Contraataque. Diputados libertarios denuncian penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y fraude

Una quincena de diputados nacionales pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó este miércoles una denuncia penal contra su excompañera de bancada, la diputada Marcela Pagano. La demanda judicial se fundamenta en los presuntos delitos de omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

La presentación formal fue radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, dependencia a cargo de la jueza María Servini. A su vez, el expediente contará con la intervención directa del fiscal federal Carlos Rívolo para el desarrollo de la investigación correspondiente.

Entre los impulsores que acompañan con su firma el escrito judicial se encuentran legisladores oficialistas como Lilia Lemoine, Celeste Ponce, Carlos Zapata y Santiago Santurio. La formalización de esta medida judicial tomó estado público en la antesala de la sesión informativa que brindó el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados.

El documento legal presentado por los legisladores oficialistas también dirige sus acusaciones de forma directa hacia la actual pareja de la legisladora, Franco Bindi. Los denunciantes encuadran su participación bajo el rol de "instigador y cómplice necesario" en los presuntos delitos vinculados a la administración fraudulenta y las negociaciones incompatibles con la función pública.

En este sentido, los diputados argumentan la existencia probatoria de "indicios serios y convergentes sobre un mecanismo de retorno de fondos públicos". De acuerdo a la acusación documentada, esta maniobra financiera se habría instrumentado a través de contratos parlamentarios adjudicados de manera directa al entorno societario y familiar de Bindi.

Al referirse a la gravedad institucional de los hechos, la diputada Lilia Lemoine reclamó celeridad en las medidas de prueba solicitadas. "Espero que la justicia investigue porque es un tema bastante serio sobre todo teniendo en cuenta que podríamos estar ante una Asociación Ilícita financiada por potencias extranjeras", alertó públicamente.

El eje central de la demanda judicial, calificado por los firmantes como su "núcleo indestructible", se sostiene sobre tres hechos objetivos detectados en las propias declaraciones juradas de Pagano. En primer lugar, los denunciantes apuntan a la desaparición "sin trazabilidad" de un departamento adquirido en el año 2011, a lo largo de tres instrumentos sucesivos.

En segundo orden, señalan la omisión total y sostenida en el tiempo de los bienes correspondientes a su conviviente, pese a la existencia de una obligación legal expresa de transparentar dicha información patrimonial.

Finalmente, cuestionan la declaración calificada como "ficticia" de una tenencia de divisas extranjeras, reportada de manera inmutable durante dos años de intensa actividad económica y fechada con un origen "manifiestamente imposible".

Marcela Pagano se ausentó este miércoles de la sesión informativa encabezada por Manuel Adorni en el Congreso Nacional. Durante esa jornada, la diputada se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde amplió su propia denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete en calidad de testigo.

Frente a las acusaciones de fraude emitidas por su exbloque, la legisladora ensayó una contundente defensa institucional. "Como diputada nacional no administro fondos públicos, ni presupuesto, ni firmó licitaciones, ni ninguna otra actividad que tenga relación con la administración de patrimonio del Estado", sentenció.

Al brindar precisiones técnicas sobre sus movimientos inmobiliarios, Pagano desestimó las sospechas. "No saben leer una declaración, yo vendí un departamento que tenía sobre la Av San Juan y de manera casi inmediata compré mi actual departamento en la calle Migueletes, cuya operación fue hecha en 2023, cuando ni siquiera era candidata", detalló.

En cuanto a las observaciones sobre su conviviente, la diputada aclaró que la omisión inicial de Bindi "es solo un tema de fechas", debido a que la convivencia inició tras el nacimiento de su hija en común. Aseguró que su pareja "no cuenta con ningún contrato con empresas públicas o vinculadas con organismos públicos" y anticipó que lo incluirá en su próxima presentación ante el fisco.

Finalmente, la funcionaria defendió a su personal legislativo a cargo y negó terminantemente la existencia de contrataciones irregulares. "Los otros tres son mis empleados que sí trabajan para que yo tenga hoy presentados al día de la fecha 254 proyectos de ley", justificó. Este cruce político y judicial escala apenas una semana después de que Pagano denunciara penalmente al presidente Javier Milei. En esa ocasión, también recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas restricciones a la libertad de información en la Casa Rosada.