Caso Agostina Vega. El Concejo Deliberante abrió el debate sobre cambios en los pedidos de antecedentes del personal municipal
Hay cinco iniciativas que comenzaron a discutirse en comisión tras el femicidio, por el que Barrelier, el exbecario municipal, está detenido. La oposición también reclamó en sesión explicaciones por la habilitación del bar Wuachitas.
El impacto de la muerte de la adolescente Agostina Vega, en la que se investiga al exbecario municipal Claudio Barrelier como principal sospechoso del femicidio, repercutió esta semana en el Concejo Deliberante, donde se presentaron cinco proyectos con cambios para sumar controles en los antecedentes del personal de la Municipalidad de Córdoba.
Además, en la sesión ordinaria de este jueves, los bloques del radicalismo y del juecismo intentaron conseguir los votos para el tratamiento de dos pedidos de informe sobre la autorización para el funcionamiento del bar Wuachitas, donde trabajaba Soledad Andreani, la mujer que quedó detenida y que tenía vínculos con Barrelier.
En el marco de la causa se investiga el uso de un Ford Ka negro, propiedad de esta mujer, en el que se llevaron los restos de la joven al descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
En la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, presidida por Nicolás Piloni (Hacemos Unidos por Córdoba), ya comenzaron a debatirse cinco proyectos que proponen modificaciones al Estatuto del Personal Municipal con exigencias en la presentación de los certificados de antecedentes.
Tal como había anunciado el intendente Daniel Passerini, el Ejecutivo envió un proyecto que incorpora como nuevo elemento en la ordenanza N° 7.244 (Estatuto del Personal Municipal), la obligatoriedad de presentación periódica de certificados de carácter oficial que acrediten la buena conducta del personal municipal. Se trata de documentación oficial, como los certificados provincial y nacional de antecedentes penales, sin causas ni condenas pendientes; el certificado de no inscripción en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual; y el certificado de no Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Además, los empleados deberán aportar un certificado negativo expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
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Otras iniciativas fueron presentadas por el concejal justicialista Diego Casado. Son propuestas de hace cuatro años y que establecen la verificación de la "autenticidad y legalidad de los documentos presentados por empleados para ingresar a la administración" y la acreditación de niveles de estudios. También hubo otra propuesta que fija revisar las causales de cesantía o suspensión por mal comportamiento y elevarlas de 30 a 90 días.
El concejal radical Sergio Piguillem (UCR) propuso que se habilite un sistema municipal de actualización permanente con esos datos y que pueda cruzarse con información de la Policía y del Poder Judicial, respetando la confidencialidad de la información.
La radical Elisa Caffaratti, que estuvo en la comisión, pidió que, antes de avanzar en un despacho, se realizara un diagnóstico sobre el sistema actual de control, el que no detectó que Barrelier no asistió a su trabajo durante 20 días porque estaba detenido en 2025.
La concejala juecista Graciela Villata (Frente Cívico) pidió incluir un proyecto con varias modificaciones que hacen a los controles y solicitó que estas exigencias también alcancen al personal transitorio, monotributistas y becarios.
Mientras que la concejala Soher El Sukaría (PRO) planteó el ingreso de un proyecto para modificar el Código de Ética con el fin de que los controles alcancen a todo tipo de empleados que ingresan al municipio.
En la sesión
Además de este primer avance con cambios que se discutirá a corto plazo en el Concejo Deliberante sobre las exigencias en la presentación de certificados de antecedentes, en la sesión ordinaria de este jueves el impacto de la muerte de Agostina Vega repercutió en el debate legislativo.
Las concejalas Graciela Villata (Frente Cívico) y Elisa Caffaratti (UCR) presentaron dos pedidos sobre tablas para que el Ejecutivo dé cuenta sobre la autorización del bar Wuachitas, vinculado con la mujer detenida por el femicidio de la adolescente. Ambas tuvieron tres minutos para fundamentar y no hubo cruces con el oficialismo que pidió el archivo de los proyectos.
“Alguien tiene que explicar cómo fue que lo habilitaron y que a las dos horas lo clausuraron. Lo habilitaron como expendio de bebidas, pero ¿esta es una municipalidad que controla. ¿Miran para otro lado? Alguien tiene que dar la respuesta porque estos son espacios que favorecen la droga, son tierra fértil para la trata. Que expliquen desde Fiscalización y Control cómo funcionaba Wuachitas”, dijo Villata.
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Caffaratti presentó el segundo pedido sobre tablas, en el que solicitó al Ejecutivo que informe por qué fue autorizado para venta de bebidas y se promocionaba en la página de la Municipalidad como un bar para la actuación de bandas de rock.
“Quién fue el responsable. Queremos saber quién lo autorizó. Cómo un antro pudo estar promocionado por la Municipalidad”, se quejó la edil radical.
Los dos pedidos de informe contaron con el apoyo de las bancadas opositoras y el rechazo de los ediles oficialistas, que se impusieron por mayoría, por lo que los proyectos fueron girados para su archivo sin más tratamiento.
