Informe. Detectaron 78 militares y policías condenados por lesa humanidad que mantienen beneficios de retiro
Un documento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas revela que al menos 50 efectivos continúan percibiendo haberes y beneficios estatales pese a tener sentencias penales firmes. Lo que se sabe.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció que 78 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, condenados por crímenes de lesa humanidad, nunca fueron dados de baja de sus instituciones. Según el documento oficial publicado en marzo, estos agentes conservan el estatus de retirados, lo que les permite mantener derechos como el cobro de pensiones y el acceso a la obra social.
La investigación, que comenzó a fines de 2022, advierte que la falta de desvinculación total permite que estas personas mantengan un vínculo institucional con el Estado. A pesar de los pedidos formales de baja realizados por el organismo, al menos 50 casos continúan en la misma situación administrativa hasta la fecha.
El alcance del relevamiento oficial
El relevamiento de la PIA detectó irregularidades en las tres Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad nacionales. La investigación se originó tras un pedido de colaboración de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.
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El informe de 34 páginas detalla que muchos de estos condenados incluso fallecieron en situación de retiro sin que se tramitara su baja definitiva. Para el organismo, la baja es una "consecuencia necesaria de las sentencias penales firmes" y un requisito para su ejecución integral.
La situación reviste una falta respecto del derecho penal y los compromisos internacionales de Derechos Humanos asumidos por Argentina. Según fuentes de la investigación, al estar retirados, estos agentes mantienen una jerarquía que técnicamente permitiría que fueran convocados nuevamente.
Situación por fuerzas y demoras
En el Ejército Argentino, al 28 de diciembre de 2023, se detectaron 55 agentes en situación de retiro con sentencia firme por crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2024, la PIA solicitó formalmente la baja de estos efectivos ante la Jefatura del Ejército y el Ministerio de Defensa.
La Prefectura Naval presentaba 11 agentes en condiciones similares al momento de la verificación, mientras que en la Armada se identificaron 7 casos y en la Fuerza Aérea otros 2. Por su parte, en la Gendarmería y la Policía Federal se tramitaron pedidos de baja entre octubre y diciembre de 2023.
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El informe advierte sobre la existencia de "demoras sustanciales y obstáculos administrativos inexplicables" que impiden finalizar los trámites. Estas dilaciones mantienen numerosos expedientes inconclusos, dificultando la ejecución plena de las condenas impuestas por la justicia.
Incumplimiento de obligaciones éticas
La PIA concluyó que esta situación es "incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas asumidas por el Estado argentino" en materia de derechos humanos. El documento fue remitido a distintas esferas de la política nacional para exigir una resolución inmediata.
El organismo enfatizó que existe un "problema estructural" para lograr la desvinculación efectiva de personas condenadas por los crímenes más graves cometidos desde 1983.
