El trámite para evaluar el desempeño de un magistrado, y eventualmente removerlo, está atravesado por la política. Lo primero que debe consustanciarse es el ingreso formal de las respectivas denuncias en contra de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez que la oposición anticipó en conferencia de prensa. La presentación se hace ante el Enjuiciamiento de Magistrados (Jury).
Por ahora, sendas acusaciones están en etapa de redacción por parte de los abogados opositores. Hay una tercera presentación, ya formalizada: es sólo contra Garzón, y la hizo la legisladora de izquierda Noelia Agüero y otras dirigentes de ese espacio.
Serán, hasta aquí, tres denuncias distintas que tendrían trámite por vías separadas. El inicio del análisis no tiene fecha, pero el estrépito podría adelantar los tiempo. Hay un dato de contexto: el Jury viene de destituir a tres fiscales; lo cual, además de tratarse de un hecho inédito, generó una tensión con el Ministerio Público Fiscal que vio una exigencia en su desempeño que no siempre se le pide a los jueces.
El mecanismo
Para que un magistrado sea destituido deben fundamentarse desde la lógica y legalmente los supuestos de mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos y/o inhabilidad física o psíquica.
La ley 7956 establece que una vez que la denuncia ingrese al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que funciona en la Legislatura de Córdoba, éste solicitará los antecedentes laborales de los dos fiscales y, eventualmente, "los expedientes judiciales en cuestión, o recabar información de la oficina de Sumarios del Tribunal Superior de Justicia, si se lo considera necesario".
En paralelo, se "dispondrá la inmediata notificación" a los magistrados cuestionados, en este caso particular los fiscales Rodríguez y Garzón, quienes deberían presentar sus descargos.
Luego de que se reciban los antecedentes y los expedientes solicitados, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados "considerará la denuncia de inmediato y si fuera manifiestamente infundada (...) la rechazará sin más trámite".
La ley establece que "formulado el descargo y, en su caso, practicada la instrucción suplementaria, el Jurado resolverá por resolución fundada sobre la admisibilidad o no de la denuncia". Por sí o por no. La resolución no se puede recurrir. Si el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados habilita el trámite, ya sea en contra de Garzón y/o de Rodríguez, el desempeño de uno o ambos será analiza por el Jury.
Hay una tercera vía. Dice la ley: "Cuando no hubiere mérito suficiente para declarar admisible la denuncia ni para desestimarla (...) el Jurado (de Enjuiciamiento de Magistrados) remitirá las actuaciones al Tribunal de Ética del Poder Judicial a los efectos de que se investigue la conducta del denunciado".
Rodríguez, en el foco
Quien aparece como principal foco del cuestionamiento sería el fiscal Iván Rodríguez, quien en 2025 instruyó una causa contra Claudio Barrelier por una aparente privación ilegítima de una mujer en la misma casa donde Agostina Vega habría sido asesinada.
Aquella causa data del 6 de mayo de 2025, y se inició "porque la víctima fue encontrada en la calle, con el torso desnudo, saliendo de una casa donde dijo que habían querido violarla".
“En 2025, (Barrelier) cometió delitos atroces, estuvo preso apenas 20 días y el fiscal Iván Rodríguez lo liberó. Miren lo que sucedió después. Estamos seguros de que si hubiese continuado esa causa con otro derrotero, como suele suceder en casos de violencia de género, posiblemente hoy Agostina estuviese viva", dijo Oscar Agost Carreño (PRO), uno de los legisladores que impulsan el Jury.
El Ministerio Público Fiscal ensayó una primera defensa que tendrá su peso en la evaluación que hará el Jury. La Fiscalía General dijo respecto de la situación de Barrelier que "no se ha ordenado ninguna falta de mérito ni el imputado recuperó la libertad porque no se creyese a la víctima".
Respecto del testimonio de la víctima en sede judicial, dijo la Fiscalía General: "Lo objetivo es que hubo algunos aspectos del relato de la víctima que fueron corroborados y otros sobre los que hay más de una versión". Sobre esa base, Rodríguez justifica la excarcelación de Barrelier.
Finalmente, la Fiscalía General sostiene que Barrelier "recuperó la libertad porque en ese momento no registraba ni un solo antecedente y el delito privación ilegítima de la libertad calificada tiene una pena leve, de dos a seis años de prisión, (lo) que le permite a cualquier persona recuperar la libertad".
Al mismo tiempo, quedó en stand by el juramento de Rodríguez como procurador penitenciario adjunto. En diciembre del año pasado, Rodríguez fue impulsado por Martín Llaryora para ese cargo jerárquico en el Poder Judicial.
La creación de ese organismo judicial tuvo como controversia política que una de las procuradoras penitenciarias designadas es la radical María Florencia Degano, quien era subdirectora de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas.
Otro antecedente de Rodríguez: fue quien actuó en la causa paralela al caso del Neonatal y archivó la causa por la reunión que tuvieron el fiscal Guillermo González, el jefe de del Instituto de Medicina Forense David Dib y el por entonces subdirector administrativo del Neonatal, Alejandro Escudero Salama en mayo de 2022, es decir casi dos meses antes de la primera denuncia judicial por la muerte de bebés en el hospital.
El Gobierno provincial, impactado por un caso de alcance nacional
Garzón, el fiscal del caso Agostina
La situación de Garzón parece distinta. Se espera que en el pedido de prisión preventiva contra Barrelier, Garzón haga un pormenorizado detalle de todas las medidas que se tomaron desde las 8.42 del día domingo 24 de mayo, cuando se radicó la denuncia por la desaparición de Agostina.
"Será un detalle minuto a minuto de cada una de las actuaciones que ordenó y las medidas que realizaron primero la brigada de investigaciones de la Unidad Judicial 13 y, luego, la División de Protección de las Personas. Aparentemente, Barrelier asesinó a Agostina entre las 22.30 del sábado 23 y las 02.30 del domingo 24, antes que se radique la denuncia", dijo una alta fuente.
De hecho, la Fiscalía General ratificó a Garzón al frente de la investigación sobre el crimen de Agostina, pese a que el delito se encuadro como femicidio y el Ministerio Público Fiscal tiene fiscalías especializadas para estos casos.
Sin embargo, la ratificación de Garzón en la investigación encendió las luces de alerta en la oposición, porque entienden que el fiscal cuestionado podría remendar eventuales baches.
