Fallo. Revés para el Gobierno: frenan el traslado de la causa por la reforma laboral a otro fuero
El juez Raúl Ojeda rechazó el intento del Ejecutivo de llevar el expediente al fuero contencioso administrativo. El fallo advierte que el conflicto involucra derechos sociales y que el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional si se vulnera el acceso a tribunales especializados.
En una decisión de alto impacto político y judicial, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 ratificó que la Justicia del Trabajo es el ámbito natural para dirimir la validez de la reforma laboral contenida en la Ley 27.802.
El magistrado Raúl Ojeda desestimó la inhibitoria impulsada por el Gobierno nacional, que pretendía desplazar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal.
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"La sola presencia del Estado no determina la competencia"
El argumento central del Ejecutivo sostenía que, al tratarse de normas de derecho público, la causa debía tramitar fuera del ámbito laboral.
Sin embargo, el juez Ojeda fue contundente al señalar que el núcleo de la disputa está vinculado directamente con derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
La resolución enfatiza que la materia en debate (que incluye institutos como el derecho de huelga, convenios colectivos, indemnizaciones y libertad sindical) es "exclusivamente de derecho social".
Por ello, la especialización del fuero laboral es fundamental para garantizar la tutela judicial efectiva.
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Advertencia por estándares internacionales
El fallo también advierte sobre los riesgos de desarticular el proceso en su estado actual. La causa ya se encuentra inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y agrupa a más de una decena de expedientes conexos.
Según el magistrado, un cambio de fuero en esta instancia resultaría "tardío" y generaría una grave incertidumbre jurídica.
Asimismo, Ojeda puso el foco en el respeto al juez natural y citó estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El magistrado advirtió que desplazar la causa podría vulnerar garantías del debido proceso, lo que llevaría al Estado a incurrir en responsabilidad internacional por no contar con tribunales especializados en materia laboral.
El futuro de la Ley 27.802
Aunque el fallo no resuelve el fondo de la inconstitucionalidad planteada por la CGT, introduce cuestionamientos indirectos a la reforma.
El juez sugirió que las modificaciones que intentan limitar la competencia de la Justicia del Trabajo podrían no superar el test de constitucionalidad.
Con este rechazo, el expediente será elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá resolver de forma definitiva el conflicto de competencia entre fueros.
Por el momento, el mensaje de la Justicia es claro: el debate por los derechos laborales se mantiene en el fuero que históricamente los tutela.
