Legislatura de Córdoba. Se suman proyectos para avanzar contra búnkeres narco en Córdoba
Agost Carreño (Pro) presentó una ley de “recuperación territorial” contra el narcotráfico. Antes, el radical Saliba había propuesto un registro de lugares en los que se comercializan estupefacientes. Se espera en unos días que el Ejecutivo mande la "ley antibúnker”, anunciada en febrero por Llaryora.
El legislador del PRO Oscar Agost Carreño presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca avanzar sobre la recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales, especialmente vinculadas al narcotráfico, el narcomenudeo, la trata de personas y otras formas de delito organizado.
La propuesta se suma al primer proyecto que con antelación ingresó el radical Oscar Saliba, junto con otros pares de bancada, para crear el "Registro de Espacios Destinados a la Comercialización de Estupefacientes en infracción a la Ley Nacional N° 23.737.
"Este proyecto tiene que frenar las mafias que operan en la provincia con medidas concretas que desalienten el tráfico de estupefacientes incorporando domos de video vigilancia, registros y mapas que identifique los lugares de comercialización, como complemento del arduo e incansable trabajo que realiza la Fuerza Policial Antinarcotráfico", precisó Saliba en sus fundamentos.
A estas propuestas, se agregará en cuestión de días una tercera iniciativa enviada por el Ejecutivo. En febrero pasado, el gobernador Martín Llaryora anunció la apertura de cinco nuevas sedes operativas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior provincial, junto con el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley Antibúnker o Antiaguantaderos destinada a desarticular puntos de venta de drogas.
Fuentes del oficialismo confirmaron a La Voz que esta iniciativa será enviada en unos días a la Unicameral para que se dé inicio al debate. Por lo que se abrirá una instancia de discusión para identificar a estos puntos con accionar de organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Recuperación territorial frente al narcotráfico
El proyecto de Agost Carreño propone, por ejemplo, crear un marco legal para identificar, intervenir y reutilizar socialmente los espacios que hayan sido usados en forma reiterada para actividades ilícitas. El objetivo, según plantea el texto, es evitar que esos lugares se consoliden como enclaves del crimen organizado y devolverlos a usos lícitos, comunitarios y socialmente útiles.
La propuesta lleva el nombre de “Recuperación territorial frente al narcotráfico y el crimen organizado” y declara de interés público provincial la identificación, intervención, recuperación y reutilización social de inmuebles vinculados a actividades criminales organizadas que afecten la seguridad pública, la convivencia vecinal o el desarrollo comunitario.
La iniciativa apunta a inmuebles sobre los que existan elementos objetivos suficientes para presumir que fueron utilizados para la comercialización ilícita de estupefacientes, el almacenamiento o distribución ilegal de armas de fuego, la trata y explotación de personas, la reducción u ocultamiento de bienes provenientes de delitos, la asociación ilícita u otras formas de criminalidad organizada.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Seguridad o el organismo que en el futuro lo reemplace. Bajo su órbita, el proyecto crea el Sistema Provincial de Recuperación de Inmuebles Vinculados a Actividades Criminales Organizadas destinado a coordinar tareas de identificación, relevamiento, seguimiento, intervención y recuperación de esos lugares.
Uno de los ejes de la iniciativa es la participación de los vecinos. El texto establece que cualquier persona podrá denunciar la presunta utilización de un inmueble para actividades criminales mediante los canales que habilite la autoridad de aplicación. La identidad del denunciante deberá mantenerse bajo reserva.
Otro aspecto central de la propuesta es la recuperación urbana y social de esos espacios. Una vez neutralizada la actividad ilícita y siempre que la situación jurídica del inmueble lo permita, el Poder Ejecutivo provincial podrá coordinar con municipios y comunas su reutilización con fines comunitarios.
