El Gobierno provincial trabaja en un borrador para presentar en los próximos días un extenso proyecto de ley que busca establecer en Córdoba un régimen de extinción de dominio. Se trata de un procedimiento que regula una acción real autónoma que permitiría al Estado avanzar sobre bienes y activos presuntamente relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, delitos complejos y hechos de corrupción.
La propuesta comenzó a tomar forma en el Ministerio de Justicia y Trabajo, a cargo de Julián López, después de que el gobernador Martín Llaryora anunciara la iniciativa el pasado 9 de julio, durante un acto realizado en la ciudad de Río Cuarto.
En la Legislatura provincial, uno de los dirigentes que tendrá a su cargo llevar adelante el debate será el presidente provisorio del cuerpo, Juan Manuel Llamosas. El exintendente de Río Cuarto fue una de las espadas del Centro Cívico en la Unicameral que consiguió el respaldo del bloque oficialista y de sectores opositores para aprobar las últimas leyes consensuadas.
Entre esas normas se encuentran la denominada Ley Joaquín, destinada a establecer mecanismos para proteger a las víctimas de delitos; y la legislación conocida como antibúnkeres o antiaguantaderos, que permite al Estado provincial intervenir por la vía administrativa y judicial sobre inmuebles o muebles utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo, pero también para otros delitos o que perturben la convivencia vecinal.
Desde la cartera que conduce el ministro López ya comenzaron a examinar un primer diseño regulatorio junto con el director de Política Judicial y Reforma Procesal, Pablo Sánchez Latorre, especialista de estos temas. El funcionario tuvo a su cargo la redacción y elaboración de las dos últimas leyes aprobadas por unanimidad y obtuvo el reconocimiento de dirigentes opositores para consensuar el articulado de las normativas ya tratadas.
El nuevo proyecto apuntaría a “atacar la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales en cuestiones de narcotráfico, delitos complejos y estafas piramidales”, explicaron fuentes del oficialismo provincial.
“Se trata de una acción civil que busca invertir la carga de la prueba para que una persona imputada en un proceso penal acredite el origen lícito de sus bienes y activos, ya sean, por ejemplo, criptomonedas, vehículos o bienes en general”, señalaron desde el Centro Cívico.
La iniciativa se encuentra en pleno desarrollo y cuenta con la decisión política del gobernador Llaryora. Una de las cuestiones que deberá resolverse en los próximos días es si la propuesta ingresará a la Legislatura como una iniciativa del Poder Ejecutivo o como un proyecto del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.
El objetivo del Estado provincial es recuperar bienes presuntamente provenientes de actividades ilícitas o eventualmente que no puedan acreditarse en el proceso civil, la licitud de su origen y posteriormente disponer de ellos para los fines que queden establecidos en la futura norma.
Con apoyo de todos los legisladores, Córdoba aprobó la ley antibúnker
“Esta es una herramienta más para combatir desde varios frentes al narcotráfico y a la actividad criminal en Córdoba, como ya lo hicimos con el apoyo de todos los bloques, con la Ley Joaquín, con la ley antibunker y, anteriormente, con la Ley de Seguridad”, insistieron desde el Gobierno provincial.
La extinción de dominio ya fue incorporada a la regulación nacional, mediante los DNU 62/2019 y 575 y 582/2025. En las provincias fue legislado en Mendoza, Santa Fe, Chubut, entre otras.
La extinción de dominio ya fue incorporada a la legislación de otras provincias. El antecedente más avanzado se encuentra en Mendoza, donde la herramienta no sólo tiene carácter de ley, sino que ya tuvo aplicación judicial.
En 2021, la Justicia mendocina declaró extinguido el dominio sobre tres inmuebles pertenecientes al exintendente de Guaymallén Luis Lobos y a su esposa, luego de que no pudieran acreditar el origen lícito de los fondos utilizados para adquirirlos. La Justicia rechazó, en cambio, el reclamo sobre tres vehículos, cuya compra pudo ser parcialmente justificada.
En el ámbito nacional, el avance más reciente se produjo en febrero de 2026, con la subasta anticipada de una Ferrari y dos camionetas vinculadas con el denominado Clan Loza, por una suma cercana a los 340 mil dólares.
Aunque la acción civil sobre el conjunto de los bienes todavía continúa, la operación mostró por primera vez la utilización efectiva del mecanismo de venta anticipada previsto para evitar la pérdida de valor de los activos cautelados.
Otros proyectos en la Legislatura
En la Legislatura de Córdoba, el tema no es nuevo. El legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda es uno de los impulsores de un proyecto que propone establecer en la provincia un régimen procesal de extinción de dominio.
La iniciativa fue presentada junto con legisladores radicales y del bloque del Frente Cívico. El objetivo es que el Estado provincial pueda recuperar bienes presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
La propuesta establece que la extinción de dominio se tramite mediante una acción civil autónoma, independiente de la investigación penal. A diferencia del decomiso, que generalmente requiere una condena contra la persona acusada, este procedimiento se concentra en determinar el origen de los bienes y no la responsabilidad penal de su titular.
La acción sería promovida por el Ministerio Público Fiscal, el que podría actuar de oficio o a partir de una presentación realizada por un particular, un funcionario o un organismo público.
El proyecto también contempla la creación de una Oficina Fiscal de Extinción de Dominio, que tendría facultades para investigar, identificar y localizar activos que pudieran estar relacionados con hechos delictivos.
El régimen alcanzaría a bienes muebles e inmuebles, activos registrables o no registrables, rentas, ganancias y otros beneficios incorporados al patrimonio de una persona después de la presunta comisión de un delito, cuando no guarden una relación razonable con sus ingresos o representen un incremento patrimonial injustificado.
Entre los delitos comprendidos se encuentran los hechos de corrupción, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta contra el Estado, el encubrimiento, las asociaciones ilícitas y otras figuras sobre las cuales tiene competencia la Justicia provincial.
El texto establece, además, que la persona demandada deberá acreditar el origen lícito de los fondos con los cuales adquirió los bienes cuestionados o demostrar que esos activos ya formaban parte de su patrimonio antes de los hechos investigados.
También habilita la posibilidad de alcanzar acuerdos de extinción de dominio, que posteriormente deberán ser sometidos a homologación judicial.
En caso de que la Justicia ordene la extinción de dominio, los bienes serían transferidos al Estado provincial y posteriormente subastados. Una vez descontados los gastos de localización, secuestro, administración y mantenimiento, el dinero restante se destinaría a programas para el mantenimiento de móviles y edificios policiales.
El proyecto presentado por Hernández Maqueda también toma como antecedente una propuesta ingresada años atrás en la Legislatura provincial por el exlegislador radical Javier Bee Sellares.
