Femicidio. La Fiscalía General definió como un "caso excepcional" no derivar la causa Agostina a una fiscalía especializada en violencia de género

A pesar de reconocer que “el caso presenta elementos que podrían vincularlo, en un primer momento, con el ámbito material de intervención de las dependencias especializadas en violencia de género, conforme los criterios reglamentarios vigentes”, la Fiscalía General decidió dejar en manos del fiscal Raúl Garzón la investigación del femicidio de Agostina Vega “como la alternativa más adecuada para resguardar la economía procesal, la concentración de la información relevante y la eficacia de las medidas en curso, evitando derivaciones que, en el caso concreto, podrían generar dilaciones o una innecesaria reiteración de intervenciones”.

Para compensar, en la resolución se asigna a Garzón dos fiscales colaboradores con los que “podrá articular, cuando lo estime pertinente”. Se trata de la fiscal de Violencia Familiar y de Género Claudia Romero y del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Juan Fernando Ávila Echenique. No hay un triunvirato en la investigación: sólo se les habilita a Romero y a Ávila Echenique el acceso al expediente digital y no se requiere que sean consultados ni que avalen las decisiones de Garzón.

Las causas contra Barrelier ya habían sido acumuladas por Garzón, porque si bien era anterior el caso que investigaba el fiscal Iván Rodríguez, el criterio que establece el Código Procesal Penal es que deben quedar en manos de quien tiene el delito más grave.

La justificación de la decisión de mantener a Garzón en las causas contra Claudio Barrelier firmadas el pasado martes por el fiscal General Carlos Lezcano y el fiscal General Adjunto Alejandro Pérez Moreno es la siguiente: “La Fiscalía del Distrito 13 ha intervenido desde el inicio en la causa y cuenta con un conocimiento directo del conflicto, de su evolución procesal, de las medidas ya ordenadas y de las diligencias que aún restan producir. Esa intervención previa constituye, en el caso concreto, un factor relevante para preservar la unidad de criterio, evitar dilaciones innecesarias y asegurar una respuesta institucional oportuna, integral y eficaz. En tales condiciones, corresponde mantener su actuación”.

Dicho esto, admite que “la presente decisión no procura alterar los criterios generales de asignación establecidos por la reglamentación aplicable, sino brindar una respuesta adecuada a las particularidades concretas del caso”.

¿Por qué dice eso? Porque hay una pequeña historia que contar.

Antes de irse de la Fiscalía General, Juan Manuel Delgado dejó un nuevo reglamento del Ministerio Público Fiscal que buscaba componer tensiones en la asignación de causas de violencia de género entre los fiscales de número y los que están a cargo de las fiscalías especializadas en Capital, además de dejar formalizados los criterios de trabajo con las unidades territoriales y las de flagrancia.

Lo hizo en respuesta a una rebelión de los fiscales de número -seguida luego por los fiscales multifuero del interior- tras la apertura de sumarios a la fiscal Jorgelina Gutiez y a varios funcionarios de su fiscalía por haber otorgado la libertad a Pablo Rodríguez Laurta en las causas previas por violación a la restricción de contacto y de amenazas contra su expareja Luna Giardina, a quien luego asesinaría en un doble femicidio, junto a su exsuegra Mariel Zamudio.

El conflicto que planteaban los fiscales de número en sus notas de queja—que, nobleza obliga, no acompañó el fiscal Raúl Garzón—era por delegar las causas de género, no por retenerlas.

El reglamento define qué casos deben ser abordados por las fiscalías especializadas. Según el Artículo 5, estas unidades intervendrán en hechos de violencia de género contra mujeres o personas del colectivo de la diversidad, maltrato infantil conviviente y violencia vicaria. Para que la especialización se active, el Artículo 6 establece "parámetros objetivos", entre los que se encuentran explícitamente el "Homicidio simple y su tentativa (art. 79 y 42 del Código Penal)" y el "Homicidio calificado y su tentativa (art. 80 y 42 del Código Penal)".

Y esta derivación puede hacerse en cualquier momento del proceso.

Es por todo esto que en la misma instrucción firmada por Lezcano y Pérez Moreno se define que es un caso excepcional. En la parte resolutiva, dice: “Dejar expresa constancia de que la presente instrucción se dicta de manera excepcional para este caso concreto, en atención a sus particularidades, y no altera los criterios generales de actuación, asignación o intervención establecidos por la reglamentación vigente (Reglamento Nro. 101/26)”.

Esto mismo, en la parte argumentativa se justificaba con estos términos: “Dicha decisión no importa desconocer la especificidad de la materia ni los estándares reforzados que rigen en casos de violencia de género. Por el contrario, la fiscalía interviniente deberá continuar la investigación con estricto apego a las pautas de actuación aplicables, en especial aquellas vinculadas a la perspectiva de género, a los fines de brindar una respuesta integral al conflicto” y aclara, una vez más, que “la presente instrucción se dicta exclusivamente en atención a las circunstancias particulares de estas actuaciones, sin que ello implique modificar los criterios generales de competencia, asignación o intervención establecidos por la reglamentación vigente”.

La instrucción a Garzón es que “deberá continuar la investigación con carácter prioritario, observando los estándares convencionales, constitucionales, legales y reglamentarios aplicables en materia de violencia de género, con estricto apego a las pautas de actuación aplicables, a los fines de brindar una respuesta integral al conflicto”.