Poder Judicial. Crece la protesta salarial de los magistrados: aluvión de recursos administrativos ante el TSJ

Tal como lo habían anunciado, un grupo de funcionarios judiciales autoconvocados realizó este mediodía una protesta que comenzó en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I y se extendió luego al Paseo Sobremonte. El eje del reclamo es el incumplimiento de la ley de Equiparación Salarial con la Justicia federal, que se profundizó desde diciembre pasado por la suba de aportes personales establecida por la ley de Equidad Jubilatoria.

Según lo informado por esos magistrados autoconvocados –que evitan los nombres propios– se presentaron cerca de mil reclamos administrativos para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cumpla con la equiparación salarial. Según los cálculos de quienes lideran esa protesta, lejos de acercarse al 90% de los sueldos de los jueces, fiscales y funcionarios judiciales nacionales, los salarios provinciales equivalen hoy al 77% de esa referencia federal.

Hasta ahora el área de Administración del TSJ no confirmó el número exacto de los recursos recibidos. No obstante, de manera extraoficial consideraron que la cifra cercana al millar es factible, puesto que entre jueces, fiscales y funcionarios judiciales, la Provincia de Córdoba suma más de 2.800 personas.

Envalentonados por la repercusión interna que tuvo esa movida administrativa, los magistrados y funcionarios reclaman un cronograma concreto que establezca cómo recuperarán el 90% de los salarios que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los federales, porcentaje que se fijó por ley provincial en 2009 (y que comenzó a cumplirse en 2012).

Además, ahora presionan por la derogación de la ley provincial que impide a los magistrados provinciales acumular más de 30 años de antigüedad. Según sostienen, el tope (que limita el aumento del 2% anual después de los 30 años de antigüedad) "afecta" el salario.

No obstante, el reclamo principal es contra la Ley de Equidad Jubilatoria que rige desde diciembre pasado. Con esa ley, el Gobierno elevó dos puntos porcentuales y llevó hasta el ocho por ciento el aporte personal extra que realizan todos los aportantes a la Caja de Jubilaciones de mayores ingresos, entre ellos todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

De acuerdo con el cálculo que hacen los jueces, entre aportes personales y descuentos por el Apross la retención llega al 32,5% de los salarios de los magistrados. Es la primera reforma jubilatoria votada por la Legislatura de Córdoba que perjudica principalmente al Poder Judicial.

En el TSJ la cautela es extrema. Los recursos administrativos se realizan ante ese cuerpo y todo indica que, tarde o temprano, también deberán ser resueltos por el Alto Tribunal los recursos judiciales que muy posiblemente le sigan a estos reclamos.

Ya hay decenas de presentaciones contra la ley de Equidad Jubilatoria y la mayor parte de los amparos receptados con medidas cautelares vigentes corresponden a jubilados y pensionados perjudicados por el impacto de la suba de aportes en los salarios de los activos. Hasta el momento, las Cámaras fueron menos receptivas en el caso de los reclamos de los activos.

La ley jubilatoria que impulsó la administración de Martín Llaryora en diciembre pasado generó una disminución salarial por el pago de mayores aportes para los activos con mejores salarios, y esa reducción se trasladó también a las jubilaciones, que se calculan sobre los ingresos netos de los activos.

No obstante, también significó mejoras de hasta $ 100 mil para 52 mil jubilados y pensionados con haberes de menos de $ 1,3 millones y unos 10 mil pasivos dejaron de pagar el denominado aporte solidario.

En paralelo, los empleados judiciales llevan adelante el segundo paro de 60 horas en reclamo de mejora salarial. Esos trabajadores no están comprendidos por la equiparación salarial con la Justicia federal y vienen de un largo conflicto por mejoras salariales el año pasado.