión que combina seguridad, procedimiento judicial, intervención administrativa, participación municipal y recuperación territorial. El punto a resolver será si los bloques avanzan hacia un texto unificado o si cada propuesta mantiene su propio recorrido parlamentario.
