Hay dos hechos de esta semana en Córdoba, uno público y de enorme repercusión y el otro prácticamente desconocido, que arrojan enormes interrogantes respecto a la confianza que genera en instituciones clave en materia de seguridad e integridad de los ciudadanos.
Arranquemos por el menos conocido. El martes se constituyó la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, integrada por representantes del Ejecutivo, la Justicia, las fuerzas de Seguridad y otras instancias.
Uno de los oradores fue el nuevo fiscal General, Carlos Lezcano, que lanzó una frase que dejó perplejo al escaso auditorio que se encontraba en uno de los salones del Centro Cívico.
“La batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar pero la tenemos que dar de todas maneras”, dijo el titular del Ministerio Público Fiscal, en un discurso que no fue grabado en ningún soporte, pero que este diario reconstruyó con tres de las personas que escucharon semejante definición.
Es decir, el jefe de los fiscales cordobeses arranca su gestión diciendo que no hay posibilidad de éxito en el combate contra el flagelo que más preocupa en la provincia, el país y la región.
Ya Lezcano venía de algún concepto polémico, como cuando planteó en una entrevista que los hechos de abuso sexual intrafamiliar debían ser considerados de diferente manera si se cometían en zona urbana o zona rural.
Cuando la ciudad de Córdoba se vuelve cuesta arriba
Los impulsores de la Mesa reconocen que fue desafortunada la frase sobre las probabilidades de combatir al narcotráfico pero lo circunscriben a un simple error de enunciación.
Pero queda la duda para los ciudadanos: si para el jefe de los fiscales no hay posibilidad de combatir a los narcos, aunque reconozcan que harán el intento, qué pueden esperar todos los que están debajo de él en esa tarea y el resto de la población.
Una detención ilegal
El otro hecho que ha generado muchas repercusiones son los episodios que anteceden y suceden a la muerte de Tomás Orihuela en la comisaría Sexta de la ciudad de Córdoba.
Hay muchas derivaciones, conjeturas, análisis sobre el deceso del joven delincuente pero hay un eslabón que es el primero de la cadena. Orihuela, que había cometido delitos en sus apenas 19 años de vida, nunca debió ser detenido porque no pesaba sobre él orden de detención.
Pero no lo detuvieron una vez. Lo detuvieron dos veces en 48 horas.
Ha pasado más de una semana de aquella primera detención en un megaoperativo que estaba encabezado por el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y ninguna autoridad del Gobierno o la Justicia logra explicar cómo es que una orden de detención que ha caducado se mantiene vigente en los dispositivos de la Policía.
Es más que trascendente esa respuesta y es inexplicable que siga sin respuesta.
Hay muchos sectores de la sociedad que se expresan por diversas vías poniendo el foco en los antecedentes del joven fallecido, los cuales ya son públicos y conocidos. Pero acá el problema no son antecedentes sino un defectuoso funcionamiento del sistema.
Podríamos imaginar que por un error en la carga de datos, un fiscal ordena la detención de un ciudadano carente de prontuario y sin sospecha alguna. Ha pasado. Se corrige ese error pero el cambio no impacta en vaya a saber qué sistema y la Policía se lo lleva preso.
Por eso, el caso Orihuela no es un problema de delincuentes sino de toda la ciudadanía, que en la era del desarrollo informático está a merced de cargas de datos fallidas o arbitrios violentos con uniforme.
Llaryora, entre Gebel y la lupa en la alianza Juez-Bornoroni
Conviene repasar los pasos que antecedieron a la muerte del muchacho.
Captura el jueves en el megaoperativo pese a que el pedido de captura estaba caducado, liberación ya que el joven entrega un certificado que no tenía orden de detención. Nueva detención el sábado bajo el argumento de que el pedido de captura les figuraba en el sistema como activo.
Pero ahí pasan varias cosas delicadas. La unidad fiscal les dice a los policías de la Sexta que ya lo habían liberado el jueves, un superior se los recuerda por mensaje y así y todo lo mantienen en una celda. ¿Y aquel papel que el muchacho tenía el jueves que certificaba que no tenía orden de detención? Se investiga si alguien lo secuestró, lo guardó en un cajón y dijo que hasta el lunes no podía sacarlo.
También se investigan comunicaciones entre uniformados diciendo que lo iban a detener con o sin orden de captura.
Por eso, el gobernador Martín Llaryora y el ministro Quinteros omiten parte de la realidad cuando dicen “los de azul son los buenos”. Hay buenos y muy buenos, probablemente una amplia porción; hay normales, tal vez la mayoría; y los hay malos y muy malos.
Pero por encima de las conductas individuales, el caso desnuda una falencia institucional grave en un tema más que sensible: la libertad de las personas.
