Gestión Passerini. La oposición quiere una Comisión Investigadora sobre la noche de Córdoba

En medio de la creciente discusión sobre los controles en locales bailables, bares y espectáculos nocturnos, el Frente Cívico, junto con la UCR y otros bloques opositores, presentó en el Concejo Deliberante dos proyectos para investigar el funcionamiento del sistema municipal de habilitaciones y fiscalización.

La iniciativa fue anunciada por la concejala Elisa Caffarati, quien cuestionó el esquema actual de controles y reclamó "abrir las cajas negras" del proceso mediante el cual la Municipalidad autoriza y supervisa el funcionamiento de los establecimientos nocturnos.

"La noche cordobesa no puede seguir funcionando bajo un sistema de habilitaciones peligroso, poroso y discrecional", sostuvo la edil. Y agregó: "No queremos más anuncios reciclados ni más burocracia interna del Palacio 6 de Julio. Queremos abrir las cajas negras".

Uno de los proyectos propone la creación de una Comisión Investigadora dentro del Concejo Deliberante para auditar, analizar y emitir un dictamen sobre los procedimientos municipales de habilitación y fiscalización. La comisión tendría facultades para requerir documentación y analizar expedientes vinculados con la actividad nocturna.

La segunda iniciativa impulsa la realización de una auditoría externa e independiente a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con el objetivo de revisar las habilitaciones otorgadas durante los últimos cinco años.

Según Caffaratti, la intención es determinar si existieron irregularidades en la concesión de permisos, reaperturas de locales clausurados o excepciones otorgadas por la administración municipal.

"Hay que terminar con las excepciones, las reaperturas exprés y las dispensas arbitrarias que ponen en riesgo la vida de los jóvenes cordobeses", afirmó la concejala.

El planteo opositor se produce en un contexto en el que la nocturnidad volvió a instalarse en el centro del debate público. Durante los últimos años, distintos episodios vinculados con locales nocturnos y fiestas clandestinas derivaron en cuestionamientos sobre la eficacia de los controles municipales.

En respuesta a esas críticas, la gestión del intendente Daniel Passerini creó una Unidad Especial de Control Nocturno, destinada a reforzar las inspecciones y coordinar operativos junto con la Policía provincial.

El municipio anunció entonces un esquema intensivo de fiscalización durante 90 días y aseguró que el objetivo era fortalecer la presencia del Estado en los principales corredores gastronómicos y de entretenimiento.

La problemática también expuso la complejidad que enfrentan los inspectores municipales. El propio Passerini reveló que un funcionario encargado de clausurar un bar había recibido amenazas y que incluso desconocidos dejaron balas sobre su escritorio, un episodio que derivó en una denuncia judicial y encendió alertas sobre las presiones que existen alrededor de la actividad nocturna.

Desde el oficialismo sostienen que los controles se intensificaron en los últimos meses y destacan los operativos conjuntos realizados junto al Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Guardia Urbana y la Policía. Sólo durante los primeros meses de este año se concretaron cientos de actuaciones preventivas, clausuras e intervenciones por irregularidades detectadas en eventos y establecimientos nocturnos.

Los proyectos impulsados por la oposición deberán ahora ser debatidos en el Concejo Deliberante, donde Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con mayoría propia.

El domingo, La Voz reveló un sistema atravesado por la informalidad, la falta de controles efectivos y sospechas de corrupción que, según distintas fuentes, se arrastra desde hace años y excede a la actual gestión municipal.

El trabajo periodístico reconstruyó, a partir de testimonios de empresarios, funcionarios, exfuncionarios, inspectores y actores vinculados a la actividad nocturna, cómo funciona un entramado en el que bares, boliches y otros espacios operan muchas veces bajo reglas diferentes a las que establecen sus habilitaciones.

El femicidio de Agostina Vega y la posterior clausura del bar Wachitas pusieron el foco sobre las falencias del sistema de fiscalización. El local, según la investigación, contaba con habilitación para expendio de bebidas, pero desarrollaba actividades que excedían ampliamente ese permiso, una situación que, de acuerdo con especialistas consultados, difícilmente podría pasar inadvertida para los organismos de control.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al diseño del sistema municipal de fiscalización. Actualmente, las tareas de inspección están distribuidas entre distintas áreas y cuerpos especializados, mientras que el Ente de Fiscalización y Control, creado por la gestión de Daniel Passerini para mejorar la transparencia y agilizar los procedimientos, cuenta con una estructura reducida de inspectores propios.

Las fuentes consultadas describieron además un esquema informal de recaudación ilegal, conocido en el sector como "la semanal", mediante el cual algunos locales pagarían sumas periódicas para evitar sanciones o clausuras. Aunque estas denuncias no fueron judicialmente comprobadas en su totalidad, la investigación recordó antecedentes recientes de inspectores municipales imputados o condenados por hechos de corrupción vinculados a habilitaciones y controles.

Otro punto crítico es el régimen de habilitaciones. Empresarios y exfuncionarios cuestionan la obligación de renovar integralmente los permisos cada cinco años, un procedimiento que, según sostienen, multiplica trámites y genera condiciones propicias para prácticas irregulares.

La investigación también expuso la escasa cantidad de denuncias formales. De acuerdo con el fiscal de Cámara Marcelo Fenoll, muchos empresarios no denuncian presuntas extorsiones porque la relación termina siendo funcional para ambas partes.

Frente a este escenario, el municipio anunció la creación de una Unidad Especial para el Control de Espectáculos Públicos. Sin embargo, sectores de la oposición y exfuncionarios sostienen que las reformas impulsadas hasta ahora no lograron revertir los problemas estructurales del sistema.