Justicia y sociedad. Adopciones en Córdoba: entre la modernización y la memoria institucional
Los avances recientes en los trámites de adopción resultan inescindibles del trabajo técnico acumulado durante décadas, por lo que no pueden comprenderse como el resultado exclusivo de una gestión puntual.
La reciente difusión de avances en el sistema de adopciones de la provincia de Córdoba, particularmente la reducción de los plazos para otorgar guardas con fines adoptivos, constituye sin duda una noticia alentadora.
La celeridad en estos procesos es un objetivo deseable y necesario, especialmente cuando están en juego los derechos de niños y adolescentes que esperan una familia.
Creció en una familia de acogimiento y tomó el mismo camino: ya recibió 23 niños y adoptó tres
Sin embargo, para evitar que el análisis de estas transformaciones sea una elegía del gobierno de turno, debemos procurar una mirada más completa, que contemple la evolución histórica del sistema y la complejidad institucional que lo sostiene.
Modelo pionero
Durante décadas, el sistema de adopciones cordobés se estructuró sobre el trabajo interdisciplinario de equipos técnicos judiciales que, desde 1984, evaluaron postulantes, confeccionaron listados y asistieron a los tribunales en la asignación de guardas.
Este modelo, pionero en el país, consolidó una práctica institucional que sostuvo niveles de eficacia relevantes incluso en contextos de severas limitaciones presupuestarias y operativas.
La creación del Registro de Adopción provincial en 2001 y su posterior articulación con el Registro Nacional en 2014 ampliaron el alcance del sistema y favorecieron la coordinación entre jurisdicciones. A su vez, la reestructuración operada en 2016 profundizó ese proceso.
No obstante, estos avances también dejaron en evidencia desafíos persistentes, en particular la insuficiencia de recursos humanos y la necesidad de fortalecer la articulación entre el Poder Judicial y los organismos administrativos responsables de la protección de la niñez.
Proceso sostenido
En los últimos años, la incorporación de herramientas tecnológicas, la ampliación del equipo técnico –que pasó de seis a 18 integrantes– y la intensificación de convocatorias públicas para casos complejos han contribuido a mejorar los tiempos de respuesta.
Los avances recientes resultan inescindibles del trabajo técnico acumulado durante décadas, por lo que no pueden comprenderse como el resultado exclusivo de una gestión puntual. Por el contrario, se inscriben en un proceso institucional sostenido que permitió desarrollar criterios, prácticas y experiencias previas sobre las cuales hoy se apoya la modernización.
Existen antecedentes claros en ese sentido. Las convocatorias destinadas a la adopción de niños con necesidades especiales, grupos de hermanos o adolescentes, así como la adaptación del sistema durante la pandemia mediante modalidades virtuales, evidencian una capacidad de respuesta sostenida en el compromiso y la experiencia de los equipos técnicos. Incluso en contextos adversos, el sistema mostró flexibilidad y continuidad en su funcionamiento.
La modernización actual, entonces, no surge en el vacío. La digitalización de trámites, la ampliación del personal y la mayor visibilidad pública del sistema representan una etapa más dentro de un recorrido institucional prolongado. Reducir la evolución del sistema a una reforma reciente implica desconocer los procesos institucionales que la hicieron posible y simplificar indebidamente una política pública compleja.
En igual sentido, la visibilización mediática de los resultados no siempre refleja la totalidad de los factores que los producen, lo que exige un análisis más amplio y riguroso.
Un rol destacable
En este contexto, resulta imprescindible visibilizar el rol del Equipo Técnico y del Registro Único de Adopción, cuya tarea excede ampliamente cualquier lógica meramente administrativa.
Su labor implica intervenir en realidades atravesadas por profundas dimensiones humanas y psicológicas: niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchas veces con historias de abandono, maltrato o adopciones fallidas, y, en paralelo, adultos que transitan expectativas, angustias y procesos de comprensión de la realidad adoptiva.
En ese marco, el trabajo técnico adquiere características que, en múltiples ocasiones, se asemejan a una tarea artesanal, donde la evaluación, el acompañamiento y la toma de decisiones requieren no sólo conocimiento especializado, sino también sensibilidad, prudencia y responsabilidad. Esa dimensión, muchas veces invisibilizada, constituye uno de los pilares centrales del sistema.
Si la justicia supone dar a cada uno lo suyo, corresponde reconocer el esfuerzo, la dedicación y la vocación que el Equipo Técnico y el Registro Único de Adopción han demostrado a lo largo del tiempo. En gran medida, los avances que hoy se destacan encuentran su fundamento en ese trabajo sostenido.
El desafío actual radica en consolidar una Justicia que sea, a la vez, rápida, moderna y humana, sin perder de vista que la eficiencia en los plazos debe sostenerse sobre criterios técnicos sólidos y una comprensión profunda de la complejidad de cada caso.
El objetivo final permanece inalterable: garantizar que cada niño o adolescente en situación de adoptabilidad acceda, en el menor tiempo posible y con las debidas garantías, a una familia. Para ello, modernización y memoria institucional deben asumirse como dimensiones complementarias de una política pública sostenida y responsable.
(*) Exdirectora del Registro Único de Adopción y encargada de los equipos técnicos del Poder Judicial de la Provincia
