Política
Un grupo de diputados argentinos denunció este lunes que el gobierno de Bolivia les prohibió el ingreso al territorio nacional y ordenó su inmediata expulsión. Según informes de la agencia EFE, agentes policiales trasladaron a los legisladores por la fuerza hasta una aeronave.
Desde el sector oficialista de Bolivia, la senadora Tomasa Yarhui respaldó la decisión migratoria y pidió la salida de los activistas que "no respetan la soberanía". La legisladora instó a la Cancillería boliviana a no permitir intromisiones políticas en los asuntos nacionales.
Por su parte, el diputado boliviano Alejandro Reyes calificó la llegada de la delegación como una "coordinación internacional" para desestabilizar al gobierno. Reyes vinculó a los argentinos con el respaldo al expresidente Evo Morales y pidió investigar el financiamiento de sus pasajes.
El legislador de la bancada Unidad sostuvo que estas acciones buscan favorecer el retorno de "regímenes autoritarios" al país vecino. En este clima de tensión, las autoridades locales justificaron la medida como una defensa de la soberanía estatal.
Regreso y conferencia en Ezeiza
El diputado Marino confirmó la salida de Bolivia mediante una publicación realizada desde el vuelo de retorno a la Argentina. "Ya estamos volviendo", comunicó el legislador, quien adelantó que brindarán explicaciones sobre lo sucedido tras su arribo.
La delegación fue escoltada por la policía hasta la región oriental de Santa Cruz antes de ser enviada de regreso a Buenos Aires. Se espera que los protagonistas brinden una conferencia de prensa a las 16.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En dicho encuentro, los parlamentarios detallarán el proceder de las fuerzas de seguridad y las razones esgrimidas por las oficinas migratorias. La situación generó una nueva fricción diplomática en medio de un contexto regional convulso.
Crisis humanitaria y económica
El conflicto se desarrolla mientras Bolivia atraviesa una crisis que ya ha dejado al menos 16 personas fallecidas. La mayoría de las muertes se produjeron por la imposibilidad de recibir atención médica debido a los bloqueos de rutas.
En el aspecto financiero, las pérdidas económicas acumuladas por la inestabilidad social se estiman en U$S 2.500 millones. El país vecino enfrenta uno de sus momentos más críticos en materia de abastecimiento y libre circulación.
