Conflicto. En una asamblea caliente, la UEPC finalmente aprobó el acuerdo con Llaryora

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió este lunes aceptar la cuarta oferta salarial presentada por la gestión de Martín Llaryora en una asamblea atravesada por tensiones internas, incidentes en la calle y una votación ajustada que expuso la fractura dentro del gremio. El resultado final marcó 80 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones, mientras que en el recuento por departamentos se registraron 18 adhesiones y 8 rechazos.

La decisión se tomó en el hotel sindical ubicado en la ciudad de Córdoba, donde desde horas antes se había montado un operativo de seguridad ante la posibilidad de disturbios. La previa había estado dominada por enfrentamientos entre docentes de la delegación Capital y efectivos policiales.

Según la versión oficial, los manifestantes - la mayoría de la izquierda- intentaron derribar las vallas dispuestas en el lugar y fueron contenidos con gases lacrimógenos. Ese episodio condensó el clima que rodeó a una asamblea considerada entre las más relevantes de los últimos años para el sindicato.

El encuentro fue encabezado por Roberto Cristalli, titular del gremio, quien llegó a la instancia de votación tras una negociación de último momento con el Ejecutivo provincial. Durante el fin de semana previo, las conversaciones se intensificaron con el objetivo de introducir modificaciones que permitieran revertir una tendencia que, hasta ese momento, se inclinaba hacia el rechazo.

Las asambleas escolares y departamentales realizadas días antes habían dejado señales de descontento en amplios sectores de la docencia.

El punto de inflexión estuvo en las correcciones incorporadas a la propuesta original. El Gobierno ofreció un esquema de actualización salarial atado al índice de inflación desde mayo hasta enero de 2027, lo que implicó un cambio respecto de versiones previas que habían sido cuestionadas por no contemplar una cláusula de ajuste automático.

A eso se sumó una mejora específica para jubilados, con un adicional de 20 mil pesos vinculado al Fonid, uno de los reclamos más reiterados en las bases.

Otro de los aspectos que había generado mayor resistencia fue el tratamiento de los días de paro. La propuesta finalmente aceptada contempló la devolución de una jornada (sujeta a la recuperación de contenidos), mientras que la otra quedó sujeta a descuento.

Ese punto había sido objeto de fuertes críticas en la previa, en especial por parte de la conducción de UEPC Capital, que sostenía una posición más confrontativa frente al Ejecutivo.

La votación reflejó ese cuadro de tensiones. Si bien la mayoría se inclinó por la aprobación, el volumen de votos en contra y las abstenciones mostraron que el consenso estuvo lejos de ser pleno. La división también se expresó en el mapa departamental, donde el respaldo se concentró en una mayoría acotada de distritos, mientras que otros sostuvieron el rechazo hasta el final.

En la antesala, los números que circulaban en el Centro Cívico anticipaban un escenario incierto. Un conteo preliminar ubicaba al rechazo en ventaja, aunque con varios departamentos en posición de revisar sus mandatos si las modificaciones resultaban suficientes. El estatuto gremial habilitaba ese margen de maniobra, ya que los delegados podían ajustar su voto ante cambios considerados beneficiosos para los docentes.

La conducción sindical apostó a ese mecanismo para inclinar la balanza. Las negociaciones del domingo buscaron precisamente introducir elementos que permitieran torcer voluntades sin desbordar el marco de lo que el Gobierno estaba dispuesto a conceder. En ese equilibrio se terminó definiendo el resultado.

El trasfondo del conflicto había estado marcado por semanas de tensión creciente. La discusión salarial se había empantanado en torno a tres ejes centrales. El esquema de aumentos mensuales, que en versiones anteriores se ubicaba en torno a incrementos fijos del 2% acumulativo. La situación de los jubilados, que reclamaban una recomposición específica.

Y el impacto de los descuentos por días de paro, que generaban un rechazo extendido en las bases.

La falta de acuerdo había abierto la posibilidad de una definición unilateral por parte del Ejecutivo provincial. En ese escenario, la administración de Llaryora evaluaba avanzar mediante decreto con las condiciones en discusión, ante la necesidad de liquidar los haberes de abril en un contexto de atraso salarial. También se analizaba una prórroga de la conciliación obligatoria para ganar margen de negociación.

La resolución de la asamblea evitó ese desenlace. La aceptación de la oferta permitió encauzar el conflicto dentro del marco paritario, aunque dejó abiertas las diferencias internas dentro del gremio.

La disputa entre la conducción provincial y la delegación Capital quedó expuesta durante todo el proceso. Desde ese sector, liderado por Franco Boczkowski, se sostenía que las mejoras introducidas resultaban insuficientes y se advertía sobre negociaciones reservadas que, según esa mirada, tendían a la baja.

Cristalli, en cambio, defendió la estrategia de negociación y cuestionó los posicionamientos anticipados de rechazo. Recordó que la representación formal en las paritarias correspondía a la Junta Ejecutiva y que las asambleas debían ajustarse a ese esquema institucional. Esa tensión atravesó toda la discusión y se proyectó sobre la votación final.

El resultado dejó un escenario complejo. Por un lado, el Gobierno logró cerrar un acuerdo clave con el principal gremio estatal de la provincia, en un contexto económico exigente. Por otro, la UEPC evidenció una fragmentación interna que condicionará las próximas discusiones.