Caso Agostina. El Frente Cívico pidió frenar la asunción del fiscal Iván Rodríguez como procurador penitenciario
Presentó un proyecto en la Legislatura para que el Tribunal Superior de Justicia suspenda o difiera el juramento del fiscal. Vincula el planteo con la investigación por el femicidio de Agostina Vega y con los pedidos de jury impulsados contra el funcionario judicial.
El caso por el femicidio de Agostina Vega sigue generando repercusiones políticas e institucionales en Córdoba. Este martes, el bloque del Frente Cívico presentó un proyecto de resolución en la Legislatura provincial para solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que suspenda o postergue el juramento del fiscal Iván Rodríguez como procurador penitenciario adjunto.
La iniciativa sostiene que existen razones de gravedad institucional para revisar la designación del funcionario. El planteo se apoya en la actuación que tuvo Rodríguez en una causa previa contra Claudio Barrelier, hoy imputado por el asesinato de la adolescente.
Según recuerda el juecismo, Barrelier había sido imputado en 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y posteriormente recuperó la libertad por decisión adoptada en el marco de esa investigación.
El Frente Cívico argumenta que esa actuación judicial derivó en pedidos de jury contra Rodríguez y considera que esa situación podría afectar las condiciones éticas y morales necesarias para ocupar el nuevo cargo dentro de la Procuración Penitenciaria.
Jury a Rodríguez
La presentación también reabre una discusión que el partido liderado por Luis Juez ya había planteado durante el tratamiento de la ley que creó la Procuración Penitenciaria de Córdoba. En los fundamentos del proyecto se recuerda que los legisladores del espacio rechazaron la iniciativa impulsada por el oficialismo y cuestionaron tanto la creación del organismo como el mecanismo de designación de sus autoridades.
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El texto recupera intervenciones realizadas durante aquellos debates. Entre ellas aparecen cuestionamientos a la rapidez con que avanzó la ley y críticas a la falta de concursos para la selección de funcionarios. También se mencionan objeciones relacionadas con la independencia judicial y la división de poderes.
La Procuración Penitenciaria fue creada a través de la Ley 11.085 y posteriormente el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura los pliegos de los candidatos propuestos para ocupar los cargos. Entre ellos figuró Rodríguez. El Frente Cívico recuerda que tampoco acompañó esa designación cuando fue tratada en el recinto.
En el nuevo proyecto, los legisladores afirman que la muerte de Agostina Vega obliga a revisar no sólo la investigación del crimen sino también las decisiones adoptadas en la causa anterior que involucró a Barrelier. Sostienen que la liberación del acusado tras aquella imputación genera interrogantes sobre el desempeño del fiscal y sobre las consecuencias que pudieron derivarse de esa resolución.
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El documento incorpora además referencias a principios de ética pública y a la obligación de los funcionarios de actuar con probidad, transparencia y conducta irreprochable. Sobre esa base, concluye que Rodríguez carecería de la idoneidad moral y ética necesaria para desempeñarse como procurador penitenciario adjunto, especialmente porque una de las funciones centrales del organismo está vinculada con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por esa razón, el Frente Cívico solicita que el TSJ intervenga y disponga el diferimiento o la suspensión de la jura prevista para el funcionario. La presentación se suma a otros reclamos políticos surgidos tras el femicidio de Agostina, un caso que en los últimos días profundizó el debate sobre las responsabilidades institucionales y el funcionamiento del sistema judicial frente a situaciones de violencia de género.
