El tembladeral político-institucional desatado por el femicidio de Agostina Vera está lejos de aquietarse.
El oficialismo provincial sigue sacudido e intentando recuperar el centro de la escena, pero las dificultades surgen de su propio seno.
Por caso, este miércoles, después de la aparición de una joven buscada en Colonia Caroya, salieron las principales espadas del Gobierno provincial a acusar a la oposición de “carancheo político” por el caso Agostina.
Mientras tres ministros repetían la línea argumental en medios locales y nacionales, un concejal capitalino del propio peronismo cordobés, Gustavo Pedrocca, denunciaba en la Justicia amenazas mafiosas y las relacionaba con Ricardo Moreno, compañero de su espacio y hasta hace algunas horas integrante del mismo bloque en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
El cruce público entre Pedrocca y Moreno dejó desacomodados a los integrantes de la gestión de Martín Llaryora que habían salido a intentar poner el foco en la oposición, mientras los problemas adentro parecen ser más grandes que los de afuera.
Pedrocca fue el concejal que forzó la salida de Moreno cuando dijo que estaba dispuesto a acompañar el pedido de la oposición para desplazar del cuerpo al padrino político de Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina.
Pedrocca lidera el Suvico, el gremio de los vigiladores, que tiene una aceitada relación con el Gobierno provincial. Dijo que su hija había recibido llamadas intimidatorias y la habían seguido.
Y relacionó esos hechos con su postura para sacar a Moreno del Concejo.
Moreno respondió acusando a Pedrocca: “Su derrotero deja mucho que desear”. Y adjudicó la denuncia a una “interna gremial”.
Era la pata que le faltaba al conmocionante caso. Ya teníamos la de la política, la de los barras del fútbol, la de los negocios de la noche.
Otra vez los barras
Los funcionarios municipales –con el propio intendente Daniel Passerini a la cabeza– también intentaron recuperar centralidad discursiva, pero se siguen encontrando con obstáculos.
Reconocen que la purga interna aún no está completada, ni definidos los nuevos esquemas después de haber mantenido a Barrelier en una dependencia de Tránsito municipal luego de la detención por privación ilegítima de la libertad hace un año, pese a advertencias informales internas de esta situación. El ahora acusado de femicidio fue promovido por el mismo municipio dos días antes de la desaparición de Agostina.
El intendente y los suyos informaron 13 renuncias, pero todavía no pueden precisar si todos esos funcionarios se van o algunos serán reubicados en otros puestos.
Está clara la relación por militancia política que tenía Barrelier con algunos funcionarios. Pero lo que surge ahora es la vinculación también por su pertenencia a facciones de la barra brava de Instituto.
En otros casos de violencia y delincuencia, ya saltó la presencia de barras de otros clubes en estamentos municipales.
Los dueños de la noche
Otro de los grandes interrogantes que se agigantan tiene que ver con la noche y los propietarios de locales.
En especial, el caso del bar Wachitas, cada vez más fuerte en la trama del caso Agostina, del cual los funcionarios municipales no logran responder de manera fehaciente a quién pertenece, más allá de la formalidad de quien figura como titular.
Hay un entramado de la noche y sus controles que atraviesa a todas las gestiones municipales de las últimas décadas.
Pero hay un elemento fuerte, que podríamos localizar en los tiempos de la pandemia del Covid-19 y la cuarentena. Tiene que ver con sugestivos cambios societarios de numerosos establecimientos.
Los dueños tradicionales de locales nocturnos remarcan que las cosas cambiaron mucho desde entonces.
Que hay una concentración de nuevos actores y que tienen un vínculo directo con ciertos personajes del poder.
Pero no parece que esa trama se vaya a dilucidar ahora, tras este conmocionante femicidio que sacude a Córdoba y al país.
