La "motosierra" no para. El Estado nacional ya tiene casi 70 mil empleados menos desde que asumió Milei

Los datos oficiales son abrumadores, y no dejan margen para otra interpretación sobre la "motosierra". Y es que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la Administración Pública Nacional, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado perdieron 68.100 puestos de trabajo, una caída del 20%. Si se toma como base noviembre de 2023 (el último mes completo antes de la asunción), la sangría trepa a casi 70.000 cargos. Uno de cada cinco empleos que dependían de la Nación ya no existe.

La serie mensual que releva la Jefatura de Gabinete, ahora a cargo de Diego Santilli, junto al Indec confirma que el recorte tuvo intensidad variable según el área y no se detuvo nunca, ni siquiera cuando la macroeconomía empezó a mostrar señales de estabilización.

Repasemos. Durante todo 2022 y 2023, la dotación total del Estado nacional se mantuvo notablemente estable, ya que osciló entre 339.000 y 343.000 personas, con subas y bajas estacionales menores. En noviembre de 2023, un mes antes del cambio de gobierno, el número llegó a su pico de la serie, al sumar 343.357 empleados.

Era la foto de un Estado que, en el final del kirchnerismo, crecía dentro de una banda de 4.000 cargos en año y medio.

Esa tendencia se quebró en diciembre de 2023, con la llegada de Milei. En ese mes de transición la dotación cayó en 1.892 puestos, aunque el desplome real arrancó en enero de 2024, con una baja de 7.681 empleos en un solo mes (la mayor de toda la serie), y se repitió en abril de ese año, con otro ajuste de 7.951.

En ese primer semestre de gestión libertaria, se concentró buena parte de la "motosierra" más brutal, porque entre diciembre de 2023 y junio de 2024, el Estado nacional perdió 27.355 empleados, más de un tercio de la baja total registrada hasta hoy.

Pero después de ese primer golpe, los recortes no es que se cortaro, sino que cambiaron de ritmo. Desde julio de 2024 hasta mayo de 2026, la caída siguió mes a mes, a un promedio de entre 1.500 y 2.000 bajas mensuales, sin una sola recuperación sostenida.

Siguió la purga, combinando no renovación de contratos, retiros voluntarios y una reingeniería institucional que redujo ministerios, fusionó organismos y convirtió empresas públicas en sociedades anónimas, un paso administrativo que puede anteceder un proceso de privatización o liquidación.

El relevamiento sobre los números del Indec permite desagregar el ajuste en cuatro grandes bloques. Ahí aparece el dato de que la motosierra fue selectiva.

Por ejemplo, la administración centralizada (los ministerios y la Jefatura de Gabinete propiamente dichos) fue la que sufrió el golpe proporcionalmente más duro de la motosierra, con una baja de 54.791 a 38.452 empleados, el 29,8%.

Es también el segmento donde el Gobierno concentró su reingeniería institucional ya que, de una estructura de más de 20 carteras a comienzos de 2024, Milei llegó a mayo de 2026 con un gabinete reducido a menos de 10 ministerios, varios de ellos fusionados (Capital Humano absorbió Trabajo, Salud, Educación y Desarrollo Social; Infraestructura y Economía se reordenaron; nació un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la cartera de Federico Sturzenegger).

Las empresas y sociedades del Estado achicaron su plantilla un 20,2%, de 110.160 a 87.867 puestos. Ahí conviven casos de fuerte ajuste operativo con maniobras de reestructuración societaria. Operadora Ferroviaria S.E., la empresa de trenes de pasajeros, perdió 4.087 empleados (17,2%), la mayor caída absoluta de todo el universo de empresas públicas, mientras que Ferrocarriles Argentinos S.E. -una sociedad casi vacía hasta 2023- multiplicó su plantilla por seis, un movimiento que sugiere transferencias internas de personal más que una decisión de política ferroviaria.

Mientras, Aerolíneas Argentinas cayó 16,8% (2.006 puestos menos), AySA el 23,6% (1.835) y el Banco Nación, un 12,8% (2.259).

Y Educar y la Casa de Moneda dejaron de ser sociedades del Estado para convertirse en sociedades anónimas unipersonales, el mismo movimiento que sufrió el Correo Argentino.

La administración descentralizada (organismos como Arca, Conicet, Inta, Anses o el Pami) bajó 17,9% (de 136.529 a 112.112).

Acá el ajuste fue más heterogéneo porque, por ejemplo, el Conicet perdió 7% (1.955 investigadores y personal de apoyo) y el Pami 6,9%, mientras que agencias más chicas y con menor peso político sufrieron podas mucho más severas. Es el caso del Enacom, que cayó 40,6%, el Inti con eI 27,2%, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el 39,8%; y el Incaa, el organismo de fomento del cine, que se desplomó 54,2%, la mayor caída porcentual de todo el relevamiento.

El Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inae) directamente dejaron de existir como tales.

El bloque menos tocado fue la administración desconcentrada, que agrupa al personal civil y administrativo de las Fuerzas Armadas y de seguridad (no incluye la tropa). Allí, el personal cayó 14,1% (de 24.582 a 21.111). El dato demuestra que la estructura de seguridad y defensa fue la que el Gobierno más cuidó, en términos relativos, frente a ciencia, cultura, transporte o regulación económica.

No todo el organigrama nacional se achicó. Un puñado de organismos creció, y casi todos los casos remiten a fusiones administrativas más que a una decisión de fortalecer un área. El caso más llamativo es el del Ministerio de Justicia, que pasó de 1.490 a 2.925 empleados (+96,3%). En este caso, vale mencionar que la cartera absorbió funciones y personal de otras dependencias que se disolvieron por el camino, entre ellas organismos vinculados a derechos humanos y registros.

Algo similar ocurre con la Procuración del Tesoro, que sumó 57 cargos (+32,6%) en un contexto de multiplicación de causas judiciales contra el propio Estado, muchas de ellas derivadas de despidos y rescisiones contractuales del propio proceso de ajuste.

La fusión más significativa desde el punto de vista institucional fue la de Afip y la Dirección General de Aduanas en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que en los papeles "hizo desaparecer" a la vieja Afip de la serie estadística, aunque en los hechos buena parte de su plantilla de 22.000 personas se trasladó al nuevo organismo con una dotación menor.

Un movimiento equivalente se dio con los entes reguladores de electricidad y gas (Enre y el Enargas), fusionados en un único Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, y con la conversión de Educar, Casa de Moneda y Coviara en sociedades anónimas unipersonales, la antesala jurídica habitual antes de una privatización o liquidación.

El impacto territorial de este ajuste no es uniforme, pero Córdoba concentra tres casos de organismos nacionales con sede en la provincia que muestran, con matices distintos, la misma lógica de reducción sostenida.

La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) es el caso más severo. La empresa aeronáutica estatal, con planta en la Ruta 20, pasó de 922 empleados en diciembre de 2023 a 662 en mayo de 2026, lo que significó una pérdida de 260 puestos; es decir, el 28,2% de su dotación, casi calcada al recorte que sufrió el promedio de la administración centralizada.

La caída fue constante mes a mes, sin sobresaltos ni recuperaciones. Actualmente, tiene un retiro voluntario en marcha que busca la salida de 200 empleados más.

En el caso de los los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, tuvo un ajuste seco y tempranero. De 283 empleados en diciembre de 2023 bajó a 246 en abril de 2024 (una caída del 13,1%) y desde entonces la dotación quedó exactamente congelada en 246 puestos durante más de dos años, sin una sola baja ni un alta hasta mayo de 2026. Es el organismo cordobés que mejor ilustra el patrón "ajustar una vez y no tocar más".

Dioxitek S.A., la empresa estatal que produce dióxido de uranio para las centrales nucleares argentinas, con planta en Córdoba capital, muestra la trayectoria más errática de las tres. Bajó de manera sostenida desde 253 empleados en diciembre de 2023 hasta un piso de 195 en septiembre de 2025 (22,9% en ese tramo), pero desde entonces exhibe un repunte que llegó a 222 empleados en mayo de 2026, la única de las tres organizaciones cordobesas que muestra crecimiento en los meses más recientes de la serie.

Aun así, el balance neto desde el inicio de la gestión libertaria es una caída del 12,3%.