“Y pido públicamente que no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el Pami estar abandonando a los abuelos; no puede estar dejándolos en este estado”, reclamó el gobernador Martín Llaryora.
Marcó fuerte así su posición respecto del paro de 72 horas de los médicos de salud. Primera salvedad: el Apross entró en emergencia en el 2024 para normalizar la herencia, con aumentos relevantes para los adherentes y límites a las prestaciones y nunca, en ese entonces, los funcionarios “pusieron la cara”, según la apreciación del propio gobernador.
Cuando se incendiaron computadoras en la sede central todos estuvieron escondidos. Raro, o al menos incongruente que el gobernador reclame para Pami lo que no hizo puertas adentro con el Apross.
Sigamos. “Nosotros levantamos el 45% del presupuesto de la salud porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica”, continuó Llaryora. Y acá viene el meollo de la cuestión: las provincias sospechan que la atención primaria de los mayores pasará a las provincias y que el Pami, con los últimos cambios, está preparando el terreno para eso.
Mazazo para las cuentas provinciales si no viene acompañado de recursos. Es lo que se ve venir Llaryora.
Veamos. Hoy el Pami tiene un sistema híbrido de pago: hay médicos de cabecera, a los que le pagaba hasta la semana pasada una cápita fija de $ 946 por afiliado más la consulta (cuando acudían al consultorio) de $ 5.200. Así, un médico que por su zona tenía asignado 700 afiliados, tenía un básico de $ 662.200 y, además, cobraba $ 5.200 la consulta.
En abril, mediante la resolución 1107/2026, se modificó el esquema: ahora todo es capitado, a $ 2.100. Entonces, el médico con 700 afiliados asignados, pasa a recibir un básico de $ 1,47 millón; pero no podrá cobrar nada por consulta adicional.
A las clínicas les paga una cápita, que va de $ 13 mil a $ 24 mil según la complejidad del establecimiento. Eso incluye la atención con especialista, internación clínica y cirugías básicas. Los casos de alta complejidad se pagan por prestación.
La explicación rápida que dan los voceros del Pami, en off, es que los médicos pasaban una cantidad de consultas adicionales que eran imposibles de hacer; o que la receta hecha por la secretaria figuraba como consulta o aparecían atendiendo en dos ciudades distintas al mismo tiempo.
Obviamente, un médico no podía vivir con los $ 665 mil que se pagaban antes ni con el $ 1,47 millón que se pagará ahora. Los conocedores del paño dicen que, con viento a favor, un profesional atiende 20 pacientes diarios. A $ 5.200 cada uno, como pagaba Pami, podría llegar a facturar (trabajando todo el tiempo y sólo con Pami) $ 2,08 millones por mes, más el básico de $ 665 mil.
¿Consecuencia? De la capacidad de atención diaria de 20 pacientes, ponen “cupos” de dos, tres, cuatro para Pami y el resto, particular, prepagas u otras obras sociales. Por eso nunca hay turno.
Entonces, el afiliado que no consigue que lo atiendan, que no tiene segunda cobertura y que no puede pagar la consulta, termina yendo al hospital público provincial o a la asistencia municipal. “En la práctica, en el interior ya estamos atendiendo Pami”, dice un funcionario provincial que pide reserva.
Claro que la política (y la plata) meten la cola. El Pami está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, que reviste en las filas de Santiago Caputo.
Interna
La interna, cada vez más feroz entre Caputo y Karina Milei, deriva en la falta de fondos a la entidad. En el medio, el ministro Luis Caputo, cuyo objetivo es que le cierren los números, no le gira la plata al ministro que pide por Karina desautoriza. Encima, parte del impuesto Pais se destinaba al Pami y, al desaparecer el impuesto, se acabó ese financiamiento.
¿Qué busca entonces este cambio del Pami? Obviamente, a $ 1,4 millón por mes, los médicos de cabecera limitarán al extremo la atención con Pami: uno o dos por día, con suerte, y se dedicarán a los afiliados particulares o que tengan otra cobertura.
Esos “Pami desatendidos” irán a las provincias y municipios, como pasa hoy de modo marginal. El Apross, por caso, tiene 65 mil afiliados que tienen ambas coberturas, ya detectó el pase: los duplicados se atendían antes casi todo por Pami y ahora es al revés. Dicen que Lugones, sin plata, está ensayando con municipios y provincias alternativas de cobertura primaria en el interior para que absorban los que se vayan del médico de cabecera.
La pregunta del millón es, ¿sería con plata o sin plata? En las provincias se la ven venir. Algunos dicen que, en lugar de rechazar de plano, es el momento de negociar una cápita, de al menos los $5.200 que le pagan al médico de cabecera. “Si total ya los atiendo a cero peso”, dice un intendente del sur cordobés. Otros podrían tomar viaje, pero si les dieran la cápita de $13 mil que reciben los prestadores. Y están los que no quieren saber nada de nada.
El argumento que esgrime Lugones para convencerlos es que la atención primaria de la salud es de los municipios y que al Pami, en definitiva, todos le terminan pasando el cuarto, desde el médico que atiende por Osde pero receta por Pami al que pasa cuatro prestaciones pero hizo dos. Pero claro que así se desentendería de un problema mayúsculo.
