“Nunca he perdido un caso”. Así se presentaba Ricardo Moreno, igual que Kevin Lomax, el abogado del diablo. Hasta el martes pasado. El abogado penalista y dirigente del PJ de la Capital llegó a un lugar desconocido para él: el punto sin retorno. Aquel día, Daniel Passerini le hizo saber que no sería más concejal de la ciudad de Córdoba, acorralado por su relación política con Claudio Barrelier.
Los operarios del Concejo Deliberante fueron hasta la que era su oficina y tiraron a la basura el cartel que decía “concejal Ricardo Moreno”. Intentó resistir. Pero el jueves 4, cuando se conmemoraba el octogésimo aniversario de la asunción de Juan Domingo Perón a la presidencia, el PJ hizo algo infrecuente: soltarle la mano a un compañero.
Los primeros años
El retorno de la democracia encontró a Ricardo Moreno como militante raso de Marcelino Pérez, el amo y señor del PJ en la seccional 10ª. Allí tenía como compañero de militancia a Carlos Lezcano, el actual fiscal General de la Provincia. Los nombres de Pérez, Lezcano y Moreno volverán a entrelazarse más abajo, pero aún estamos a mediados de la década de 1980, cuando reinaba en Córdoba la Unión Cívica Radical.
En 1988, Moreno fue contra la corriente: se puso a las órdenes de Carlos Menem en la interna que el por entonces gobernador riojano tuvo con Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota. La suerte estuvo de su lado y “el abogado del diablo” quedó del bando vencedor.
Así se integró a “Federalismo y Liberación”, la línea que conducía Leonor Alarcia, la poderosa delegada de Menem en Córdoba. En paralelo a su carrera política, Moreno se lucía como uno de los principales abogados “sacapresos” de Córdoba, un penalista que veía en cada caso de exposición una posibilidad de hacer conocido su nombre. “Publicidad”, según sus propias palabras.
“La tropa de Ricardo estuvo vinculada a ese submundo, generalmente como parte de pago por los servicios que él les prestaba como defensor”, dice un exfuncionario nacional que tuvo que acoger a exconvictos o familiares de estos que llegaron a la administración por “pedido de Moreno”.
Es una descripción que toma fuerza por el contexto: es inimaginable que algún peronista cordobés haya desconocido cómo nutría el abogado Moreno su estructura política.
El peronismo perdidoso
En 1991, Ricardo Moreno asumió por primera vez como concejal de la ciudad de Córdoba. Cuatro años después, saltó a la Cámara de Diputados de la Provincia, como socio menemista de la lista que armó el peronismo para enfrentar a Ramón Mestre: Guillermo Johnson fue el candidato a gobernador, secundado por Oscar González.
Dos años después de asumir como diputado provincial, el lunes 22 de diciembre de 1997, Moreno y los otros tres menemistas levantaron las manos junto a 30 diputados mestristas para crear la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado y, así, habilitar las slots, las máquinas que modificarían la estructura de los juegos de azar durante los 25 años subsiguientes.
Por entonces Moreno ya había abandonado a Alarcia y orbitaba en el sistema de Juan Schiaretti: en la interna de abril de 1997, Moreno fue cuarto precandidato a diputado nacional en la lista que encabezó Schiaretti. Aquella lista fue la gran derrotada.
Después de aquella interna, Moreno volvería a mostrar las habilidades de su pragmatismo, cualidad que también se le reconoce en Tribunales: de la mano de Jorge Bucco, quien como intendente de San Francisco era una estrella en ascenso en el PJ cordobés, se mudó a aquel breve experimento llamado “orteguismo”, que intentó en vano propulsar la carrera política de Palito Ortega.
El peronismo poderoso
La llegada del PJ al poder en Córdoba encontró a Moreno como tropa de Marcelino Pérez, a quien el por entonces intendente Germán Kammerath designó al frente de la Dirección de Parques y Paseos.
En agosto de 2002, Pérez fue detenido in fraganti, mientras pedía una coima a la dueña de una lomitería del Parque Sarmiento. Moreno fue su abogado defensor y dijo que el dinero incautado (bonos Lecor) correspondía a una “colaboración espontánea y voluntaria” de la dueña del negocio al funcionario. Pérez fue a la cárcel.
En 2003, Carlos Lezcano, un compañero de militancia de toda la vida de Moreno, daría un salto que el abogado seguramente celebró: fue designado sorpresivamente juez de Control de la ciudad de Córdoba. En decenas de expedientes los amigos y compañeros de militancia de la seccional 10ª se cruzaron: Lezcano como juez, Moreno como defensor.
Quizá el más relevante fue aquel en el que Moreno abogó a favor de Liliana Navarro, la actual camarista federal de Córdoba, quien en 2013, cuando aún era secretaria penal del Juzgado Federal N° 1 estuvo imputada (y luego, sobreseída) por amenazas.
La relación de la camarista federal y el abogado penalista es conocida en Tribunales federales, y quedó expuesta como nunca en diciembre de 2014, cuando Navarro juró como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones y ambos se fundieron en un abrazo. Unos meses antes, en junio, Moreno había sido designado “conjuez” de la Cámara Federal de Apelaciones.
A dos puntas
Para esa época, Moreno era una pieza clave del armado del kirchnerismo en Córdoba, al que llegó de la mano de Ricardo Jaime. En el gobierno de Cristina Fernández se afianzó como interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por lo que respondía a Julio De Vido.
Con los vínculos aceitados con el kirchnerismo, Moreno fue un todoterreno del Frente para la Victoria. Lideró la avanzada a favor de la Resolución 125, usufructuó los programas como “Carne para Todos”, integró en 2011 la lista de candidatos a diputados que llevó como primer candidato a Fabián “el Pipi” Francioni, y puso su estructura gremial a trabajar en la candidatura de Carolina Scotto, en 2015.
Ya era un peso pesado: en 2009 había empoderado a Mauricio Saillén en el Surrbac, desde donde el gremio controlaba la fallida empresa estatal de recolección de residuos Crese. Moreno y su yerno, Jorge Sánchez del Bianco, defendieron a Saillén y a Pascual Catrambone durante una década, hasta 2019.
Con Sergio Fittipaldi, jefe del Soelsac (Limpieza), Moreno tejió una alianza política que llevó al titular del Soelsac a conducir Las 62 Organizaciones Peronistas, la que siempre estuvo puesta a disposición del PJ Capital, donde Moreno puso su tropa a disposición de Alejandra Vigo.
En diciembre de 2019, Schiaretti designó a Moreno asesor de gabinete con rango de subsecretario en el Ministerio de Coordinación que conducía Silvina Rivero.
Con esta banca, llegó a la lista de concejales que acompañaron a Daniel Passerini en 2023. Ocupó el 22° lugar. Parecía una candidatura testimonial, pero asumió.
El martes recibió el llamado que jamás pensó recibir. El jueves, acorralado, el peronista que “fue usado por todos y usó a todos” conoció un círculo que no conocía: el de la renuncia política.
