La teoría del derrame es una idea económica que en Argentina no constató sus prometidos efectos de crecimiento por desborde y contagio. Pero el derrame del ajuste nacional sí se constata a pleno en todo el territorio nacional. En abril, esto ocurre como nunca antes en los 28 meses que Javier Milei lleva en el poder.
A un tercio de las provincias, las consecuencias les llegaron antes, por su mayor dependencia de los envíos nacionales: hace meses que reciben aportes del Tesoro nacional (ATN) para pagar sueldos. A principios de este mes, la mitad de las provincias –entre las que también se encuentran las anteriores– recibieron anticipos de coparticipación por $ 400 mil millones para cumplir con sus obligaciones básicas. Córdoba no estuvo entre unas ni otras: nunca tuvo un ATN en la era Milei y sigue sin recibir siquiera los fondos de la emergencia por los incendios de 2024.
Aunque en el Panal a esta altura ponen en primer lugar el factor político, está claro que la economía provincial tuvo hasta ahora menor dependencia de la coparticipación por el dinamismo del sector privado. Hace al menos un semestre que esta ecuación se desvirtuó: las cuentas provinciales sienten la intensidad de la merma de recursos nacionales –según los cálculos del Iaraf, Córdoba perdió U$S 955 millones entre enero de 2024 y febrero de 2026– y el sector privado cordobés está fuertemente afectado, por lo que cae también la recaudación propia de la Provincia y de los municipios.
Lo que queda como diferencial a la Provincia es su capacidad crediticia: realizó dos emisiones de deuda en seis meses. Una por U$S 1.525 millones entre junio de 2025 y enero de 2026, y colocaciones a 24 meses por $ 185 mil millones. El mes pasado tomó otros U$S 250 millones para la circunvalación de Río Cuarto y, días atrás, 50 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo para modernizar infraestructura hospitalaria.
Esa vía de financiamiento tiene un límite claro y la gestión de Martín Llaryora dio la primera señal de ajuste en diciembre pasado, con la suba de aportes previsionales que la Justicia provincial analiza con extremo detenimiento.
En marzo, aplicó un control adicional al gasto, que supone una postergación de pagos: ya se constata una suba de la deuda flotante en la mayoría de los ministerios y hay numerosos programas provinciales con ejecución cero a mitad de abril. Algunos son intrascendentes, pero la entrega de leche para la primera infancia también está en esa situación.
Deuda flotante
En algunas áreas, la Provincia empieza a hacer lo que en la Nación es regla. En marzo, el superávit anunciado por el ministro Luis Caputo fue de $ 484.789 millones y la deuda que ese mes registraba el Pami con sus prestadores era de unos $ 500 mil millones: nunca fue tan evidente quiénes costean los éxitos fiscales libertarios.
Ya consumidos en buena parte los efectos de la motosierra y de la licuación de sueldos y jubilaciones, Caputo ahora hace la diferencia con la deuda flotante. Dejó de pagar y pasó a otra etapa: la de profundizar todos los conflictos originados en el ajuste nacional que se transfieren al territorio de las provincias. Repasemos los de esta semana en Córdoba:
Envíos nacionales: Córdoba resignó U$S 955 millones desde que llegó Milei
Pami. La atención médica de 500 mil jubilados nacionales está afectada y la situación deriva en un automático traslado de responsabilidades a la Provincia y los municipios. La semana pasada, el conflicto se hizo público por la restricción en la atención de los médicos de cabecera, pero desde hace meses sube sin pausa la atención y la provisión de medicamentos a jubilados nacionales en los hospitales provinciales y las salas de atención de los municipios. La deuda del Pami con la Provincia supera los $ 4.700 millones, y tampoco está pagando a los municipios.
Universidades. El viernes, la Nación llevó a la Corte su reclamo para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga a Milei a actualizar por inflación los salarios docentes. Lo que la actual gestión les recortó asciende a $ 2,5 billones en concepto de remuneraciones. Y también cayeron 48% los recursos operativos que reciben las universidades para su funcionamiento. Se trata de un desfinanciamiento que afecta de manera estructural a la educación superior y que en Córdoba tiene peso adicional en los colegios preuniversitarios y en la inmensa comunidad vinculada a la UNC y las casas de estudios de Villa María y Río Cuarto.
Rutas. Un decreto firmado por Milei y publicado el viernes pasado habilitó a nueve provincias, entre ellas Córdoba, a concesionar tramos de rutas nacionales en sus territorios para que sean reparadas a cambio del cobro de peaje. La medida no sólo evidencia que la Nación no prevé inversión alguna, sino que ni siquiera se tomará el trabajo de efectuar las licitaciones para concesionar las rutas. En cambio, sigue embolsando los recursos del Impuesto a los Combustibles, que son específicos para mantenimiento de rutas: más de $ 1,1 billones desde 2024 a la fecha, mientras el deterioro vial avanza.
Fadea. La incertidumbre en la Fábrica Argentina de Aviones es total y los 720 trabajadores ni siquiera cobraron los sueldos. No hay proyecto alguno, y la Nación tampoco aceptó –a principios de la gestión– la transferencia a la Provincia que intentó Llaryora. Ahora esa posibilidad tampoco le interesa al Panal y lo que queda es un conflicto de muy improbable resolución productiva.
Discapacidad. La situación de las instituciones que asisten a personas con discapacidad pasa de crítica a insostenible por el recorte del financiamiento nacional. La Provincia esta semana anunció que distribuirá $ 450 millones para atender la emergencia de centros de referencia, como el Cottolengo Don Orione, Apadim o Iram. No obstante, en ese promocionado acto, Llaryora también recalcó que el margen de Córdoba es muy estrecho. Y eso que las cuentas todavía no registran el 40% de aumento ofrecido –y hasta ahora, no aceptado– por los docentes de la UEPC, que luego deberá hacerse extensivo a todo el sector público provincial.
Todo esto se añade a las condiciones que Milei aplicó desde el vamos con la eliminación de los envíos al transporte del interior, del incentivo docente y de los recursos para las cajas de jubilaciones de las provincias. En todos esos casos, la Provincia puso los recursos que la Nación dejó de enviar.
Si la UEPC acuerda con Llaryora, ¿se termina el conflicto en las escuelas?
Cuando se suman todas las restricciones nacionales que impactan en las obligaciones de las provincias, queda en evidencia una profunda reforma del Estado de hecho y a los empujones. Una transferencia de funciones por la vía del abandono de responsabilidades básicas de la Nación, sin la correspondiente asignación de los recursos a las provincias, sin planificación y sin que importe lo que cada gobernador hace o deja de hacer después con todo aquello que la Nación abandona.
Si fuera tan sólo de un reparto de costos políticos, sería un problema de unos cuantos dirigentes. Se trata de un alegre revoleo de responsabilidades sobre cuestiones mucho más trascendentes. Casi todas ellas, de las más trascendentes que el Estado tiene en sus manos.
