Desde la asunción de Javier Milei, el Estado nacional atravesó un proceso de reducción de su planta de personal. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la dotación total del sector público nacional (que incluye la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado) cayó de 341.465 a 276.104 empleados. La reducción fue de 65.361 puestos, equivalente a una contracción del 19%.
En términos diarios, el recorte promedió unos 104 trabajadores menos por cada día hábil de gestión. Equivale a decir que casi uno de cada cinco puestos de trabajo dejó de existir en ese período.
Los datos son oficiales y surgen de la serie que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec), que releva mensualmente la evolución del empleo estatal. La consistencia de la caída a lo largo del período elimina la idea de un ajuste puntual y deja claro que es un proceso sostenido.
El contraste con la etapa final del gobierno de Alberto Fernández es marcado. Entre julio de 2022 y diciembre de 2023, la planta prácticamente no se movió. En ese lapso, el Estado pasó de 341.692 a 341.465 trabajadores, una variación de 227 personas.
El cambio de signo es evidente. Donde antes había estabilidad, ahora hay contracción gracias a la famosa "motosierra" de Milei.
El shock inicial y el ajuste persistente
El recorte no fue homogéneo. Los primeros meses de gestión de Milei concentraron una parte significativa de la reducción. El primer trimestre de 2024 explicó la salida de 11.361 trabajadores, con enero como punto de mayor intensidad.
Ese mes, sólo en la administración pública nacional, se perdieron más de 7.300 puestos en 30 días, una caída del 3,2% que no volvió a repetirse en esa magnitud en el resto del período.
Luego del impacto inicial, el ajuste no se detuvo. Continuó a menor velocidad, pero sin interrupciones. En abril y en mayo de 2024, se registraron nuevas caídas relevantes, mientras que en marzo y en abril de 2025 volvió a observarse otro tramo de reducción significativa.
En términos anuales, durante 2024 se perdieron 18.496 empleos, lo que implicó una caída del 8,3%. En 2025, la reducción fue de otros 13.423 puestos, un 6,6% adicional.
La tendencia se extiende hasta 2026, sin señales de reversión, ya que desde enero hasta marzo dejaron el Estado 4.016 personas.
El mecanismo predominante no fue la desvinculación masiva de personal de planta permanente, sino la no renovación de contratos temporarios, retiros voluntarios y jubilaciones. El Estado dejó de incorporar personal y permitió que su dotación se redujera por desgaste.
La columna de variación mensual de los datos oficiales muestra números negativos en casi todos los meses con excepciones que, en general, responden a reorganizaciones internas o a transferencias de personal entre jurisdicciones.
Qué organismos absorbieron el ajuste
El impacto no fue homogéneo dentro del sector público. Los datos permiten identificar qué áreas concentraron las mayores reducciones.
En términos absolutos, el Ministerio de Capital Humano encabezó la caída, con 11.325 empleados menos. Pero el dato está condicionado por la reorganización ministerial que fusionó distintas áreas (los ministerios de Educación, de Trabajo, de Desarrollo Social y de Salud), lo que elevó artificialmente el punto de partida.
Entre las empresas públicas, el Correo Oficial fue el organismo más afectado, con 5.408 puestos menos durante la gestión Milei, equivalentes al 32% de su planta.
Le siguieron la Operadora Ferroviaria, con 3.882 empleados menos (una baja del 16%), para tener, a febrero de este año, un total de 19.930 empleados.
La responsable de los trenes del país, con foco en el conurbano, es la empresa estatal con más empleados del país.
Luego están el Banco Nación, que perdió 2.207 puestos; el Conicet, del que se fueron 2.365 personas; Aerolíneas Argentinas, con 1.947, y Aysa, con 1.797.
En términos porcentuales, las reducciones más profundas se observaron en el Ministerio del Interior, que perdió el 60% de su planta, y en organismos como el Incaa, la Junta de Seguridad en el Transporte, el Enacom y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Hubo excepciones. El Ministerio de Justicia incrementó su dotación en más de 100%, aunque no por expansión sino por el traspaso del Servicio Penitenciario Federal desde otra jurisdicción.
El dato confirma que parte de las variaciones responden a decisiones administrativas, pero la tendencia general es inequívoca: reducción.
Córdoba, impacto concreto del ajuste nacional
El ajuste del Estado nacional también tuvo efectos directos en Córdoba, particularmente en empresas y en organismos con presencia local.
La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) fue el caso más significativo. Desde diciembre de 2023 perdió 302 empleados, lo que representa una caída del 32% de su planta. Actualmente, la empresa cuenta con 602 trabajadores y mantiene abierto un proceso de retiros voluntarios que podría reducir aún más su dotación.
Dioxitek, la empresa encargada de producir dióxido de uranio para las centrales nucleares, también registró una reducción importante. Perdió 40 empleados, equivalentes al 15% de su personal, y quedó con una planta de 213 trabajadores (nota: en febrero eran 205, pero el número creció).
Los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba mostraron un recorte más acotado en términos absolutos, pero igualmente significativo. Pasaron de 283 a 246 empleados, una caída del 13%.
A estos casos se suman otros organismos en los que no existe un desglose público detallado, pero donde se registraron recortes a través de la no renovación de contratos. Entre ellos, aparecen el Inta, el Inti y el Servicio Meteorológico Nacional, con presencia en la provincia.
El patrón se repite a escala local. La reducción no se dio a través de despidos masivos visibles, sino mediante un proceso progresivo de achicamiento.
