
Bornoroni-Juez, un acuerdo local que debe pasar el tamiz de los Milei
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Redacción La Voz
Luego de cerrar la paritaria con los tres gremios públicos más numerosos, en el Gobierno provincial se encendió una señal de alarma que venía creciendo en silencio: el fuerte endeudamiento de los empleados estatales con el Banco de Córdoba (Bancor). Con ese diagnóstico sobre la mesa, el gobernador Martín Llaryora lanzó un plan de “alivio financiero” destinado a asistir a casi el 60% de los agentes públicos, cuyas deudas les consumen gran parte del salario.
“Es astronómica la cantidad de empleados públicos que cobran menos de la mitad de sus salarios por la deuda que tienen con Bancor. Son casi el 60%”, se sinceró un funcionario llaryorista, admitiendo un dato que corroboran los gremios: seis de cada 10 de empleados públicos tienen deudas con Bancor que les absorben gran parte de su salario.
Con los acuerdos paritarios ya firmados para todo el año con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión Personal Superior (UPS), que representa a los empleados jerárquicos, el Gobierno provincial avanzó con la puesta en marcha de un plan de refinanciación para trabajadores endeudados con el banco oficial.
“Se firmó un acuerdo paritario muy bueno, pero una gran cantidad de empleados públicos no lo percibe porque buena parte del sueldo es descontada por Bancor para cubrir deudas de distinto tipo”, admitió otra fuente oficial.
Fuentes sindicales confirmaron también a La Voz que el nivel de endeudamiento de los estatales se transformó en uno de los temas más delicados para los gremios públicos.
Los empleados de los tres poderes del Estado provincial –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– se endeudan con Bancor a través de tres vías: los consumos con la tarjeta Cordobesa, adelantos de sueldo y los créditos personales.

Sin embargo, el mayor peso del endeudamiento recae sobre la tarjeta Cordobesa y los adelantos salariales. Cada agente público tiene la posibilidad de solicitar un adelanto de hasta el 30% de su salario, después del día 15 de cada mes. Y en un contexto de crisis económica, son muchísimos los estatales que recurren cada mes a esta herramienta para llegar a fin de mes.
El problema aparece cuando ese adelanto se suma al descuento automático de los gastos realizados con la tarjeta Cordobesa (Visa y Mastercard): al momento de acreditarse el salario, buena parte del dinero desaparece de inmediato de la cuenta sueldo para cubrir compromisos con Bancor.
Frente a este escenario, y luego de un análisis conjunto con el directorio del Banco de Córdoba, el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, el gobernador Llaryora decidió avanzar con el plan de “alivio financiero” para asistir a los trabajadores estatales más comprometidos por las deudas.
Los primeros en acceder a esta refinanciación fueron los integrantes de la Policía de Córdoba.

Hasta la semana pasada, unos 3.500 efectivos se habían acogido al beneficio, que permite refinanciar las deudas en hasta 48 cuotas fijas.
En términos prácticos, el esquema funciona de la siguiente manera: Bancor otorga un crédito por el monto total de la deuda; a ese monto se le suman intereses –con una Tasa Efectiva Anual (TEA) cercana al 79% en 36 meses– y el deudor elige la cantidad de cuotas fijas para cancelar el compromiso. La condición es que la cuota no supere el 30% del salario.
De este modo, quienes ingresan al plan de refinanciación comienzan a recuperar una mayor disponibilidad de ingresos, siempre y cuando no recurran al adelanto de sueldo.
En el SEP, por ejemplo, las autoridades del gremio reconocían que existe una franja de empleados públicos que directamente no percibe “ni un peso” cuando se acredita el sueldo, debido a los descuentos automáticos realizados por el banco oficial.
Por esa razón, durante la discusión paritaria, el titular del SEP, Sergio Castro, insistió en que los descuentos no afectaran el salario familiar ni los subsidios destinados a agentes con hijos con algún tipo de discapacidad.
El mismo programa de refinanciación también quedó a disposición del sector docente.
Según un relevamiento realizado por el Gobierno, hay 19 mil docentes que tienen deudas con Bancor y sufren descuentos superiores al 50% de sus salarios.
En el caso de los jubilados docentes, son 6.100 los pasivos que también destinan más de la mitad de sus haberes al pago de deudas.
Entre los empleados de la administración pública provincial afiliados al SEP, el relevamiento detectó 11.400 agentes que cobran menos del 50% de sus salarios debido a los descuentos vinculados con deudas en el banco oficial.
En el sector pasivo del SEP, en tanto, hay 4.900 jubilados endeudados que, al momento de cobrar, reciben descuentos superiores al 50% de sus haberes.
La situación también golpea con fuerza en los hospitales públicos, un ámbito atravesado por permanentes reclamos salariales pese a la reciente firma de la paritaria. Allí, 3.600 trabajadores tienen deudas que les consumen más de la mitad de sus ingresos.
Entre los jubilados del sector sanitario, además, hay otros 1.200 que cobran menos de la mitad de sus haberes debido a deudas con la tarjeta oficial.
En el Poder Judicial provincial, el panorama tampoco es menor: hay dos mil empleados que sufren descuentos superiores al 50% de sus salarios por deudas financieras. Entre los jubilados judiciales, unos 400 también reciben fuertes descuentos mensuales por el mismo motivo.