Diputados. Tras el femicidio de Agostina, presionan para declarar la emergencia en violencia de género

Tras el femicidio de Agostina Vega y la última edición del Ni Una Menos, la oposición reavivó el debate sobre la violencia de género y reactivó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca declarar la emergencia en la materia. El objetivo es devolverle fondos a programas que fueron desfinanciados, cumplir con políticas que fueron discontinuadas y garantizar una asignación económica a las víctimas.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la camporista cordobesa Gabriela Estévez. Contó con apoyo de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Innovación Federal (Misiones) y el Frente de Izquierda (con disidencias). La Libertad Avanza se opuso y, en medio de fuertes cruces, destacó que “el único gobierno que bajó los femicidios fue el de Javier Milei”.

El oficialismo ahora puede bloquear el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que se requieren mayorías agravadas para que el texto pueda votarse en el recinto. No obstante, la oposición logró poner el tema en agenda y envió una señal de presión multipartidaria que intenta dar una respuesta desde el Estado.

“El femicidio de Agostina podría haberse evitado si el Poder Judicial tenía perspectiva de género y no dejaba libre a alguien que ya había privado ilegítimamente de su libertad a una mujer, con una trama detrás que debía ser investigada”, advirtió Estévez sobre la situación de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años.

Para el dictamen se tomaron en cuenta dos proyectos presentados en 2025 por la correntina Nancy Sand (Unión por la Patria) y el socialista Esteban Paulón. “El Gobierno nacional, deliberadamente o por omisión, ha abandonado completamente la protección de mujeres y diversidades en relación a la violencia de género, a través del desmantelamiento y desfinanciamiento de políticas, y del negacionismo”, alertó el santafesino.

Sand, por su parte, aportó cifras al debate. Recordó que en 2024 fueron asesinadas 247 mujeres por razones de género, una cada 39 horas, la mayoría en sus hogares. En 2025, dijo, los femicidios fueron 200 según la Corte Suprema de Justicia y 271 de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. En “más del 80% de los casos”, el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima (pareja, expareja o familiar).

En los primeros cinco meses de 2026 ya se registraron entre 95 y 105 víctimas fatales por motivos de género, un femicidio cada 30/35 horas, según detalló la diputada. Además, precisó que “el 62% de las víctimas no había hecho la denuncia previamente por trabas estructurales”.

“Es lamentable venir una y otra vez al Congreso a pedir algo tan básico como que nos dejen de matar. Me resisto a naturalizar que todos los días se siguen perdiendo vidas de mujeres y diversidades. Es el Estado quien debe actuar con decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos. De lo contrario, de nada sirve tener una ley”, enfatizó la legisladora correntina.

La libertaria Lorena Petrovich, quien trabajó en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, salió al cruce de la oposición. “En 2025 los femicidios bajaron un 12,3%. ¡Dato mata relato! El número sigue doliendo, pero no lo podemos tapar. El único gobierno que bajó los femicidios fue el de Javier Milei”, sentenció. Por eso, consideró que “no necesitamos más organismos, más programas, más plata o más cajas para el kirchnerismo”.

En el mismo sentido, otra oficialista, Gabriela Flores (Salta) consideró que el proyecto “tiene un objetivo oportunista de generar una imagen de un liberalismo insensible” y reclamó “que el feminismo deje de ser un club exclusivo de personas que militan en La Cámpora o en la izquierda”.

Recogió el guante la santafesina Caren Tepp, de Unión por la Patria: “La violencia de género es estructural, es transversal a todas las ideologías y partidos políticos. El sistema de opresión patriarcal lleva siglos en el mundo. Desandar esas violencias estructurales no se puede poner a consideración de dos femicidios más o dos femicidios menos. La tendencia en estos diez años es la misma, hubo altibajos pero el promedio es que se asesina una mujer cada día y medio. Las mujeres no matamos cada día y medio a un hombre”.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, hizo énfasis en que “tal vez se podría haber evitado el crimen de Agostina” si el caso se hubiera investigado como trata de personas, ante la posible existencia de una “red de complicidades”. Además, advirtió que “los planes de ajuste de la ultraderecha en el mundo necesitan a las mujeres más sometidas”.

Las diputadas de La Libertad Avanza abandonaron la reunión antes de que finalizara, en un clima cargado de tensión. “¡Defienden a un presidente que niega la violencia de género! ¡Quieren acallar las voces de las víctimas y sacar la figura del femicidio!”, arremetió Estévez mientras las libertarias emprendían la retirada de la Sala 4 del Anexo.

El proyecto que obtuvo dictamen declara la Emergencia Pública Nacional en violencia de género por el término de dos años. Como “medidas prioritarias” figuran cumplir la Ley Micaela (capacitación de género en los tres poderes del Estado); implementar el patrocinio jurídico gratuito y especializado; y ejecutar el Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral, que busca garantizar hogares y refugios a las víctimas.

También se busca crear un sistema unificado y coordinado de alerta temprana y localización inmediata; y fortalecer la articulación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, la línea telefónica 144 y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) con las áreas de asistencia locales.

Además, se impulsan convenios para garantizar soluciones de vivienda temporaria una vez superada la estancia en las casas de protección; beneficios fiscales para las empresas que contraten a víctimas; y becas para que puedan retomar o finalizar estudios. También se promueven campañas de difusión y educativas, así como guías sobre cómo proceder ante situaciones de violencia.

Por otra parte, se crea un Programa Federal para la Atención de la Emergencia Nacional, para asistir financieramente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires con recursos extraordinarios del Tesoro Nacional; y se crea una Asignación Económica Especial para víctimas en situación de vulnerabilidad, con un piso equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.