Jubilados nacionales. La deuda del Pami con prestadores llega a los $ 500 mil millones y crecen los reclamos

Este miércoles se cumple la tercera jornada del paro de 72 horas de los médicos de cabecera del Pami. La medida de fuerza fue adoptada luego de que la obra social de los jubilados anunciara un cambio de modalidad de retribución de los servicios y en medio de un retraso en los pagos que acumula deudas por al menos $ 500 mil millones entre los prestadores de todo el país. La cifra es una estimación de las principales cámara empresarias, admitida por los funcionarios nacionales.

El paro de los médicos de cabecera fue resuelto por la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), respaldada por el sindicato Asociación de Médicos de la República Argentina, en rechazo al nuevo sistema de pago que establece una cápita de $ 2.100 mensuales por afiliado. La medida es parte de un nuevo ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y se suma al retraso en los pagos en otros sectores, como el de las farmacias, donde las demoras de la obra social en el pago de los medicamentos ponen en riesgo las prestaciones.

La deuda que arrastra el organismo con las clínicas, sanatorios y hospitales privados que atienden a 5,5 millones de afiliados en todo el país generó reuniones de urgencia la semana pasada. El jueves se reunieron los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones. El viernes, en Córdoba, la senadora Patricia Bullrich reconoció el conflicto –lo adjudicó al hecho de que la Nación "bajó mucho los impuestos"– y aseguró que los pagos comenzarían a regularizarse.

El presupuesto del Pami asciende a $ 10,17 billones en 2026. El mensaje que el Gobierno de Javier Milei comenzó a trasladar a las cámaras empresarias es que se establecerá un cronograma de pago para las deudas con clínicas y sanatorios privados, médicos de cabecera y odontólogos, hospitales municipales, farmacias y droguerías y proveedores de insumos (entre otros, pañales, prótesis y sillas de ruedas).

Pero en esas conversaciones se advirtió que en simultáneo se definirá una reducción del gasto. El objetivo es difícil de cumplir sin una disminución de prestaciones, dado que las cápitas del Pami ya son mínimas. El Colegio Odontológico de Córdoba, por ejemplo, confirmó que el Pami paga sólo $ 370 mensuales por la atención de cada afiliado y reclamó la urgente suba del monto.

La otra pata del esquema de contingencia fue el anuncio de una auditoría sobre el gasto, una herramienta ya utilizada por el Gobierno para congelar fondos a las universidades públicas. Con ese fin, Milei y Lugones designaron el martes pasado a la abogada María Florencia Zicavo como nueva síndico general del Pami. La funcionaria era mano derecha del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Córdoba los atrasos en los pagos a los prestadores del sector privado se suman a las deudas que el Pami acumula con el sector público por los servicios prestados. La secretaria general de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, en diálogo con La Voz en Vivo describió "una situación dramática, por la progresividad del deterioro de la atención del Pami".

El lunes el gobernador Martín Llaryora había reclamado por "el abandono de la atención del Pami" y los legisladores nacionales de Provincias Unidas, con la senadora Alejandra Vigo a la cabeza, presentaron un pedido de informes sobre la crisis sanitaria que atraviesan los jubilados nacionales.

Montero explicó que el Pami les adeuda unos $ 500 millones a los municipios cordobeses, mientras que con la Provincia de Córdoba ya acumula deudas por $ 1.338 millones en lo que de este año y cuando se suma la deuda de 2025, el reclamo total por atención de los afiliados en hospitales provinciales asciende a $ 4.709,4 millones. Son unas tres mil facturas las que están pendientes de pago.

Además, la funcionaria afirmó que los afiliados Pami son los principales demandantes de medicamentos gratuitos en los hospitales públicos. "La Nación abandona sus obligaciones y hace una transferencia de hecho a las provincias", indicó.

Montero también habló de un "descuartizamiento integral del sistema de salud público" por el abandono de las responsabilidades nacionales y ejemplificó sobre el retiro del financiamiento de programas estratégicos como el Plan Sumar, que implica una pérdida de 8.400 millones de pesos para los municipios, pero que además proveía al Ministerio de Salud de la Nación de datos epidemiológicos y sanitarios muy relevantes. También recalcó el desfinanciamiento del Plan Remediar. Más de 1,7 millones de personas sin cobertura

Según la funcionaria, en Córdoba hay 1,7 millones de personas sin cobertura de social, unas 500 mil personas más que en 2022. Recalcó que también hubo 25 mil nuevas solicitudes para el Paicor en 2026, como reflejo de la crisis social que incluye al sistema sanitario y que impacta especialmente en niños, adultos mayores y personas requieren servicios de asistencia a la discapacidad.