El femicidio de Agostina Vega ha generado un efecto caja de Pandora, que sacude e interpela a las instituciones y al poder político cordobés, sin que logre aún dimensionarse el momento en que se cerrará la tapa y qué cosas irán saliendo del cofre.
Un entramado complejo, del cual se van desprendiendo aristas diversas, algunas que se transformarán en causas judiciales diferentes a la central de la investigación del atroz crimen, y otras de alto impacto ciudadano.
En esa complejidad, los intentos de algunos estamentos del poder para que el caso los salpique lo menos posible son tan osados que terminan impactando en otros lugares administrados por el mismo signo político.
O sea, el famoso fuego amigo está a la orden del día y resulta más voraz de lo que pueden ser los movimientos fuera del oficialismo.
En ese entramado que fue dejando al descubierto el ingreso indiscriminado de personal al municipio capitalino con modalidades precarias, los escasos controles, los rechazos a advertencias informales sobre los antecedentes penales de esos empleados, la administración de la ciudad de Córdoba fue quedando cada vez más golpeada.
La gestión de Daniel Passerini venía con muchos problemas y este caso la ha dejado en situación de extrema debilidad.
Por eso, puertas adentro se repite la pregunta de por qué el desequilibrio de los costos que están pagando el Gobierno provincial y el municipal.
Mientras Llaryora mira otro frente, la tensión crece en los Tribunales
Es una pregunta de vuelo corto, porque en realidad ambos forman parte del mismo signo político y hay cuestiones que vienen de arrastre del anterior intendente, que es el propio gobernador Martín Llaryora.
Un expediente que quema
Uno de esos arrastres, que en realidad viene desde hace larga data y atraviesa varias gestiones municipales, es el tema de la noche y sus controles, que se está clavando como una daga como una de las cuestiones conexas y no específicamente relacionadas con la investigación en sí misma del femicidio.
Desde hace décadas, nadie le ha podido poner el cascabel al tenebroso gato de la nocturnidad cordobesa.
Por cierto, está gestión tiene que lidiar con el peso de incomprensibles decisiones, como promocionar el famoso local Wachitas y, por otro lado, llevar adelante una zigzagueante trama de clausuras y habilitaciones.
En la búsqueda de dar con los dueños reales de ese y de otros lugares similares, cada uno hace su juego y cada conjetura incluye un vínculo con el poder.
Pero, para conocer un poco más sobre eso, basta con asomarse a un sonado caso que está elevado a juicio con una larga lista de acusados: la llamada "causa Bomberos", que en realidad debería denominarse "la causa Habilitaciones".
En ese expediente se describen hechos vinculados con severas irregularidades a las habilitaciones de locales, muchos de ellos relacionados con el entretenimiento nocturno.
Caso Agostina: Passerini y Llaryora, y el problema de correr detrás de los hechos
El principal acusado es Gustavo Folli, exsubjefe de Policía y responsable de Defensa Civil en la gestión de Llaryora como intendente.
El fiscal Guillermo González instruyó esa causa y más de una vez dejó por escrito que estaba dispuesto a escalar en responsabilidades, pero eso nunca ocurrió.
En la elevación a juicio, se citan conversaciones de Folli con personajes importantes del poder que piden agilizar ciertas habilitaciones de locales nocturnos.
No obstante, el fiscal nunca los citó ni los imputó.
González fue amonestado recientemente por el Tribunal de Ética de la Justicia provincial a raíz de haber informado sobre la banda que lideraba el exjefe de la Caminera Maximiliano Ochoa Roldán en la propia Jefatura de Policía, con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al lado.
Pero hay un elemento curioso más destacado en esa causa.
Están imputados conocidos propietarios de discotecas, acusados de haber pagado coimas para lograr habilitaciones fraudulentas.
Pero, pese a cargar con semejante acusación, siguen con sus establecimientos habilitados.
Las sombras de la noche amenazan con proyectarse más allá de un par de funcionarios.
