Como una derivación política y administrativa del femicidio de Agostina Vega, que abrió un debate sobre los cargos precarizados –becarios y monotributistas– que existen en la Municipalidad de Córdoba, en el Gobierno provincial comenzaron a efectivizarse más de 200 cargos jerárquicos que habían sido concursados durante la gestión anterior, pero cuyos ganadores aún no habían sido designados oficialmente.
Según fuentes gremiales, se trata de concursos impulsados en 2022 por el entonces gobernador, Juan Schiaretti, para cubrir puestos de jefaturas de área, de subdirecciones de jurisdicción y de direcciones de jurisdicción dentro de la administración pública provincial.
La convocatoria se realizó bajo los lineamientos de la ley 9.361 y su decreto reglamentario (1.641/2007). En aquel momento, el detalle de los cargos por concursar en ministerios, secretarías, agencias y la Fiscalía de Estado fue publicado en el Boletín Oficial provincial.
Hubo dos tandas de concursos, una en 2022 y otra en 2023, para cubrir casi 800 cargos jerárquicos.
Tal como establece la normativa, los procesos fueron llevados adelante por tribunales examinadores integrados por funcionarios provinciales, por representantes de los gremios estatales y por especialistas en cada materia.
Sin embargo, antes de abandonar el poder provincial el 10 de diciembre de 2023, Schiaretti dejó alrededor de 200 concursos resueltos, con sus respectivos ganadores, pero sin la correspondiente designación formal.
En muchos casos, esas confirmaciones quedaron demoradas por reclamos e impugnaciones presentadas por otros participantes, lo que extendió los tiempos administrativos para la ratificación de los cargos.
De este modo, Martín Llaryora heredó una situación particular: 200 cargos jerárquicos ya concursados, pero cuyos ganadores aún no habían sido oficializados.
Femicidio de Agostina: Daniel Pastore defendió la gestión y calificó como "carancheo" el uso político del caso
Los gremios estatales reclaman desde hace dos años la regularización de esa situación. La Unión Personal Superior (UPS), que nuclea a los empleados jerárquicos, es uno de los que más insistieron con este planteo, debido a la cantidad de afiliados involucrados en esos procesos.
“En los últimos días, muchos de nuestros afiliados que habían ganado los concursos fueron convocados para presentar la documentación necesaria para asumir los cargos. Es un reclamo que venimos haciendo desde hace dos años. No se trata de nuevos empleados de planta: en la mayoría de los casos son agentes con una larga trayectoria dentro del Estado que concursaron y obtuvieron esos puestos”, aseguró María Inés Palacios, titular de la UPS.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que conduce Sergio Castro, también reclama desde hace tiempo que se concreten las designaciones, especialmente en el área de Salud.
“Hubo reclamos e impugnaciones en algunos concursos que demoraron los nombramientos, pero en la gran mayoría de los casos los ganadores ya deberían estar ocupando esos cargos”, dijo Castro.
La efectivización de estos ganadores de concursos no significará más personal en planta permanente. Tampoco recursos adicionales, ya que en su gran mayoría los cargos se venían cubriendo por los concursantes de forma interina.
Efecto Barrelier
El caso de Agostina Vega instaló en el debate político la discusión sobre los escasos controles que existían sobre los becarios de la Municipalidad de Córdoba, condición laboral que tenía Claudio Barrelier, principal acusado por el brutal femicidio de la adolescente.
Durante su gestión como intendente capitalino, Llaryora recurrió a la incorporación de becarios y de monotributistas, una herramienta que la legislación permite y que fue utilizada con el objetivo de reducir el costo salarial del municipio.
Caso Agostina: Passerini y Llaryora, y el problema de correr detrás de los hechos
Ya como gobernador, mantuvo una estrategia similar. Desde su llegada al Centro Cívico, la planta permanente de empleados públicos se redujo en más de dos mil agentes, aunque paralelamente se incorporó a becarios y a monotributistas. En la Provincia, no está previsto convocar a concursos.
El ministro de Comunicación, Daniel Pastore, defendió públicamente esa política de contención del gasto salarial estatal.
“Estamos dispuestos a dar este debate. Cuando fue intendente, Llaryora tomó decisiones y le quitó poder al Suoem. Y ahora, como gobernador, es la garantía de que el costo laboral no absorberá recursos que deben destinarse a la gestión”, afirmó el funcionario llaryorista a La Voz.
