El debate por el fuerte recorte de subsidios al gas propuesto para el régimen de Zonas Frías tendrá nuevos capítulos dentro de unas semanas. Será cuando el Senado complete –así lo descuenta el oficialismo– esa faena legislativa que tuvo su primera etapa el último miércoles en Diputados y que, para el gobernador Martín Llaryora, representó un nuevo capítulo de disputa con el Gobierno nacional por fondos.
Al final del camino, la movida de neto corte fiscal representará que unos 680 mil hogares cordobeses (2,2 millones de personas, calculan en la Provincia, aunque la cifra parte de un promedio quizá exagerado de usuarios por hogar) paguen más por sus consumos, justo cuando más se utiliza este combustible para calefaccionarse en la etapa del frío potente. Hay otro puñado de provincias que perderán los beneficios que en 2021 negociaron Máximo Kirchner y Sergio Massa.
Para el gobierno de Llaryora, la batalla está perdida. Desde un primer momento, el titular del Panal sabía que resistir el hachazo nacional que decidió el ministro Luis Caputo sería en extremo complejo. Hizo la de manual: ordenó a sus legisladores nacionales oponerse a los cambios y se abroqueló en una nueva “defensa” de los cordobeses frente al “hachazo indiscriminado” de Milei.
La semana anterior, el foco había estado puesto en la educación, por las universidades y las escuelas técnicas. Siete días antes, había sido por la guadaña para el sector de la discapacidad. Y tres semanas atrás, por las deudas y las exasperantes demoras que padecen los afiliados cordobeses al Pami nacional para atenderse, lo que incluyó el cierre de la única clínica de referencia para estos pacientes en Marcos Juárez. Llaryora suma millas de diferenciación con el Gobierno nacional.
Esa construcción verbal no es más ni menos que la columna vertebral de los cimientos para el libreto central que el año que viene exhibirá Llaryora. El contraste de modelos se pondrá en juego cuando los libertarios y sus socios de la oposición local vayan por el Panal y busquen ponerle fin al ciclo peronista que en 2027 cumplirá 28 años.
Sin embargo, y mientras gestiona con menos recursos que sus antecesores por el impacto de la falta de reacción de la actividad en la matriz productiva de Córdoba –con excepción del campo–, esa no es la única batalla ni la más compleja que enfrenta el gobernador.
Hay otra, menos dialéctica y extremadamente caliente, por librarse, además de la del gas. Llaryora está preocupado y ocupado personalmente por mostrar que puede revertir la percepción negativa que la mayoría de los capitalinos tiene hoy de la gestión peronista en la ciudad, bastión indispensable para cualquier proyecto provincial de poder.
¿Se puede gobernar la provincia sin administrar la Capital? Sí. Pero primero hay que tener el control provincial. Es lo que hizo José Manuel de la Sota cuando le tocó gobernar. Aquella concepción de ceder espacios importantes a la oposición –al radicalismo, más precisamente– como garantía de equilibrio y hasta de propia preservación recién cambió cuando el peronismo se vio obligado a validar y promocionar al poder al eslabón de la cadena que sucedió al tándem De la Sota-Schiaretti: Llaryora.
Ahora es el nacido en San Francisco el que debe zurcir, junto al intendente Daniel Passerini, una administración que será evaluada por los cordobeses al momento de votar como si siguiera siendo gestionada por Llaryora. Es el contrato que hace tres años les planteó el por entonces ya electo gobernador a los capitalinos, como garantía de continuidad de lo hecho desde 2019.
Primera postal, de varias que habrá
En ese contexto, no es casual que, mientras acelera en las recorridas por el interior provincial, sean más frecuentes las apariciones del gobernador en los barrios de la Capital. Esta semana hubo una muy emblemática, que por primera vez mostró, después de mucho tiempo, a todas las tribus del PJ detrás del mismo objetivo: levantar la Capital.
En una inauguración de asfalto en barrio El Quebracho, Llaryora confluyó con Passerini y con la senadora Alejandra Vigo. Además, estuvieron dos ministros que miran la sucesión municipal con sobradas apetencias, al margen de lo que nieguen públicamente: Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Miguel Siciliano (Vinculación y Gestión Institucional).
Ambos, y algunos más que se irán lanzando a esa competencia –Héctor Campana (del sector de Vigo) y el llaryorista Marcelo Rodio son otros interesados–, pretenden ser la continuidad del oficialismo. De todas maneras, todos saben y dicen en privado que el “primer objetivo” es lograr la reelección de Llaryora.
No hace falta ser un diplomado en Ciencias Políticas para entender que un eventual revés en el plano provincial significaría el acabose también en la Capital, que votará luego del Panal. De cristalizarse ese escenario indeseado por el PJ, las piezas del dominó caerían una tras otra y arrastrarían incluso a intendencias grandes. Esa es la magnitud del desafío de Llaryora y de todo el peronismo.
Y si bien, como se dijo, la elección provincial será antes que la capitalina, en el Centro Cívico ajustarán la fecha de votación una vez que los sondeos muestren niveles de mejora en la ciudad que garanticen que, en la ecuación interior-Capital, el saldo sea favorable.
“Estamos mal en la Capital, pero vamos a mejorar. Ya se está notando y los números empiezan a mostrar algo de eso. Pero también sabemos que no estaremos ni cerca de cómo llegó Martín (en junio de 2023). La apuesta ahora es que el interior compense lo que posiblemente perdamos en la Capital. En esa relación se jugará la elección”, dice un integrante del gabinete, confiado en que el panorama para el oficialismo es algo mejor que hace dos meses. Argumentan que la caída de la imagen de Javier Milei, que aún no se detiene y suma casi 20 puntos respecto de finales de 2025, le ha dado algo de oxígeno al PJ de Córdoba.
Zanahorias y conejos
Sin embargo, Llaryora no atará su destino sólo a lo que pueda hacer con su gestión y la de Passerini. También labrará la tierra –como siempre lo hacen los oficialismos– para trazarse el mejor esquema opositor posible. Y, en ese combo de posibilidades, asoma una oferta que irá tomando forma con el correr de los meses. Consiste en flexibilizar el corsé legal que instauró en 2023 en la ciudad para impedir que la oposición unida jugara en simultáneo con sus mejores candidatos en la provincia y en la ciudad.
Llaryora hizo votar a sus concejales un cambio en la ordenanza electoral. En la práctica, fue un cepo pensado para que Rodrigo de Loredo no pudiera acompañar en la fórmula provincial a Luis Juez y luego bajar a la Capital para competir por la intendencia. Para evitar eso, se fijó un impedimento que aún persiste, pero que podría modificarse: quien compita a nivel provincial no podrá hacerlo a nivel municipal si no pasan antes 50 días entre una votación y la otra.
Levantar esa restricción o amoldar la ventana de prohibición para una doble candidatura es la zanahoria que tiene lista el peronismo. El conejo al que apunta el PJ no es otro que De Loredo, quien volvió a decir esta semana que será candidato a gobernador y descarta, en el plano público, una tercera intentona por la Capital.
En el peronismo, aclaran algo esencial y que representa el pensamiento cabal de Llaryora. Habilitarle esa posibilidad a De Loredo –lo que significaría un compromiso para que sea candidato a la gobernación por fuera de Gabriel Bornoroni o de Juez– o a cualquier otro candidato en la Capital no significa “entregar” la elección. Supone sacar provecho de que el escenario provincial se atomice, y luego la competencia sería “a cara de perro” en la ciudad.
Esa disputa por la Capital, que en definitiva también es una disputa por el nivel de poder que tendrá el peronismo desde diciembre de 2027, tendrá un examen desafiante desde este martes para Passerini. En algunas horas empezará a evidenciarse si los “naranjitas” perdieron o ganaron poder con las nuevas normativas que la provincia y la Capital pondrán en práctica este 26.
Antes que las hipótesis electorales, está la gestión. Eso es lo que evaluarán los cordobeses –y no otra cosa– en aproximadamente un año.
