Ley "antibúnker". Llaryora: La tranquilidad en un barrio llega cuando derrumbamos el lugar que permite delinquir

El gobernador Martín Llaryora presentó este miércoles el proyecto de Ley "antibúnker", una iniciativa que será debatida este miércoles en la Legislatura de Córdoba y que apunta a dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas, el funcionamiento de organizaciones delictivas y otras actividades que generen riesgos para la seguridad pública.

La presentación se realizó en la sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario y contó con la participación del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el legislador Facundo Torres.

La propuesta establece un régimen administrativo y judicial específico para actuar sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, además de edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de ilícitos y afecten la convivencia en los barrios.

Durante el acto, Llaryora sostuvo que la iniciativa constituye “una herramienta central” para profundizar la política de seguridad de la provincia y reforzar la lucha contra el narcotráfico.

“Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico”, afirmó el mandatario provincial, quien además consideró que la normativa representa una respuesta a las nuevas modalidades del delito y expresó su expectativa de que el proyecto obtenga un amplio respaldo legislativo.

La iniciativa contempla la posibilidad de realizar inspecciones, elaborar informes técnicos y dictar resoluciones fundadas que habiliten medidas preventivas sobre los inmuebles alcanzados. Entre ellas figuran cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia y aseguramiento de las propiedades, siempre bajo el respeto de las competencias judiciales y las garantías del debido proceso.

Según explicó el gobernador, el objetivo es impedir que esos lugares vuelvan a convertirse en centros de actividad criminal una vez finalizados los procedimientos policiales.

“La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir”, señaló.

En la misma línea agregó que la intención es “llevar tranquilidad a los vecinos y poner intranquilos y bajo las rejas a los delincuentes”.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la propuesta surgió a partir del análisis de distintas investigaciones vinculadas tanto al narcotráfico como a delitos comunes, en las que aparecía un denominador común relacionado con el uso de determinados inmuebles y vehículos para facilitar la actividad criminal.

“Evaluamos la situación de inmuebles y vehículos que se utilizan para la comisión de determinados delitos, los cuales compartían características similares: propiedades en estado de abandono, desuso o deterioro que, al facilitar la comisión de ilícitos, terminaban constituyendo una infraestructura y logística a disposición de asociaciones criminales”, explicó López.

El ministro indicó que algunas de esas organizaciones estaban vinculadas al narcotráfico y otras a la reiteración de delitos comunes, lo que llevó a la elaboración de una herramienta específica para actuar con mayor rapidez.

“El gobernador pidió avanzar en un proyecto de ley que sea sólido y, fundamentalmente, expeditivo, a los fines de que las fuerzas de seguridad cuenten con una herramienta rápida y efectiva a la hora de intervenir sobre determinados inmuebles”, sostuvo.

En los casos relacionados con narcotráfico u otros delitos complejos, la iniciativa prevé que sea la Justicia la que disponga medidas como desalojos, demoliciones o la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños.

Otro de los ejes del proyecto es la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos destinados a coordinar el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.

Para Quinteros, la iniciativa nació antes como una decisión política que como una herramienta jurídica y representa un paso más en la coordinación entre los distintos poderes del Estado.

“Es absolutamente imposible que una política de seguridad funcione si los tres poderes del Estado no trabajan en la misma sintonía, con el mismo ritmo y con la misma política criminal”, afirmó.

La ley también establece el destino de los recursos provenientes de bienes decomisados en causas de narcotráfico. El 60% será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la FPA, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones que dependen del Ministerio de Justicia y Trabajo.

El proyecto invita además a municipios y comunas a adherir al régimen y a suscribir convenios de cooperación con la Provincia para facilitar la recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales.

En el cierre del acto, Llaryora repasó otras medidas impulsadas por la administración provincial en materia de seguridad, entre ellas la creación de fiscalías antinarcotráfico en el interior, la territorialización de la política criminal, la incorporación de tecnología, el programa Cordobeses en Alerta, el uso de armas de baja letalidad y la implementación de narcotest para funcionarios.

“Esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo”, afirmó el gobernador, quien definió a la nueva normativa como “un instrumento central para seguir mejorando la seguridad de los cordobeses”.