Madrid. Pedido de captura contra el periodista español Vito Quiles: la policía intenta dar con su paradero
Los agentes acudieron a las oficinas del medio televisivo en el que trabaja para ejecutar una orden judicial de búsqueda y captura. Hasta el momento, no se informó qué causa originó la medida.
La Policía española se presentó este miércoles en la sede de EDA TV, en Madrid, para ejecutar una orden de búsqueda y captura contra el comunicador Vito Quiles. Sin embargo, los agentes no pudieron concretar la detención porque el periodista no se encontraba en las instalaciones del medio.
Según La Razón y El País, Quiles desarrolla gran parte de su trabajo fuera de la redacción, cubriendo actos públicos y realizando intervenciones en la vía pública, por lo que estaba ausente cuando llegaron los efectivos policiales.
Ni la Policía ni la autoridad judicial precisaron cuál de las causas abiertas contra el comunicador motivó la orden de detención.
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La reacción de Vito Quiles
El propio Quiles confirmó el operativo a través de sus redes sociales y vinculó la medida a denuncias impulsadas, según afirmó, por personas cercanas al Gobierno español.
“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo”, escribió el comunicador en la red social X.
Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, calificó la actuación como “desproporcionada” y aseguró desconocer cuál de las cinco causas judiciales que afectan a su cliente derivó en la orden de búsqueda y captura.
El letrado sostuvo además que la notificación podría haberse realizado mediante los canales habituales, ya fuera a través del propio investigado, de su representante legal o en su domicilio particular.
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Las causas judiciales abiertas
Entre los expedientes que enfrenta Quiles figura una investigación por un presunto delito de odio relacionado con hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía solicita en ese caso dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer actividades periodísticas.
Otra investigación está vinculada a un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, después de que difundiera en redes sociales imágenes y datos relacionados con su domicilio tras el apagón registrado en abril de 2025.
Asimismo, enfrenta un proceso judicial en Sevilla por presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez. La acusación particular reclama nueve años de prisión, una indemnización económica y la inhabilitación para desarrollar tareas vinculadas al periodismo.
Archivos recientes y sanción parlamentaria
En las últimas semanas, la Justicia española también archivó dos causas que involucraban al comunicador. Una de ellas correspondía a una denuncia presentada por Begoña Gómez por un supuesto episodio de acoso en un restaurante. El juzgado concluyó que las pruebas audiovisuales no acreditaban las conductas denunciadas.
También fue archivada una causa impulsada por la analista política Sarah Santaolalla por presuntos delitos de acoso y lesiones ocurridos en las inmediaciones del Senado.
Al margen de los procesos penales, el Congreso de los Diputados de España suspendió en mayo su acreditación de prensa durante tres meses por la difusión de imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tomadas en un área donde no estaba permitido registrar contenido audiovisual.
Por el momento, las autoridades españolas no informaron oficialmente qué expediente judicial motivó la orden de búsqueda y captura ejecutada este miércoles.
