Cuesta imaginar que un intendente que no ha podido demarcar las líneas de calles y avenidas de la ciudad en sus tres años de gestión pueda terminar con el negocio de la noche que, desde la democracia a esta parte, no ha hecho más que agigantarse. Daniel Passerini anunció la creación de una Unidad Ejecutora que revisará en los próximos 90 días las condiciones en las que trabajan los alrededor de 300 bares, pubs, restó y discotecas que existen en la Capital.
Bien al estilo del general Perón, la comisión estará integrada por representantes de las universidades, cámaras empresarias, Ministerio de Seguridad, Ejecutivo Municipal y todos los bloques del Concejo Deliberante. Sin juzgar de antemano lo que deparará ese trabajo, se valora al menos el reconocimiento de que existe un problema y que es grave. Le tocó al intendente salir a poner la cara ante un desmadre de años y lo hizo.
Pero Passerini no es el único que debe actuar. Tiene que haber, antes que nada, una voluntad política de desarmar el desmadre que es la noche y eso incluye al Gobierno de Córdoba, la Policía y la Justicia. Hay que estar dispuestos a atacar el corazón del negocio.
Se sabe desde hace años: quienes trabajan en la noche pagan para no ser controlados, o para que les hagan cada tanto multas nimias como un extintor vencido o escaleras sin antideslizantes de modo que se puedan cancelar pronto y, a las horas, seguir funcionando. Ninguno cuestiona que bares habilitados como bares funcionen como discotecas. Eso no se puede, porque las disco sólo pueden estar en avenidas y en Güemes, por ejemplo, no hay ni una.
Nunca nadie encuentra menores comprando alcohol. Se sabe que los menores entran con DNI trucados y todos fingen demencia.
Las versiones de lo que pasa tienen número: “la semanal” que se reparte en motitos de delivery desde Vélez Sársfield al 500 hasta la plata municipal reparte $300 mil para cada inspector y mucho más a la cadena hacia arriba. Son $25 millones para Habilitación de Negocios y $5 millones para Espectáculos Públicos los que se distribuyen a la semana. El nombre a los actores (que este diario se reserva) se los tiene que poner los fiscales. Es otra asociación ilícita, igual a la de Bomberos.
No hay denuncias de empresarios por extorsión de los inspectores, obvio, porque caerían en el delito de cohecho: la coima es voluntaria, se ponen de acuerdo en algo que les sirva a los dos y que no mate el negocio, que es lo que quieren los dos.
El problema es el sistema
¿Vamos todos a mirar para otro lado? El sistema de controles municipales exige que, cada cinco años, haya que hacer de nuevo todas las habilitaciones, aunque el propietario no haya movido un cajón de su local. La Policía, que años atrás ponía dos hombres por camioneta municipal, hoy apenas destina una camioneta para todos los controles.
La mayor parte de los inspectores no trabaja como debería porque han rechazado pasar al Ente Municipal, que sí tiene el tamaño de una Pyme sólo con funcionarios y directivos.
Hay que dar discusiones locales y otras que exceden al marco de una ciudad. ¿Está bien que nuestros jóvenes salgan a bailar recién después de la 1 para salir a las 5 y pasar a los after? Se perdió la oportunidad de oro que dio la pandemia, cuando todo se había adelantado cuatro horas. Eso depende de una regulación local.
La oposición quiere una Comisión Investigadora sobre la noche de Córdoba
¿Está bien que haya dos o tres quioscos 24 horas en avenidas sólo con el objetivo de vender alcohol? ¿Y que pongan mesas en la vereda y todos tomen como si fuera lo más natural del mundo y nadie diga nada? Eso era local, ahora también es de incumbencia provincial. Teléfono, Policía.
¿Está bien que el alcohol en Argentina sea tan barato? Una botella de vodka Smirnoff cuesta menos de $10 mil en Argentina cuando en Australia cuesta $70 mil, $55 mil en Singapur, $30 mil en España y $22 mil en Nueva York. Eso es regulación nacional, porque el precio final depende de los impuestos: otros países que desalientan el consumo los encarecen por esa vía.
Ahora, que un pibe con su tribu tome en la vereda y luego se suba a un auto y no se mate o mate a terceros es incumbencia municipal y provincial. Demasiada suerte tenemos para no contar varios muertos por noche: quien se dé una vuelta por la ciudad a las 4 de la madrugada entenderá que los dioses están de nuestro lado.
¿Cómo puede un inspector municipal ser dueño de cuatro departamentos en Celso Ramos, una carnicería y un salón de fiestas con un sueldo que, en los papeles, es de $3,5 millones contando las horas extras? Eso es de incumbencia de la Justicia.
¿Cómo puede el clan Moyano operar como opera? ¿Cómo puede una misma sociedad tener el 80% de la oferta nocturna en Córdoba? ¿Qué busca quien acapara toda la oferta? ¿Quién es el verdadero dueño de Wachitas? A eso lo tiene que buscar un fiscal: pedir pruebas, indagar. Claro, deberían algún sábado trabajar a la madrugada.
Los fiscales son los grandes ausentes de esta problemática que nos agobia: han desertado de su función de perseguir el delito. Miran para otro lado, no se meten, fingen demencia. Saltan las pruebas a la vista de todos y no hacen nada. Total, no son elegidos por el voto popular y tienen el salario asegurado hasta el final de sus días.
Si actúan mal, pueden ser destituidos, como pasó primera vez en Córdoba con el jury que bajó a tres fiscales por mala praxis en el caso Dalmasso. Pero si no hacen nada, nada les puede pasar. Pero dejar hacer también es mala praxis.
