Llaryora. Tribunal de Cuentas: el juecismo pide explicaciones sobre $120.000 millones aprobados para las escuelas

En un clima de tensión política creciente, tribunos de cuentas y legisladores del juecismo llevaron a la Legislatura de Córdoba una denuncia que apunta directo al corazón de la gestión educativa provincial de Martín Llaryora. El eje no es nuevo, pero esta vez se presentó con números concretos, en el marco del conflicto con la UEPC y con la advertencia sobre el deterioro de la infraestructura escolar, lo que podría derivar en accidentes.

La exposición se realizó este lunes ante legisladores de la UCR, el PRO y otros bloques opositores. Allí, el tribuno de cuentas Beltrán Corvalán planteó - junto a su par Fernanda Leiva- que la situación “es muy grave porque involucra a la educación”, y cuestionó tanto la ejecución de los fondos como el tratamiento institucional del tema.

Según describió, ni siquiera se les asignó una sala adecuada para exponer dentro del edificio legislativo, un gesto que interpretó como falta de interés político.

Pero el punto central fue otro. Corvalán aseguró que el Tribunal de Cuentas aprobó más de 170 expedientes vinculados a obras y reparaciones escolares, por un monto superior a los 120.000 millones de pesos. La cifra, agregó el dirigente, abre la duda: si ellos autorizaron los fondos, ¿por qué persisten las deficiencias estructurales en numerosos establecimientos?

“Vinimos a exponer la cantidad de plata que se ha aprobado para reparar colegios y el estado lamentable en el que están”, señaló. Y fue más allá: advirtió que el deterioro no es solo un problema de calidad educativa, sino un riesgo concreto para alumnos y docentes. “Queremos alertar porque puede haber algún tipo de accidente”, insistió.

Desde el plano político, el legislador del Frente Cívico Walter Nostrala tomó esa información y la transformó en una acusación directa contra el Ejecutivo provincial. Anunció que impulsará una denuncia penal contra el ministro de Educación para que la Justicia investigue el destino de esos fondos.

“Queremos que un fiscal nos diga dónde están estos más de $ 120.000 millones”, planteó.

Nostrala buscó ampliar el enfoque del debate al sostener que la crisis educativa no puede reducirse a la discusión salarial, aunque la incluya. En su planteo, el deterioro edilicio es un componente estructural del problema.

“Los chicos pasan el invierno con frío, con ventanas rotas, con puertas que no cierran, con techos que se caen”, describió, en una enumeración que apunta más a la imagen que al dato técnico, pero que logra instalar una escena reconocible.

La oposición, en ese sentido, intenta construir una línea argumental sostenida: durante años se habrían aprobado partidas millonarias sin que eso se traduzca en mejoras visibles. Según Nostrala, el reclamo no es nuevo y fue reiterado en el recinto por distintos bloques opositores.

Como respuesta, la Provincia informó que, en dos años y cuatro meses de gestión, ya superó los $ 107 mil millones de inversión en mantenimiento y obra pública en escuelas de la ciudad de Córdoba. El plan incluye además nuevas intervenciones proyectadas para el período 2026-2027.

"De acuerdo con un informe consolidado del Ministerio de Educación, desde el inicio de la actual administración se realizaron 12.917 intervenciones directas de mantenimiento en establecimientos educativos de la Capital. El objetivo es garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y confort para la comunidad educativa", dijo el Panal en un comunicado.

De acuerdo con el Gobierno, en respuesta a la denuncia, "el programa de mantenimiento continuo registró un crecimiento sostenido tanto en cantidad de trabajos como en montos asignados".

"En 2024 se realizaron 4.111 intervenciones por $10.800 millones. En 2025, el número ascendió a 8.606 intervenciones, con una inversión de $ 23.689 millones. En lo que va de 2026, se contabilizan 200 intervenciones, con un monto de $26.196 millones", dijeron desde la administración llaryorista.

Las tareas se concentraron principalmente en sanitarios (31%), sistemas eléctricos (28%), albañilería (18%), herrería (11%) y cubiertas (8%). Las intervenciones incluyeron reparaciones eléctricas, mantenimiento de sanitarios, arreglos estructurales, reposición de equipamiento, limpieza de sistemas de gas y trabajos generales derivados del uso intensivo de los edificios escolares.

En paralelo, la Provincia dice que adjudicó 678 obras de mayor envergadura, con una inversión total de $ 47.401 millones. Según el informe oficial, el nivel de ejecución alcanza actualmente el 78%.

El detalle contempla obras de gas (principal componente en 2025), obras mayores, reparaciones generales e intervenciones en cubiertas.

Según el oficialismo, "durante 2024 se concretaron 237 contrataciones, mientras que en el período 2025-2026 se intensificó la ejecución con 441 contrataciones, con foco en infraestructura considerada crítica".

Para la próxima etapa, el Gobierno provincial dijo que proyecta intervenir más de 250 escuelas a través de tres ejes.

El informe oficial señala que la estrategia combina la respuesta a la demanda cotidiana con una planificación de largo plazo, orientada a mejorar la calidad de los espacios escolares y acompañar el crecimiento del sistema educativo.

Las acciones incluyen tanto mantenimiento preventivo —para evitar deterioros mayores— como intervenciones estructurales destinadas a modernizar la infraestructura y adecuarla a estándares actuales.