Legislatura provincial. Con apoyo de todos los legisladores, Córdoba aprobó la ley antibúnker
La norma habilita un nuevo esquema para intervenir inmuebles abandonados, tomados o utilizados para actividades delictivas. El texto fortalece el rol de Seguridad, Justicia y la FPA en la lucha contra el narcomenudeo.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, una norma que crea un marco legal para intervenir bienes muebles e inmuebles vinculados a riesgos para la seguridad pública o utilizados como guaridas o puntos de venta de droga. Se trata de la segunda de normativa en lo que va del año que logró el apoyo de todas las bancadas.
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La sanción llegó después de un trabajo de compatibilización entre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y las propuestas del radical Oscar Saliba y el legislador del PRO, Oscar Agost Carreño. El acuerdo de todos los bloques no pasó desapercibido en un recinto más habituado a los choques políticos que a los consensos.
Este entendimiento se trata del segundo del año, tras la aprobación de la denominada Ley Joaquín, para resarcir a las víctimas del delito.
En este caso, la nueva normativa es una herramienta que apunta a actuar sobre propiedades abandonadas, deterioradas o asociadas a actividades delictivas. Y cuenta con el total apoyo del gobernador Martín Llaryora, quien antes de la aprobación llamó este miércoles a conferencia de prensa para hablar de la importancia de la ley.
Recuperación de inmuebles
El corazón de la ley está puesto en el combate contra el narcomenudeo y en la recuperación de inmuebles que, por su estado o por su uso, terminan funcionando como soporte territorial del delito.
En ese sentido, se habilitan, por un lado, las medidas administrativas como intimaciones, cerramientos, clausuras provisorias y retiro de elementos vinculados al riesgo detectado.
En este caso, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, será la autoridad administrativa de aplicación general. En las situaciones vinculadas al microtráfico o al funcionamiento de búnkeres, la coordinación quedará en manos del Ministerio de Justicia y Trabajo, a cargo de Julián López, con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, por lo que en el recinto estuvieron presentes la secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, además del director de Política Judicial, Pablo Sánchez Latorre, quien trabajó en la letra chica para lograr un proyecto consensuado.
Esta misma normativa también crea una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos, integrada por Seguridad, Justicia y el Ministerio Público Fiscal para articular la identificación, seguimiento y trazabilidad de los inmuebles alcanzados.
La ley establece que las medidas administrativas tendrán carácter preventivo, provisional, temporal y proporcional. Podrán dictarse por un plazo de hasta seis meses, prorrogable por igual período si persisten las condiciones que motivaron la intervención.
El texto también fija límites: cuando exista ocupación efectiva, conflicto sustancial de derechos, necesidad de desapoderamiento relevante o ingreso compulsivo sin urgencia estricta, el caso deberá pasar a sede judicial.
Ese punto fue clave en la negociación política. Las medidas de mayor intensidad, como la remoción, desguace o demolición total o parcial de estructuras utilizadas para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico deberán ser autorizadas por un juez de Control de Lucha contra el Narcotráfico. La demolición tendrá carácter excepcional, requerirá fundamento específico e informe técnico previo cuando sea posible.
En paralelo, la ley crea un Registro Provincial de Bienes Intervenidos bajo la órbita del Poder Ejecutivo y a cargo de la Unidad Interagencial. Este deberá centralizar información, asegurar trazabilidad, facilitar la coordinación entre organismos y permitir la elaboración de reportes técnicos o estadísticos.
El contexto también explica el respaldo político. En lo que va de 2026, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó más de 930 allanamientos, cerró unos 350 puntos de venta, desarticuló 15 organizaciones y secuestró más de 25 kilos de cocaína. Son números que el oficialismo presentó como argumento para acelerar herramientas de intervención territorial. Mientras que desde la oposición pidieron más control y lucha contra la inseguridad.
Desde el oficialismo
La vicepresidenta de la Legislatura, la oficialista Julieta Rinaldi, abrió el debate al destacar: "Córdoba será la primera provincia en contar con una ley que establezca un procedimiento administrativo integral para intervenir preventivamente sobre bienes que representan un riesgo para la seguridad pública o que se encuentran vinculados de manera objetiva a actividades delictivas".
Hoy Córdoba volvió a demostrar que, cuando hay decisión política, el Estado puede ir un paso delante del delito.
— Facundo Torres (@FacuTorresLima) July 8, 2026
Aprobamos por mayoría en general la Ley Antibúnker, una herramienta inédita en la Argentina que fortalece la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado,… pic.twitter.com/oLBZxYZ3IT
A la defensa del proyecto desde el bloque del PJ se sumaron también Leonardo Limia y Juan Manuel Llamosas, presidente provisorio, quien aseguró: "Cada vez que el narcotráfico intente ganar territorio va a encontrar un Estado decidido a recuperarlo. Esa es la decisión política que hoy estamos ratificando".
La oposición que aprobó
El legislador Oscar Agost Carreño (Pro), quien también había presentado un proyecto, acompañó en general la normativa y celebró el acuerdo. "Avanzamos con la Ley Antibúnker, luego de que se incorporaran al texto final las principales propuestas de nuestro proyecto. Logramos cambiar el paradigma de la ley: ya no se trata solamente de clausurar o tapiar un búnker, sino de recuperar esos inmuebles para la comunidad, impedir que vuelvan a ser utilizados por el crimen organizado y devolverles una utilidad social".
El radical Saliba, que fue el primero en presentar un proyecto de ley para la creación de un registro de búnker ligado con la venta de drogas, insistió que esta norma "representa un paso importante, pero no es el punto de llegada". "Será necesario controlar su implementación, evaluar los resultados. Si hace falta, la Legislatura deberá volver a debatir nuevas herramientas", afirmó.
Las voces más críticas fueron las de los legisladores juecistas, Viviana Martoccia y Nancy Almada; además de la radical Brenda Austin; Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal: y el liberal Gregorio Hernández Maqueda. Si bien todos acompañaron, plantearon críticas el avance del narcotráfico en Córdoba y a la inseguridad.
"Por supuesto que desde el Frente Cívico vamos a acompañar, pero debemos decir que este gobierno es reactivo a los controles y propenso a la discrecionalidad. Siempre llega tarde. Solo gestiona cerca de las elecciones. Hace 26 años que gobiernan y el narcotráfico siguió avanzando en Córdoba", se quejó Martoccia, en un debate que duró más de dos horas con más acuerdos que encontronazos.
