Medidas. El Inta confirmó 757 retiros voluntarios para reducir la planta en un 20%
Con el aval del Ministerio de Economía, el organismo técnico-agropecuario inició este lunes una nueva etapa de desvinculaciones. El objetivo del Gobierno es pasar de 5.750 a 4.500 empleados para achicar el gasto público.
El plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre los organismos del Estado avanza sobre la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
Este lunes, se concretó una fecha en el proceso de reestructuración con la salida formal de una nueva tanda de 380 agentes, lo que eleva el total de desvinculaciones a 757 en todo el país.
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El programa, promovido por el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, y financiado directamente por el Ministerio de Economía, tiene como meta final un recorte de aproximadamente el 20% del personal. Actualmente, el organismo cuenta con unos 5.750 trabajadores, pero las autoridades buscan consolidar una planta de 4.500 empleados.
El Gobierno fijó un cupo máximo de 1.200 adhesiones voluntarias, y actualmente el Consejo Directivo evalúa otros 150 casos adicionales que aguardan resolución.
Impacto en el territorio y pérdida de especialistas
Aunque el recorte tiene un carácter federal, la pérdida de técnicos y especialistas ya se percibe en las estaciones experimentales y agencias de extensión rural del interior. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la localidad de Rauch confirmó la salida de ocho trabajadores.
Uno de los casos más sensibles es el de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro, donde nueve agentes se acogieron al retiro, incluyendo a su propia directora, la ingeniera agrónoma Laura Hansen.
Esta baja en la cúpula de una sede clave para la fruticultura y horticultura evidencia que la reestructuración avanza sin distinguir jerarquías ni trayectorias técnicas, lo que genera preocupación en el sector productivo regional.
Condiciones y polémica por la "letra chica"
El programa de retiros establece una compensación económica de un sueldo y medio por cada año de servicio, pagadero en una única cuota en un plazo de 30 días.
Sin embargo, se generó descontento entre los trabajadores debido a que el Ministerio de Economía resolvió financiar estrictamente los años trabajados en planta permanente, dejando bajo observación las antigüedades acumuladas mediante contratos transitorios previos.
Además, por ley, quienes hayan firmado su salida tendrán prohibido reincorporarse a la administración pública nacional por los próximos cinco años.
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Con un costo fiscal que ya supera los $ 101.700 millones, aportados por la cartera que conduce Luis Caputo, el achique del Inta abre interrogantes sobre su capacidad operativa futura.
