Córdoba. La Provincia envió el proyecto de "ley antibúnker", que va más allá de los inmuebles usados para la venta de drogas
La iniciativa apunta los edificios abandonados que se usan para distintos delitos o son un riesgo de seguridad. Crearán un registro y los decomisos se usarán para financiar a la FPA, en su mayoría.
El Gobierno provincial envió un proyecto de ley a la Legislatura para crear un nuevo régimen que permitirá actuar sobre “búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad”.
El propio gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que según el comunicado de la Provincia, está “destinado a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana”.
Con esta última categoría podría ingresar el caso emblemático del edificio ocupado de bulevar San Juan y San José de Calasanz, en barrio Observatorio, de la ciudad de Córdoba, conocido como “La Mole”. El lugar fue desalojado por orden judicial y luego fue tapiado por el Ministerio de Seguridad provincial y la Municipalidad de Córdoba para evitar que vuelva a ser habitado.
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La iniciativa crea, como una de sus principales utilidades, un Registro Provincial de Bienes Intervenidos y propone un modelo de articulación sobre estos espacios abandonados entre la Provincia, la Justicia, la FPA y los municipios.
Lo que busca este proyecto de ley es implementar “un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad”, señalan desde la Provincia.
El proyecto prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
“Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios”, aclararon desde la Provincia.
La propuesta también crea un esquema específico para que los bienes decomisados y los recursos provenientes de esas causas sean reinvertidos en la lucha contra ese delito.
Incluso establece el mecanismo de reparto de esos fondos: el 60 por ciento será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.
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El proyecto crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.
La iniciativa invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen y a celebrar convenios de cooperación para ejecutar las intervenciones en el territorio.
