Medida. Córdoba podrá gestionar y cobrar peajes en rutas nacionales: los alcances del nuevo decreto de Javier Milei
El Gobierno nacional autorizó a la Provincia a licitar la administración, reparación y mantenimiento de tramos viales federales bajo un esquema de concesión privada por hasta 30 años.
A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional habilitó a nueve provincias, entre ellas Córdoba, a concesionar tramos de rutas nacionales en sus territorios.
La medida establece un esquema de delegación temporal para que las jurisdicciones asuman la gestión de caminos que hoy dependen de la Nación.
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La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El objetivo central es permitir que las provincias administren, reparen y mantengan los tramos viales mediante el sistema de obra pública por peaje.
Además de Córdoba, las provincias alcanzadas por esta nueva regulación son Corrientes, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. El decreto también deja abierta la puerta para que otras jurisdicciones soliciten su incorporación ante el Ministerio del Interior.
Los alcances temporales del decreto
El documento oficial aclara de forma taxativa que esta delegación de facultades tiene un carácter "funcional, limitado, temporal y revocable”. Esto significa que la medida no implica una transferencia definitiva de los recursos viales a la Provincia.
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Según establece el artículo 1 del texto, los tramos involucrados “permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional”. Por lo tanto, no existe una cesión del dominio público ni se transfiere la jurisdicción federal sobre las rutas que atraviesan el territorio cordobés.
La decisión administrativa surge como respuesta a pedidos de diversas jurisdicciones que solicitaron herramientas para gestionar las rutas nacionales. El objetivo manifestado por las provincias es asumir de forma directa la “administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento” de dichos tramos.
Requisitos y plazos para las nuevas concesiones
Para que la provincia de Córdoba pueda hacer efectiva esta delegación, deberá avanzar en la firma de convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En dichos acuerdos se deben identificar con precisión los tramos a concesionar y el régimen de supervisión que se aplicará.
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Un punto clave del decreto es que el plazo de estas concesiones de obra pública no podrá exceder los 30 años de duración. Además, todos los convenios firmados entre Vialidad Nacional y la Provincia deberán contar con la aprobación final de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Asimismo, el decreto establece una condición de cumplimiento obligatorio para evitar que el proceso se dilate en el tiempo. Si la provincia no convoca a la licitación correspondiente dentro del plazo de un año desde que se aprobó el convenio, la delegación de facultades quedará automáticamente sin efecto.
Control de fondos y mantenimiento de rutas
En cuanto al aspecto financiero, el Gobierno nacional impuso restricciones estrictas sobre el uso del dinero recaudado en las estaciones de cobro. Los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser destinados a otras obras ajenas a la concesión otorgada.
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“Los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras”, detalla el texto oficial respecto a la exclusividad de los recursos generados por la tarifa vial.
Además, el decreto prohíbe que los tramos delegados sean licitados de manera conjunta en un mismo corredor vial con rutas pertenecientes a otras jurisdicciones. Esto busca garantizar que cada provincia se haga cargo exclusivamente de los tramos que le fueron asignados dentro de sus límites geográficos.
Marco legal y descentralización administrativa
La medida se fundamenta en la Ley 27.742, que promueve la reorganización administrativa del Estado y una mayor descentralización de sus funciones. También se apoya en la Ley 17.520 de concesión de obras y el Decreto-Ley 505/58 que regula el sistema troncal vial.
El esquema de descentralización prevé que, en caso de que un contrato de concesión se extinga por cualquier causa, la gestión del tramo volverá a ser responsabilidad directa del Estado nacional. Por otra parte, la Provincia asume la “obligación de mantener indemne al Estado nacional” frente a posibles reclamos judiciales derivados de la concesión.
Con esta normativa, se busca fortalecer el régimen federal permitiendo que los distritos tengan mayor autonomía en la conservación de la infraestructura vial que consideran estratégica para su desarrollo regional.
