Conflicto docente. La asamblea provincial de la UEPC llega con pronóstico de votación ajustada
La cumbre del gremio docente del lunes próximo definirá si acepta o rechaza la cuarta oferta salarial que realizó el gobernador Llaryora. Las opiniones están divididas.
El clima y los resultados que dejaron las votaciones en las asambleas escolares y departamentales del gremio docente trajeron una señal ambigua para el Gobierno provincial: la cuarta oferta salarial logró mayor consenso que las anteriores, pero su aprobación está lejos de estar garantizada, como se ilusionaron en algún momento en el Centro Cívico.
Hasta esta noche circulaban versiones de todo tipo sobre lo que podría ocurrir en la votación decisiva del próximo lunes, cuando la asamblea provincial del gremio docente tenga la última palabra.
Tanto la conducción provincial de la UEPC como en el Gobierno, admiten que se trata de un escenario abierto, con una votación que podría definirse por un margen estrecho.
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En ambos casos, sin embargo, persiste una expectativa cautelosa de que la propuesta finalmente sea aprobada.
En paralelo, la oposición interna a la conducción provincial que encabeza Roberto Cristalli difundía anoche sus propios números: un hipotético 69 a 49 en favor del rechazo.
Se trata de una proyección que manejaban en la delegación Capital, liderada por Franco Boczkowski, que ya rechazó las cuatro ofertas presentadas hasta ahora.
Lo cierto es que, en la antesala de la asamblea provincial, ninguno de los dos sectores puede adjudicarse un resultado. Serán los 134 delegados de los 26 departamentos quienes definan el rumbo frente a la última propuesta salarial del gobernador Martín Llaryora.
Oferta oficial
Como se recordará, en su cuarto intento por cerrar la paritaria docente, el Gobierno provincial ofreció un piso de aumento del 40% hasta el 31 de enero del próximo año, con una cláusula de revisión atada a la evolución de la inflación en octubre.
A diferencia de las propuestas anteriores –que contemplaban cláusulas gatillo–, esta oferta incorpora un fuerte incremento no remunerativo para el trimestre febrero-marzo-abril, seguido por subas mensuales del 2%, remunerativas y acumulativas, desde mayo hasta enero.
Ese esquema implica, por ejemplo, que un maestro de grado con 22 horas semanales percibiría, entre abril y los retroactivos de febrero y marzo, una suma extra de $ 426.300.
Para un docente con 30 horas cátedra, el monto ascendería a $ 541.800 en ese mismo período, mientras que los cargos directivos recibirían $ 506.300.
Según el Gobierno, con la combinación de aumentos mensuales acumulativos y la recomposición del primer trimestre, el incremento salarial superaría el 40% a lo largo del año.
La propuesta oficial también incluye un aumento del 92% en el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la suspensión durante todo el año del Fosaet –un descuento destinado al financiamiento de la Apross– y mejoras para cargos jerárquicos, como la incorporación de $ 400 mil en concepto de movilidad y traslado para supervisores.
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En cuanto a los jubilados, percibirán $ 30 mil en febrero y luego el mismo 2% mensual desde mayo que los activos. Además, se eleva a $ 1.650.000 el umbral a partir del cual se aplica el diferimiento en el cobro de aumentos.
Según la Provincia, con este cambio, el 80% del sector pasivo docente quedaría excluido de ese mecanismo.
Críticas a la propuesta
En las asambleas escolares, el debate dejó al descubierto varios puntos críticos de la propuesta. Uno de los principales cuestionamientos fue el carácter no remunerativo de los aumentos correspondientes a febrero, marzo y abril, así como la falta de precisión sobre cuándo esos montos se incorporarán al salario básico.
También generó reparos el aumento mensual del 2% desde mayo, considerado insuficiente por muchos docentes.
En la misma línea, hubo reclamos para adelantar la cláusula de revisión –prevista para octubre– a julio o agosto.
Otro eje de fuerte controversia fueron los descuentos por los días de paro.
Con el salario de marzo, la Provincia descontó las jornadas de protesta del 2 y 18 de ese mes. Cada día de paro implicó una quita cercana al 5% del salario, por lo que quienes adhirieron a ambas medidas sufrieron un recorte del 10%.
La propuesta oficial establece que, en caso de acuerdo, no se descontará el tercer día de paro –el 19 de marzo– , mientras que sobre las dos jornadas ya descontadas se limita a señalar que “se discutirá”.
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Este punto generó un amplio malestar: muchos docentes advierten que, si no hay garantías de devolución, el impacto de esos descuentos reduce sensiblemente el beneficio del aumento no remunerativo otorgado para el primer trimestre.
Las condiciones para los jubilados también fueron objeto de críticas. Se consideró insuficiente la suma fija de $ 30 mil para febrero y cuestionaron que el aumento del 2% desde mayo llegue con demora para quienes están alcanzados por el diferimiento, que recién lo percibirían en julio.
En definitiva, a diferencia de lo ocurrido con la tercera oferta –cuyo rechazo se anticipaba sin margen de duda–, el escenario de cara a la asamblea del lunes aparece mucho más equilibrado.
Ese cambio de clima también se percibía anoche en los despachos del Centro Cívico, donde la preocupación asomaba como un indicio de que el desenlace no sería favorable. Aun así, como resumió una fuente de la conducción provincial de la UEPC, “la asamblea será la que sintetice y resuelva”.
